El Tribunal de Cuentas denuncia que la lenta reacción del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) una vez convertido en accionista mayoritario de Catalunya Caixa (Cx) agravó la situación de la entidad y "supuso un perjuicio para la gestión ordinaria" de la misma.
Así lo recoge en su 'Informe de fiscalización de la legalidad de las actuaciones del FROB, de los fondos de garantía de depósitos y del Banco de España relacionadas con la reestructuración bancaria' entre los años 2009 y 2012, que el Tribunal ha remitido al Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press.
En dicho documento, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda critica el tiempo que el FROB tardó en nombrar a los consejeros a los que tenía derecho desde su entrada en la caja catalana en octubre de 2011, lo que retrasó la atribución a los mismos de los derechos políticos que les correspondían, algo que no ha sucedido hasta enero de este ejercicio.
Hechos de "significativa relevancia"
De hecho, ni siquiera cuando el Fondo se convirtió en socio mayoritario decidió cesar a ninguno de los consejeros existentes anteriormente, "sin que consten las causas que motivaron la decisión de mantenerlos", y tampoco se sustituyó al órgano de administración en noviembre de 2012, cuando el Banco de España decidió resolver la entidad.
Así, no fue hasta enero de este año cuando se atribuyeron los derechos políticos correspondientes a los consejeros del FROB, después de que el fondo público notificara al Registro Civil los votos que le correspondían.
"Desde octubre de 2011, cuando el FROB se incorporó al consejo de administración de Catalunya Caixa, debió haber ejercido plenamente los derechos que le atribuía la normativa específica de reestructuración y de las sociedades de capital y debió haber establecido los instrumentos necesarios para evitar llegar a una situación que supuso un perjuicio para la gestión ordinaria de la entidad", recrimina el Tribunal de Cuentas.
Como ejemplo, señala que el propio Fondo -ya con una nueva directiva- decidió en mayo de 2013 cesar como consejeros al presidente ejecutivo y al consejero delegado, argumentando los "hechos de significativa relevancia" ocurridos en los meses anteriores, sobre todo tras la suspensión por dos veces (en junio de 2012 y marzo de 2013) del proceso de venta de la entidad.
Entre otros, se menciona la "vulneración de los derechos básicos de sus cargos, el posicionamiento contrario al interés de la sociedad, el intento de eludir su responsabilidad, la perturbación de la gestión de la entidad, llegando incluso a su paralización" o el haber contratado por 375.705 euros un estudio sobre la situación de la caja para presentarlo a los posibles interesados en la subasta, cuyo resultado final no se conoció por lo que "resultó un coste innecesario".
Por todo ello, el Tribunal concluye que "el FROB no actuó con la debida diligencia en la adopción de las medidas que, como accionista mayoritario, le permitía la normativa específica de reestructuración y la general reguladora de las sociedades de capital", lo que "pudo contribuir a dificultar el cumplimiento de los objetivos de promover las soluciones y adoptar las medidas necesarias para resolver la situación en que se encontraba la entidad y velar por sus intereses".
Una situación similar se dio en el Banco Gallego, donde el FROB tampoco ejerció "plenamente" los derechos que le correspondían como titular indirecto de la entidad a través de su participación en NCG, ya que no designó un número de miembros del consejo de administración de Banco Gallego que representara una proporción equivalente" al más del 45% que controlaba en la entidad a partir de octubre de 2011. De hecho, desde junio de 2012 sólo una persona representaba al FROB en el Banco Gallego, lo que "ha podido, al menos, dificultar" el cumplimiento "adecuado" de su plan de recapitalización.
Falta de control
Por otra parte, el organismo fiscalizador recuerda también que el FROB tenía el deber de comprobar que las entidades nacionalizadas no aplicaban políticas comerciales agresivas, como se les exigía para "evitar distorsiones a la competencia". En concreto, los bancos beneficiarios de ayudas públicas no podían ofrecer rentabilidades superiores a la media de las rentabilidades más altas ofrecidas por las entidades privadas.
Sin embargo, el Fondo no recopiló la información necesaria para hacer ese seguimiento, según el Tribunal de Cuentas que, tras comprobar si las entidades rescatadas habían ingresado alguna cantidad en concepto de penalización en el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), comprobó que "existen indicios para afirmar que, al menos entre junio de 2011 y agosto de 2012, dichas entidades no cumplieron con sus obligaciones de no realizar políticas comerciales agresivas".
Así, el Tribunal de Cuentas recomienda que se incluyan mecanismos "claros" de seguimiento en la normativa reguladora de los procesos de reestructuración y resolución bancaria, y sugiere al FROB "extremar la diligencia en adoptar todas las medidas que la normativa le permita con objeto de asegurar la defensa del interés público en las entidades participadas por apoyadas por el Fondo".
Honorarios e informes
El informe de fiscalización hace referencia, por otra parte, a los honorarios recibidos por los representantes del FROB en los consejos de administración de las entidades rescatadas entre 2010 y 2012. Estos trabajadores son representantes del Fondo en su condición de miembro del Consejo de Administración, mientras que los honorarios de los consejeros designados por el FROB son abonados directamente por la entidad de crédito.
Así, los honorarios de los representantes del FROB ascendieron a algo más de 6 millones de euros. En concreto, la entidad donde más se pagó fue en Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), donde se abonaron 1,36 millones de euros entre 2011 y 2012; seguida por Banco de Valencia, con 989.990 euros en dos ejercicios; y por Cajasur, con 932.731 euros en 2010. Desde febrero de 2012, estos honorarios están sometidos a los mismos límites que las retribuciones de los directivos de las entidades rescatadas.
También en este aspecto influyó la tardanza del FROB en nombrar miembros del consejo de administración para NCG y Caixa Catalunya, donde se llegaron a pagar 1,78 millones de euros en dos ejercicios, "importe que el FROB no habría tenido que afrontar en caso de que hubiera decidido nombrar miembros del consejo", critica el Tribunal, que también subraya que "no consta que el Fondo haya explicitado normas de procedimientos o criterios de actuación para decidir en qué casos designar representantes y en cuáles nombrar consejeros".
Por otra parte, los informes de expertos independientes ascendieron a un total de 15,4 millones de euros, de los cuales 6,6 millones fueron por análisis realizados antes del rescate europeo y los restantes 8,85 millones a raíz de dicha asistencia. En esta segunda fase, superando el millón de euros los informes que se realizaron a Banco de Valencia (1,24 millones), Cajatres (1,17 millones), BFA-Bankia (1,11 millones), Liberbank (1,06 millones) y Banco Gallego (1,05 millones).
Aunque inicialmente el coste de estos informes debía ser repercutido a las entidades de crédito correspondientes, el 19 de noviembre de 2013 la comisión rectora del FROB decidió no cobrarlos. Por su parte, el Banco de España gastó 31,4 millones en informes de expertos que finalmente pagó el FGD junto con los 6,6 millones de IVA repercutido. Finalmente, el Tribunal de Cuentas recomienda al FROB que apruebe normas de gobierno corporativo para las entidades nacionalizadas, de las que carece actualmente.