El Gobierno ha aumentado este viernes la oferta de empleo público inicialmente prevista para 2014, confirmando así que los mínimos ajustes de gasto acometidos hasta el momento han llegado a su fin. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que la Administración General del Estado creará un total de 2.899 plazas el presente ejercicio, lo que supone un incremento del 147% respecto a 2013. En concreto, se convocan 1.211 nuevas plazas frente a las 572 del año pasado (+112%) y otras 1.688 de promoción interna (+182%). Pero lo más destacable es que Montoro afirma que la reducción de empleados públicos "ha tocado fondo" en España. En concreto, ha señalado que "no habrá nuevo descenso por razón de consecución del objetivo de déficit, puesto que ya estamos en el suelo en lo que se refiere al numero de funcionarios públicos".
De este modo, el PP da por concluida la reducción del sector público. Así, si el gasto ya aumentó en casi 1.000 millones de euros en 2013, el Estado apuesta ahora por duplicar el número de plazas en 2014. Y ello, a pesar de que España incumplió el objetivo de déficit público fijado por Bruselas, tras cerrar el pasado ejercicio en el 6,6% del PIB, lo cual se traduce en un descuadre próximo a 70.000 millones de euros. Es decir, el conjunto de las Administraciones Públicas sigue gastando casi un 18% más de lo que ingresa después de seis años de dura crisis económica, financiera y fiscal, y a pesar de haber aplicado la mayor subida de impuestos en la historia reciente de España, pero la casta política, lejos de corregir, pesiste en el error del déficit y la deuda. Todo ello demuestra, por tanto, que la supuesta austeridad del Ejecutivo de Mariano Rajoy brilla por su ausencia y, en realidad, tan sólo existe en la mente aún más liberticida e hiperestatista de PSOE, IU y sindicatos.
No en vano, si bien es cierto que la plantilla de las administraciones se ha reducido durante la crisis, dicho recorte ha sido mínimo y claramente insuficiente. España sigue contando a día de hoy con casi 2,8 millones de empleados públicos, lo cual supone 136.000 efectivos menos que a mediados de 2007, justo antes de estallar la crisis. Se trata de una caída muy exigua, de apenas el 4,6%, sobre todo si se compara con la brutal destrucción de empleo sufrida por el sector privado, tras perder 3,6 millones de ocupados durante este período. El sector público tan sólo ha protagonizado el 3,5% de la destrucción laboral experimentada en España, y, además, dicha reducción se ha concentrado en empleados temporales que, simplemente, no han renovado su contrato. El sector privado, gracias al sacrificio y los grandes esfuerzos de familias y empresas, está corrigiendo sus balances, amortizando sus deudas e incrementando su productividad para salir adelante, mientras que carga a sus espaldas con un Estado sobredimensionado, cuyo tamaño se mantiene en niveles de burbuja a costa de subir impuestos y mantener un déficit insostenible.
Se trata, simplemente, de un abuso inadmisible desde todos los puntos de vista. Sobre todo, si se tiene en cuenta que los políticos se resisten a eliminar el amplio elenco de empresas, organismos y entidades, cuya principal función consiste en colocar a familiares, allegados y simpatizantes de los distintos partidos haciendo uso del erario público. La plantilla de esta ilegítima Administración paralela ronda los 400.000 empleados. Por si fuera poco, más de 3.000 directivos de empresas públicas se embolsaban más de 90.000 euros al año, mientras que sus 11.500 cargos intermedios percibían entre 54.000 y 90.000 euros en 2011, según el Tribunal de Cuentas. A ello, cabe sumar los asesores y cargos de confianza, cuyo gasto el Gobierno ya aumentó un 12% extra en 2013.
España soporta una Administración Pública elefantiásica, ineficiente e insostenible financieramente que precisa de un drástico ajuste y una profunda reestructuración. Sobra burocracia, entes, organismos, empresas y personal a dedo, cuya cualificación y experiencia deja mucho que desear. Falta, sin embargo, eficiencia, agilidad, alta cualificación y meritocracia. Se da la paradoja de que los sueldos públicos, de media, son más elevados que en el sector privado, pero los funcionarios más cualificados cobran mucho menos de lo que ganarían en la empresa privada. Lo ideal, por tanto, sería apostar por un Estado mucho más pequeño, pero altamente eficiente, que cuente con los mejores profesionales a su servicio y que, por tanto, gozasen de unas retribuciones acordes a su responsabilidad y buen desempeño. En definitiva, sobran empleados y falta calidad.