La Consejería de Fomento y Vivienda, cuya titular es Elena Cortés, ya famosa por el impulso de la expropìaciones de viviendas en poder de bancos en casos de desahucio, ha abierto expedientes sancionadores a ocho entidades financieras, entre ellas los principales bancos españoles o sus sociedades interpuestas, que poseen viviendas protegidas que no han sido comunicadas a los registros municipales de demandantes, lo que supone un incumplimiento de lo establecido en la Ley de Vivienda Protegida y en la Ley de Función Social de la Vivienda de la Junta.
Sigue así el camino utilizado contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria -Sareb-, el banco "malo" por el incumplimiento sobre 911 viviendas protegidas en la comunidad andaluza.
Según la Ley, las entidades financieras tienen que facilitar a la Consejería de Fomento y Vivienda un inventario de sus viviendas protegidas en Andalucía. Aunque veinte entidades financieras han cumplido, al menos ocho entidades que operan en Andalucía, entre las que están los principales bancos españoles directamente o a través de sociedades de gestión de activos inmobiliarios, poseen viviendas protegidas que no han sido puestas a disposición de los registros municipales de demandantes.
Este incumplimiento legal -no poner una vivienda protegida, construida con dinero público, a disposición de los registros municipales de demandantes- es una infracción muy grave de la Ley de VPO y conlleva sanciones económicas de entre 30.000 y 120.000 euros.
El Gobierno central ya impugnó los artículos que conferían la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social, pero no aquellos artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas, ahora aplicados a estas entidades.