La propia consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Elena Víboras, informó este miércoles de que se habían suspendido pagos a estos 52 Grupos de Desarrollo Rural como medida cautelar "obligada" por la normativa europea al detectarse errores administrativos en la justificación de los pagos. Tras las elecciones municipales de 2007, el poder socialista en estos grupos, casi monopolista desde su puesta en marcha, comenzó a resquebrajarse disminuyendo claramente en las elecciones de 2011. El PP sospecha que todo es una maniobra para que la Junta recupere el control de unos fondos administrados por los GDR, bastantes de ellos ahora dirigidos por el PP.
En 2009, en un manual de funcionamiento, la Junta de Andalucía consideró que los gastos de funcionamiento de los GDR podían alcanzar el 20% de las cantidades totales gestionadas y que dentro de dichos gastos de funcionamiento podían subvencionarse cuestiones como las dietas de desplazamiento de los técnicos, la limpieza de las sedes o la asesoría jurídica.
Sin embargo, en 2012, tras las elecciones municipales de 2011 donde el avance del PP fue espectacular, los criterios de la administración andaluza cambiaron y ahora la Junta exige a los GDR la devolución de subvenciones relativas a sus gastos de funcionamiento.
Víboras afirma que la suspensión de pagos a estos grupos es una actuación temporal que afecta a a gastos de funcionamiento y aplicación de estrategias de desarrollo, explicó la consejera en comisión parlamentaria.
Los 52 Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de Andalucía son entidades público-privadas colaboradoras de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que aplican en sus comarcas las políticas de desarrollo rural. Para ello, gestionan fondos de la Unión Europea y del Gobierno andaluz, con el objetivo de promover la diversificación económica y la creación de empleo, riqueza y calidad de vida en los pueblos rurales andaluces.
Según la Consejera, fueron los órganos de control de la Junta los que detectaron irregularidades e "incidencias en los procedimientos de controles de determinados gastos en algunos de los 52 grupos de desarrollo rural". Tras comprobarse que había errores, se aplicó el protocolo establecido por la normativa europea y el Consejo de Gobierno acordó culminar la ejecución del plan de contingencia para revisar los expedientes, implementar medidas correctoras para subsanar las incidencias y aplicar una cautela temporal sobre dichas medidas.
Las medidas correctoras se aplicaron en julio y la finalización del plan de contingencia tuvo lugar en octubre por lo que la Consejería está a la espera de que el órgano de certificación culmine la valoración y emita el informe que verifique el cumplimiento de los requisitos para que el Consejo de Gobierno inicie el procedimiento que ponga fin a la medida cautelar, algo "inminente" según la Consejera.
Sin embargo, el PP quiere obligar a la Junta a que asuma con sus fondos sus propios errores de interpretación, si es que son errores. "Si la Junta se equivocó a la hora de considerar qué cuantía y que gastos de funcionamiento podían ser subvencionables, ese error no puede caer sobre los hombros de quien hizo las cosas según las instrucciones que se dictaron. La obligación de la Junta es asumir esos fondos para garantizar que los GDR siguen trabajando",señaló hace unos meses la diputada Ana Vanessa García.
En todo caso, lo que se preguntan desde el Partido Popular es qué es lo que ha llevado a la Junta a bloquear un modelo que ha venido funcionando bien durante dos décadas. El Partido Popular teme es que la Junta "quiera ahorrarse el 20% de los presupuestos de los GDR que deben salir de las arcas autonómicas, ya que el 80% procede de fondos europeos", además de que el bipartito "quiera retomar el control de estos fondos, una vez que buena parte de los GDR están ahora presididos por el Partido Popular".
Málaga y Granada, zonas del PP
El motivo por el cual los centros de desarrollo rural se están viendo ahogados es porque la Junta tiene congeladas las ayudas europeas, algo que no ha ocurrido durante los más de 15 años de dominio socialista sobre estos grupos. Se estima que en el caso de Málaga el dinero bloqueado supera los 10 millones de euros. Y lo peor es que nadie sabe hasta cuándo puede durar esta situación de bloqueo, que en la provincia ya ha provocado el cierre temporal del GDR del Guadalteba y el despido de todos sus trabajadores. También el Ceder Serranía de Ronda, que engloba a 21 pueblos, tuvo que despedir a finales de 2013 a cuatro de sus siete trabajadores.
Según los GDRs de la provincia, (Valle del Guadalhorce, Territorio Nororiental del Málaga, Guadalteba, Antequera, Sierra de las Nieves, Serranía de Ronda y Axarquía), el motivo de la paralización por la que atraviesan es la revisión de los gastos de funcionamiento que impuso la propia Junta de Andalucía, que tiene congelados los pagos como medida cautelar.
Por ejemplo, según el diario Sur, en Málaga el presidente del GDR Serranía de Ronda, Alfredo Carrasco, denunció que se habían interrumpidolos pagos en 2011. El GDR Guadalteba tiene sus oficinas fuera de servicio al estar cerrado temporalmente desde finales de febrero, debido a que tuvo que despedir a todos sus trabajadores. Para su presidenta, María José Bravo, la culpa de la situación por la que está atravesando el Ceder es de la "inoperancia de la Junta de Andalucía".
En el caso del Ceder Axarquía, su presidente, que es alcalde socialista de La Viñuela, José Juan Jiménez, descargó todas las culpas sobre la Unión Europa, por ser, según aseguró, "quién ha cambiado los procedimientos".
La revisión de los gastos de funcionamiento que está llevando a cabo la Junta,con un nuevo procedimiento con carácter retroactivo, fruto del cual va a obligar a algunos GDRs a tener que devolver diferentes cantidades al variar ahora los criterios que en su día fijó la propia Consejería. Al Ceder Serranía de Ronda la Junta le han exigido devolver 104.000 euros.
Ni siquiera pueden usar los fondos europeos que los GDRs disponen todavía porquer necesitan el visto bueno de la Junta y que se estima en más de 10 millones de euros, entre los que están las subvenciones comprometidas con proyectos aprobados y que sus promotores ya han ejecutado y justificado.
Ningún GDR malagueño ha recibido el visto bueno para ningún nuevo proyecto, por lo que el dinero para la concesión de ayudas sigue en las cuentas corrientes sin ningún tipo de utilidad.
Denuncias del PP
En el caso de Granada, los populares ya temían a finales de 2013 que la Junta quisiera ahorrarse el 20% que tiene que poner en los proyectos además de que "pretenda asumir directamente el reparto de fondos europeos una vez que el PP preside algunos GDR". Por ello, era el Partido Popular de Granada el que denunciaba que la Junta de Andalucía tenía bloqueado el funcionamiento de los ocho Grupos de Desarrollo Rural de Granada (GDR) y advertía del riesgo inminente de "desaparición de los mismos" como consecuencia de las decisiones adoptadas por el gobierno autonómico en relación con estos organismos.
El alcalde de La Puebla de Don Fadrique y presidente de uno de estos GDR –el del Altiplano-, Mariano García, y la parlamentaria andaluza, Ana Vanessa García, exigieron en diciembre de 2013 a la Junta que levantase las medidas cautelares de funcionamiento y que dejase de exigir la devolución de cantidades que la propia Junta consideró subvencionables en 2009 y sobre las que ahora había cambiado de criterio.
Según el PP, la Junta tiene sometidos a los GDR a un proceso de "intervención", a través de un Plan de Contingencia derivado de un proceso de auditoría de oficio que el bipartito puso en marcha y que, "a pesar de que todos los GDR mandamos los seis expedientes que nos pidieron, aún no han resuelto", recogía la SER de Granada.