Sólo las corporaciones locales se aprietan el cinturón. Mientras las comunidades autónomas y el Gobierno central disparan sus gastos, ayuntamientos y diputaciones cierran el año con superávit. Precisamente las administraciones que más control tienen desde el Ministerio de Hacienda, que menos margen tienen para imponer impuestos o incrementar su gasto, son las que mejor cumplen. No parece casualidad. O visto de otra manera: mientras los líderes del PP y del PSOE a escala nacional y autonómica mantienen unos números rojos disparados, pero obligan a los alcaldes de sus partidos a hacer recortes en sus presupuestos.
En 2007, el último año antes de la crisis, las administraciones públicas españolas tuvieron unos ingresos de 433.101 millones de euros y unos gastos de 412.353 millones. En 2013, tras seis años de estancamiento económico, la recaudación había caído en casi 47.000 millones, hasta los 386.250 millones. Pero por el lado de los gastos no se había producido, ni mucho menos, un ajuste similar. De hecho, en el cierre del último ejercicio, han pasado a 458.666 millones (46.000 más que entonces).
De esta forma, España ha pasado de un superávit público de 20.000 millones a un déficit de más de 72.000 (67.755 sin contar las ayudas a la banca). Y todo esto mientras los políticos hablan de "austeridad", "recortes" y "ajustes". En realidad, de las cuatro grandes administraciones que se reparten la tarta (Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales y Seguridad Social) sólo los ayuntamientos se han moderado desde que se inició la crisis; probablemente porque no les ha quedado otro remedio. En el resto, las cifras cantan. Hay mucha más retórica que realidad.
Los datos
Este lunes, era el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el encargado de presentar los datos de déficit de las administraciones públicas españolas. Un año más, nuestro país incumplió los objetivos pactados con la UE. Los números rojos alcanzaron el 6,62% del PIB (7,08% contando las ayudas a la banca): 4,33% del Estado y organismos autónomos, 1,16% de la Seguridad Social, 1,54% de las regiones y un superávit del 0,41% para los ayuntamientos.
Los 458.666 millones de gasto se reparten de la siguiente forma: 187.008 del Estado Central, 158.457 de las autonomías, 60.846 de las corporaciones locales y 161.678 de la Seguridad Social (hay que tener en cuenta que a estas cifras hay que restarles casi 110.000 millones de transferencias internas entre administraciones, para no contar este gasto dos veces).
Las cifras de déficit no son casuales. Desde el inicio de la crisis, sólo las corporaciones locales (ayuntamientos y diputaciones) han ajustado sus gastos a su nivel de ingresos. A los municipios se les cayeron una buena parte de sus ingresos con la explosión de la burbuja inmobiliaria. Además, son las administraciones más controladas por Hacienda, que decide sobre un porcentaje importante de su presupuesto, tanto en ingresos como en gastos. Y la amenaza de intervención (o de cortarles el grifo) es mucho más cercana que en el caso de las CCAA. Así que ya sea por convencimiento o porque estaban obligados, lo cierto es que los alcaldes españoles sí se han apretado el cinturón.
Según los datos de la Intervención General del Estado, en 2007, los ingresos de los ayuntamientos ascendían a 66.231 millones y sus gastos a 69.563. Había un ligero descuadre negativo de 3.332 millones. A partir de ahí, la administración local ha mantenido, más o menos, sus números. Así, sus recursos nunca superaron los 70.411 millones de 2009 y, aunque en aquel ejercicio y el siguiente gastaron por encima de los 76.000 millones, mantuvieron un cierto nivel de control sobre sus números rojos. En el último ejercicio, esto se tradujo en unos ingresos de 65.059 millones y unos gastos de 60.846. Son algo más de 4.000 millones y cuatro décimas del PIB de superávit.
Estado y CCAA
En lo que hace referencia a Estado y comunidades autónomas, lo primero que hay que decir es que no es tan sencillo hacer las cuentas, porque el efecto de las transferencias internas es mayor en sus balances gracias al endemoniado sistema de financiación autonómica y a los ajustes periódicos entre uno y otras. Pero en cualquier caso, los datos generales son tan contundentes que, más allá del movimiento contable, queda claro que ni en el Gobierno central ni en los regionales se ha acometido un ajuste de verdad durante estos años.
En lo que hace referencia a la administración central, entre 2007 y 2013, los ingresos han pasado de 170.674 a 138.021 millones. Mientras, los gastos han subido de 157.739 a 187.009 millones.
Para las comunidades autónomas, las cifras son: caída de ingresos de 154.132 a 142.676 millones e incremento del gasto de 156.668 a 158.457 millones.
El caso de la Seguridad Social es el más sangrante. El desplome del empleo y el incremento en el número de beneficiarios de una prestación (especialmente de jubilación) han hecho que los gastos suban de 120.956 a los 161.678 millones. Ni siquiera la subida en los ingresos, en buena parte debida a las transferencias desde el Estado, ha sido capaz de equilibrar sus cuentas. De esta manera, los 14.000 millones de superávit se han convertido en 12.000 de déficit.
En todos los casos, el movimiento apunta en la misma línea. En los primeros años de la crisis, de 2007 a 2010, se desplomó la recaudación, pero eso no impidió que los políticos incrementaran sus gastos. Por ejemplo, el Gobierno central y los autonómicos combinados gastaban unos 313.000 millones en 2007; tres años después, esa cifra estaba por encima de los 382.000 millones. En parte este incremento pudo deberse a la crisis (prestaciones por desempleo y otras ayudas) pero sin duda se trató de un porcentaje pequeño. La gran diferencia estuvo en decisiones políticas que luego, cuando llegó el momento del ajuste, resultó muy doloroso revertir.