El problema de la morosidad, uno de los más graves para las empresas españolas (sin olvidar la financiación), podría verse recrudecido este año. El Gobierno ha redactado dos normativas que atentan directamente con los avances realizados en esta materia, ya que permite alargar los plazos de pago.
El último cambio legislativo ha sido el anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial. Y es que, dos de sus disposiciones permiten, en casos en los que la deuda o el crédito se cedan a un tercero, el pacto entre las empresas para superar los 60 días de plazo que marca la ley para pagar. "De ponerse en marcha, se encarecerían los costes de las pymes para cobrar en plazo, empeorando una vez más su situación financiera", denuncia la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PmcM).
El pasado mes de junio, tan sólo ocho meses antes, el Gobierno aprobó una Ley que fijaba en 60 días el plazo máximo para efectuar el pago sin posibilidad de pacto en contrario entre las empresas. "Permitir ahora el pacto entre las partes es una falacia porque el proveedor está en desventaja con su cliente y al final, si ellos quieren, podrán prolongar el plazo legal de pago de forma ilimitada", según asegura el presidente de la PmcM, Antoni Cañete.
La otra normativa que contradice la estrategia política seguida hasta ahora para combatir la morosidad ya tiene rango de Ley. Se trata de la Ley de Contratos del Sector Público y, en concreto, su artículo 216.
Hay que tener en cuenta que la Ley de Morosidad establece que las Administraciones Públicas deben respetar el plazo de 30 días para aprobar las certificaciones de obras y de otros 30 días para pagar. Pero el 28 de julio de 2013, el Gobierno aprobó otra normativa que establece que los organismos públicos puedan introducir, por contrato, excepciones en los plazos para certificar las facturas. Cañete ha explicado que la trampa está en que "muchos ayuntamientos no cumplen los 30 días para validar las facturas, las dejan en el cajón y las certifican, si quieren, a 600 días. Luego cumplen los 30 días para pagar y les ampara la Ley".
El sector público paga a 111 días
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad presentó el jueves el Informe 2013 sobre Pago a Proveedores. En esta materia, las cifras del pasado año muestran una cierta mejoría respecto a 2012. Según el documento, los días que tardan las Administraciones Públicas en abonar sus facturas disminuyeron un 21%, y los del sector privado un 9%. A pesar de este pequeño descenso, las fechas de pago a proveedores se alejan demasiado de las que establece la Ley.
En el caso del sector público, el plazo medio de pago se cerró en 111 días, un dato inferior a los 141 días de 2012, pero cuatro veces más de lo que establece la ley. En el sector privado, el periodo medio de pago se fijó en 85 días, 8 menos que en 2012.
Los datos "son insuficientes y hay que acabar cuanto antes con este tipo de abusos; la lacra de la morosidad ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis", dice Cañete.
El informe también apunta que el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación) se cifró en el 5,1%, lo que significó una reducción de 1,9 puntos porcentuales respecto a 2012 (7%).
Respecto a los intereses de demora, sólo un cuarto de las empresas encuestadas exigió a sus clientes morosos esta partida, frente al 75% restante que nunca o casi nunca lo hicieron durante 2013. "El plan de pago a proveedores del Gobierno ha supuesto un balón de oxígeno para las empresas, pero eliminó los intereses de demora", dice el presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
Critican el IVA de caja
Otro de los puntos que han criticado los representantes de los proveedores ha sido una de las medidas estrella del Gobierno para garantizar la liquidez de las empresas: el IVA de caja. Se trata de una fórmula para que los empresarios liquiden el IVA de las facturas una vez cobradas y no antes.
El documento asegura que únicamente el 15% de las empresas que cumplen requisitos se acogieron al IVA de caja. El requisito que estableció el Ejecutivo es que no superen una facturación anual de 2 millones de euros. El Gobierno afirmó que más de 2 millones de empresas españolas cumplían esta condición pero, tan sólo unos 300.000 negocios han considerado útil la medida del Gobierno.
¿Por qué las empresas no se quieren beneficiar de una opción que, en principio, las favorece? Libre Mercado ya avanzó dos: la obligatoriedad de devolver todo el IVA aplazado a los dos años, hayas o no cobrado, y la inversión económica, de tiempo y formación, que hay que hacer para cambiar la contabilidad de la empresa.
La Plataforma contra la Morosidad denuncia otra. Y es que los representantes de los proveedores afirman que "determinadas compañías comunican a sus proveedores que si se acogen a esta medida no les contratan", ya que ellos sí tienen que pagar el IVA a Hacienda.