El Gobierno alemán limitará el acceso de los inmigrantes europeos a las prestaciones sociales y restringirá los permisos de residencia en el país mientras se busca empleo con el objetivo de evitar el fraude, ante el temor de que aumente de forma importante la "inmigración de la pobreza", esto es, la llegada de ciudadanos rumanos y búlgaros.
El ministro del Interior, Thomas de Mazière, y la titular de Trabajo, Andrea Nahles, han presentado este miércoles en Berlín el informe redactado por un grupo de trabajo y compuesto por varias propuestas que, según Berlín, cumplen con la legislación europea.
Destaca la pretensión de prohibir temporalmente el reingreso en el país a quienes hayan cometido fraude o abuso, como la utilización de documentos falsos; la concesión de permisos limitados de residencia -de entre tres a seis meses- para la búsqueda de empleo; y la decisión de castigar penalmente el fraude para conseguir papeles.
Aunque están destinadas a frenar la entrada de ciudadanos rumanos y búlgaros estas medidas, que se aprobarán en junio, también afectarán a los españoles emigrados a Alemania en busca de empleo. "Si no lo encuentran antes de seis meses serán expulsados del país, a no ser que decidan no pedir ayuda social. En ese caso podrán seguir buscando trabajo porque el Gobierno alemán no se dará por enterado de que siguen en el país", explica el correponsal de TVE en Berlín, Miguel Ángel García.
Lo mismo les ocurrirá a aquellos que se queden sin trabajo. Una vez terminado el paro tendrán una período de seis meses para encontrar un nuevo empleo mientras cobran una ayuda social. Pasado ese plazo, tendrán que marcharse.
La gran coalición de Gobierno que dirige Angela Merkel quiere también endurecer las condiciones para acceder a determinadas prestaciones, como las que se cobran por los hijos a cargo, para evitar que los inmigrantes, que pueden recibir ayudas por los niños que mantienen fuera de Alemania, perciban subvenciones dobles.
La UE lo estudiará "con lupa"
El endurecimiento de la política migratoria que planea Alemania ha avivado la mecha de un debate que ya encendió la crisis, pero que se ha agravado este año, cuando, europeos ya desde 2004, ciudadanos rumanos y búlgaros conquistaron, con los tratados en la mano, las mismas libertades que el resto de europeos.
La decisión del Gobierno alemán viene a sumarse a la tendencia de otros países, como la propia Bélgica, paraguas de instituciones comunitarias, que ya han endurecido sus leyes para evitar que ciudadanos europeos se instalen en su territorio con intención de aprovecharse de sus ventajas sociales.
En Bruselas, las autoridades invocan la sacrosanta libertad de circulación como "pilar" europeo y "uno de los principios constitutivos de la UE". Proclaman, en un intento de combatir los fantasmas populistas, los beneficios que la movilidad interna de los europeos ha aportado al proyecto común. Por eso, la medida que ha puesto Berlín sobre la mesa será estudiada con lupa y su implementación, sin duda, vigilada de cerca por la Comisión Europea, donde contemplan, con confesada preocupación, el discurso de algunas capitales contra la llegada de extranjeros por el temor al conocido como "turismo de prestaciones sociales".
La Directiva de libre circulación de trabajadores permite entrar y residir libremente –salvo que concurran razones de orden público, de seguridad o de salud pública- en cualquier país comunitario durante 3 meses. A partir de ese límite, cada Gobierno puede decidir si pone límites o condiciones, como la de exigir un trabajo o poder demostrar que se disponen de medios para vivir. Los ciudadanos extranjeros que se quedan en paro tienen garantizados por la ley comunitaria, seis meses después de los cuales, sobre el papel, las autoridades del Estado miembro receptor podrían expulsarlo, una decisión que debe ser argumentada en base a una serie de elementos y que, en todo caso, convierten a estas expulsiones en algo excepcional que, de hacerse habituales, encenderían las alarmas del Ejecutivo comunitario. Además, ninguna de estas medidas de exclusión puede ser vitalicia.
La incorporación de ciudadanos rumanos y búlgaros al espacio de libre circulación, que, al arrancar el año, el comisario de Empleo, Laszlo Andor, celebraba como un paso para cubrir los dos millones de empleos no cubiertos que Bruselas calcula existen en el mercado laboral europeo, se ha convertido al mismo tiempo en un quebradero de cabeza para unos Gobiernos acuciados por los agujeros de sus cuentas públicas.