El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha enviado este martes al secretario de su juzgado junto funcionarios de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria a la sede de Bankia ubicada en la calle Príncipe de Vergara número 32 de Madrid para que requieran documentación sobre las cuentas bancarias de Rosalía Iglesias, mujer del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas.
Así consta en un auto dictado este lunes donde el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 ordena un requerimiento subsidiario de registro después de que la entidad bancaria aportara a la Audiencia Nacional información incompleta sobre los movimientos bancarios del matrimonio Bárcenas-Iglesias.
Es decir, si el banco no aporta de forma voluntaria los documentos solicitados por Ruz, la autoridad judicial -en este caso el secretario del juzgado- junto con los agentes tienen vía libre para registrar la sucursal de Bankia e incautarse la documentación que estimen oportuna.
El juez, que investiga entre otros movimientos bancarios un ingreso en efectivo de 500.000 euros que Iglesias realizó en enero de 2006 y el pago de un cheque por valor de 149.000 euros en la misma cuenta, ha ordenado que la petición de información se produzca entre las 10:00 y las 20:00 horas de este martes.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Ruz señala que la documentación no remitida por Bankia reviste "especial trascendencia" en la investigación de la trama Gürtel ya que podría "determinar tanto el origen como el destino de los fondos ingresados en las cuentas de los imputados Rosalía Iglesias Villar y Luis Bárcenas Gutiérrez".
Por otro lado, el instructor pone de manifiesto "una falta de congruencia" entre las explicaciones ofrecidas por Bankia al Juzgado Central de Instrucción Número 5. "Se evidencia una falta de congruencia entre las explicaciones ofrecidas por la entidad para justificar tal omisión documental y la circunstancia de haberse remitido por la misma entidad bancaria documentación relativa a movimientos y operaciones anteriores en el tiempo", subraya Ruz quien recuerda que el banco debería haber guardado esos datos durante "un periodo mínimo de diez años".
A su juicio, el banco no aportó "justificación suficiente más allá de las alegaciones relativas a las gestiones llevadas a cabo para la localización de la documentación correspondiente, sin concretar cuáles fueron las mismas ni tampoco las causas de su resultado infructuoso".
El juez Ruz, que ha ordenado esta diligencia a petición de las fiscales del caso Concha Nicolás y Concha Sabadell, espera encontrar con este requerimiento "efectos, documentos o cualesquiera otros materiales relacionados con la actividad presuntamente delictiva investigada", que podría ser constitutiva de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y estafa procesal.