Los bancos europeos tendrán que poner 55.000 millones de sus propios fondos para rescatar a sus pares en dificultades. No será inmediato, ni mucho menos. El proceso se alargará una década. Pero este fondo debería servir, o al menos eso creen en Bruselas y Fráncfort, como dique contra futuras quiebras. O más bien, contra el peligro de que esas quiebras acaben afectando al contribuyente o poniendo en riesgo la solvencia de las cuentas públicas.
La nueva unión bancaria que este jueves nacía en Bruselas, tras una maratoniana jornada que se alargó por encima de las 17 horas, está pensada para establecer una serie de reglas comunes con un doble objetivo: por un lado, para impulsar la recapitalización interna de las entidades (lo que se conoce como bail-in). Esto quiere decir que a partir de ahora todos los bancos europeos, o al menos los 128 grandes que quedan bajo del paraguas del BCE, tirarán del dinero de sus acreedores y accionistas en primer lugar. La lógica dice, y así lo creen en Bruselas, que si esta medida es creíble obligará a una gestión más prudente de las entidades.
Pero la gran novedad de lo pactado en la capital belga está en ese Mecanismo Único de Supervisión (SRM en sus siglas en inglés) que controlará la actividad de las entidades y podrá iniciar el procedimiento de resolución. De esta manera, el SRM se configura como una especie de Frob europeo. Es decir, un organismo que controlará a las entidades (aunque la supervisión única ya está en marcha y seguirá en manos del BCE) y dirigirá las operaciones de liquidación o saneamiento cuando sea necesario.
Tanto el SRM como el BCE podrán iniciar el procedimiento de resolución. Eso sí, los gobiernos continuarán presentes en el proceso, porque en un plazo de 24 horas tras su inicio, tanto el Consejo como la Comisión Europea podrán hacer alegaciones al mismo que tendrán que ser incorporadas al procedimiento.
Como apuntamos anteriormente, una de las claves de lo pactado en Bruselas tiene que ver con el calendario. El SRM empezará a funcionar en 2015 y el fondo del que obtendrá los fondos para los rescates en 2016. Hasta entonces, cada país seguirá teniendo que hacer frente en solitario a las dificultades de su sistema financiero. No sólo eso, la implantación plena de la mutualización de deudas no llegará hasta 2023. A partir de ese momento, sí se puede decir que habrá una especie de fondo europeo conjunto del que se sacará el dinero para rescatar a los bancos en problemas, sea cual sea su nacionalidad. Hasta entonces, se ha establecido un calendario de mutualización progresiva, con un 40% para el primer año, un 60% en el segundo y un 6,6% adicional durante los años restantes, hasta cubrir el 100%.
En este punto, surgen dos dudas. La primera es la magnitud de este Fondo Único de Resolución. La cantidad acordada en Bruselas es de 55.000 millones de euros. Y será aportada en su totalidad por el sector financiero, en base al peso de cada una de las entidades.
Es una cifra importante, pero palidece ante las utilizadas en la última crisis. El conjunto del sector financiero europeo ha necesitado más de 4,5 billones de euros de inyecciones de capital desde 2007. Sólo en nuestro país, el Banco de España calcula que las ayudas públicas a la banca han supuesto más de 61.000 millones de euros en los últimos cinco ejercicios. Por lo tanto, parece muy optimista que con un fondo de 55.000 millones pensemos que pueden salvarse todas las entidades europeas si llega una nueva crisis.
En el Ministerio de Economía creen, como en Bruselas, que incluso así, éste es un paso decisivo. Por un lado, las nuevas reglas de supervisión y control deberían hacer más complicado que las entidades se desmanden. Por otro, la obligación de recapitalización interna hasta el equivalente a un 8% del pasivo debería ser un colchón más que suficiente para muchos bancos y, como apuntamos antes, un incentivo directo para que sus propios accionistas y acreedores exijan una gestión menos arriesgada. Por último, recuerdan que el SRM tendrá capacidad para apalancarse con el aval de las futuras contribuciones de los bancos. Pero aún así, nadie puede asegurar que si vuelve a haber una crisis sistémica no haya que recurrir, de nuevo, al dinero de los contribuyentes.
En cuanto a esto, en Economía calculan que las entidades españolas tendrán un peso de "entre el 10 y el 15%" en el nuevo fondo. Hablamos de 5.500-8.000 millones de euros. Es una cifra elevada, pero desde el Gobierno se recuerda que este tipo de esquemas, en el que se destina una cantidad previa ya está vigente en España a través del Fondo de Garantía de Depósitos, por lo que nuestros bancos no tendrán problemas en acostumbrarse a la situación. De hecho, sus cálculos apuntan a que no habrá mucha diferencia entre lo que aportan ahora mismo al FGD y lo que en el futuro tendrán que abonar (aunque en ese caso será a dos entidades, por un lado el fondo europeo y por otro el FGD nacional).