En España es habitual el fichaje de políticos por parte de las grandes empresas. Los ejemplos a este respecto son muy numerosos y variados, ya que van desde expresidentes de gobierno hasta exministros, altos cargos de la Administración Pública o destacados dirigentes de los disntintos partidos, con independencia del color político. En este sentido, casi medio centenar de políticos ocupaban algún cargo en 26 de las 35 empresas del Ibex a finales de 2012.
¿Por qué? ¿Es que acaso gozan de una cualificación idónea para desempeñar el codiciado puesto de consejero en las cúpulas de las grandes cotizadas? Todo apunta a que no, al menos en el caso de España, dado el particular perfil profesional que ostenta la inmensa mayoría de políticos nacionales (funcionarios o formación media, sin ningún tipo de experiencia previa en el sector privado).
Su valor es otro: el de lobbysta o conseguidor. Es decir, no valen tanto por lo que saben sino por a quién conocen y, sobre todo, por la capacidad de influencia que pueden ejercer en las altas esferas del Estado, el agente monopolístico del que depende la regulación y muchos de los contratos que afectan a dichas empresas.
Pablo Ruiz Verdú y Juan Santaló, miembros de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), ofrecen diversas evidencias empíricas al respecto. Por un lado, el nombramiento de un consejero con conexiones políticas "tiene un efecto muy positivo en la cotización de su empresa, provocando importantes subidas en el precio de la acción", mientras que el fichaje de "consejeros independientes" -sin ningún pasado en política- tiene un efecto neutro en el mercado, según muestra un análisis de las grandes empresas norteamericanas entre 1996 y 2000.
Pero es que, además, "el efecto positivo para las empresas de tener relaciones políticas parece ser aún más elevado en los países en desarrollo". Y es que, según otro detallado estudio, "el efecto beneficioso de tener conexiones políticas aumenta en los países con niveles de corrupción más altos", que son, normalmente, los países menos desarrollados. Otro informe, por ejemplo, evidenció cómo el el deterioro en la salud del presidente Suharto, en Indonesia, venía acompañado de bajadas en el valor de mercado de aquellas empresas ligadas a la familia del dictador.
Así pues, si contratar a un político favorece en general a las empresas en economías punteras como EEUU, el beneficio de hacerlo en países como España, menos desarrollado y más corrupto, es mucho mayor. En este sentido, la propia Comisión Europea certifica que España es uno de los estados miembro más corruptos de la UE, tal y como reflejan los numerosos escándalos relacionados con el desarrollo urbanístico, la financiación de los partidos y la contratación pública.
Si a ello se suma el hecho de que, además, España es una de las economías más intervenidas de Europa, la práctica de contratar políticos se convierte casi en una obligación empresarial para poder prosperar con ciertas garantías. No en vano, el fichaje de políticos en España, si bien es algo generalizado, se concentra, sobre todo, en sectores especialmente regulados y, por tanto, muy dependientes de la voluntad arbitraria del Estado, como es el caso de la energía, las finanzas, las telecomunicaciones o la construcción.
Y ello, no sólo para poder influir en la regulación que les efecta con mayor o menor éxito, sino incluso para asegurarse un rescate público en caso de necesidad. Así, otro estudio señala que "las empresas con conexiones políticas tienen más probabilidad de ser rescatadas por el Estado que otras en la eventualidad de entrar en dificultades financieras".
Pero el caso del sector financiero a este respecto es paradigmático, ya que otro informe muestra cómo las conexiones políticas de los bancos y, en concreto, de sus consejeros con el Departamento del Tesoro de EEUU, el regulador bancario, o el Congreso, "estuvieron asociadas con una mayor probabilidad de que los bancos recibieran fondos públicos a través del programa TARP de rescate de la banca", señalan los autores de Fedea.
El 'valor' del político
Por ello, en general, el valor de los "consejeros políticos" consiste en aportar "una interlocución exclusiva y una vía para influir en el regulador de manera favorable a los intereses de la empresa", según las evidencias empíricas existentes, añaden ambos economistas. "Lo importante en los consejeros políticos no son las aptitudes o el conocimiento del consejero en cuestión sino más bien a quién conocen y cómo eso puede influir positivamente en las acciones del poder político".
Dicho de otro modo, crean valor para las empresas, no por su conomientos específicos, sino por proporcionar una "vía de acceso privilegiada al regulador". Pero, por esta misma razón, su influencia decrece conforme el grado de intervención del Estado en la economía es menor y, por ello mismo, el nivel de corrupción política es también mucho más bajo.