La Comisión de Expertos, siguiendo la orden expresa del Ministerio de Hacienda, propone una reforma fiscal que, pese a su nombre, mantiene el actual estatu quo de confiscación tributaria que sufren las familias y empresas españolas. No en vano, en el fondo, lo único que plantean es modificar la actual estructura impositiva, pero sin que ello afecte un ápice a la recaudación.
Así pues, la primera y más importante conclusión del famoso informe es que no se trata, en ningún caso, de una bajada de impuestos. El plan diseñado por los sabios nombrados por Montoro consiste, básicamente, en reducir la tributación directa en unos 10.000 millones de euros para, al mismo tiempo, subir los indirectos en otros 10.000 millones con el fin de garantizar el denominado principio de "neutralidad". Es decir, modificar el peso que tienen los distintos tributos en el sistema vigente sin que ello suponga pérdida de recaudación alguna, blindando con ello los abusivos y contraproducentes sablazos asestados por PSOE y PP a lo largo de los últimos años. Para ese viaje no hacían falta alforjas.
Pese a ello, la reforma incorpora una cierta racionalidad y simplificación que debe ser valorada positivamente. En este sentido, los expertos apuestan por reducir los tipos del IRPF y del Impuesto de Sociedades, una rebaja que, en todo caso, sería compensada mediante la eliminación de las numerosas exenciones y bonificaciones existentes en la actualidad. Se trata, por tanto, de una idea que, en líneas generales, favorece el crecimiento económico y dota de mayor transparencia el pago de impuestos.
El problema, sin embargo, es que la reducción de tipos propuesta se queda muy corta en comparación con la eliminación de incentivos fiscales. No en vano, los expertos recomiendan reducir de siete a cuatro los tramos del IRPF, cuya horquilla oscilaría entre un mínimo del 20% y un máximo del 50%, aproximándose así a la media de la UE, pero que no llegaría a compensar el aumento de impuestos que supondría la eliminación de la deducción por compra de vivienda habitual con carácter retroactivo, la nueva imputación de rentas inmobiliarias o la elevación fiscal sobre bonus y otro tipo de exenciones dentro del IRPF.
Lo mismo sucede con el Impuesto de Sociedades, ya que, si bien la Comisión pide bajar el tipo nominal máximo del 30% al 25% en una primera fase y hasta el 20% en una segunda, también recomienda suprimir o reducir de forma muy sustancial las numerosas reducciones e incentivos a las que aún pueden acogerse tanto las grandes empresas como las pymes, aunque de forma mucho más limitada tras las subidas fiscales aprobadas por Cristóbal Montoro.
Así pues, proponen ajustes mínimos en IRPF y Sociedades, en lugar de apostar firmemente por una reforma en profundidad para reducir de forma sustancial el elevado esfuerzo fiscal que soportan familias y empresas, tal y como ha sucedido en otros países mediante la introducción de un tipo único -flat tax- o un Impuesto de Sociedades mucho más atractivo para incentivar la llegada de inversión foránea.
Por otro lado, es reseñable la intención de rebajar parcialmente las cotizaciones sociales que tanto penalizan la creación de empleo, lo cual sería positivo, aún a costa de elevar el IVA que soportan numerosos productos que hoy tributan al tipo reducido del 10%. La imputación indirecta es mucho más justa, equitativa y eficiente que la directa, especialmente si castiga el trabajo en un país que sufre una tasa de paro del 26%. Pero, por desgracia, dada la emergencia laboral que padece España, la rebaja de cotizaciones se antoja, una vez más, claramente insuficiente.
Por si fuera poco, el informe apuesta por desincentivar la competencia fiscal entre comunidades autónomas, una de las escasísimas ventajas que contempla el actual sistema de financiación regional. Así, entre otras muchas medidas, los expertos recomiendan una subida generalizada del Impuestos de Sucesiones y Donaciones mediante la fijación de un umbral mínimo a nivel nacional, castigando con ello a las autonomías que apostaron por su práctica eliminación, empezando por la Comunidad de Madrid.
En resumen, una reforma para que todo siga más o menos igual y que, pese a ello, no está exenta de sombras. Aún así, poco importa, puesto que el Gobierno ya ha dicho claramente que la propuesta de los expertos no será su reforma fiscal. Cabe preguntarse, entonces, por qué se ha molestado en pedir la opinión de los hacendistas si a la hora de la verdad será Montoro quien, finalmente, impondrá su criterio. Y, llegados a este punto, de todos es sabido lo mucho que le gusta subir impuestos.