Se acabaron los recortes, llega el momento de restituir o, al menos, compensar en la medida de lo posible las medidas de austeridad aplicadas sobre las plantillas del sector público. No en vano, los distintos partidos políticos se juegan unos 2,8 millones de votos en las próximas elecciones autonómicas y generales de 2015, el volumen de empleados públicos que registaba España a cierre de 2013, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).
Recortes y congelación de sueldos, pérdida de una paga extra, menos días libres, reducción de sueldo en caso de baja, más horas de trabajo, paralización de plazas, recortes de plantilla, etc. Éstas y otras medidas de ajuste fueron implementadas desde mayo de 2010, primero por el PSOE y después por el PP, tanto a nivel de Gobierno, como en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos para tratar de contener el abultado déficit público en un escenario de elevada presión financiera que amenazaba con provocar la quiebra del Estado.
Así, por ejemplo, el sector público ha prescindido de 425.000 efectivos desde el tercer trimestre de 2011, cuando la plantilla total de la Administración superó los 3,2 millones de trabajadores, un récord histórico.
Sin embargo, la fuerte caída que ha registrado la prima de riesgo desde mediados de 2012 y la flexibilidad mostrada por la Comisión Europea ante los constantes incumplimientos del objetivo de déficit por parte de España han cambiado de forma radical dicho escenario. Hasta tal punto es así que Gobierno y CCAA estudian ahora cómo compensar los recortes aplicados a este colectivo durante la crisis, antes de que se celebren las elecciones previstas para 2015.
El Gobierno de Mariano Rajoy fue el primero en abrir esta particular veda. El pasado octubre, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, garantizó a los funcionarios que este 2014 cobrarían "íntegramente" las dos pagas extraordinarias, al tiempo que reiteraba el compromiso "real" de devolverles, "presumiblemente en 2015", la paga de Navidad que les suprimió en 2012.
Poco después, a finales de noviembre, fue el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien anunciaba la restitución de uno de los días moscosos suprimidos a mediados de 2012. De este modo, funcionarios y empleados públicos ya pudieron disponer de cuatro días libres para asuntos particulares frente a los seis que tenían antes. De hecho, ya entonces, Montoro aseguró que restituiría los moscosos restantes conforme la recuperación económica avanzara.
Las CCAA preparan compensaciones
Y tras el Ejecutivo del PP, las comunidades autónomas están haciendo lo propio con sus plantillas. Es el caso de la Generalidad valenciana (PP), que ya prepara mejoras laborales para sus plantillas de cara a las elecciones autonómicas.
La Consejería de Hacienda ha remitido esta semana a los sindicatos del sector público un proyecto de carrera profesional que, entre otras ventajas, incluye subidas de sueldo mediante complementos de productividad, hasta cuatro días de ausencia por enfermedad al año sin necesidad de baja médica o la primera Oferta del Empleo Público que lanza esta región desde 2010.
La Comunidad que preside Alberto Fabra pretende generalizar entre sus empleados el plus salarial que, actualmente, tan sólo cobran médicos y docentes. El borrador del proyecto enviado a los sindicatos fija cuatro grados de complemento, con un mínimo de 5 años en la Administración para acceder al primero. Pese a ello, su concesión no será automática en función de la antigüedad, ya que los empleados deberán acreditar el logro de determinados objetivos.
También plantea conceder hasta cuatro días al año de ausencia al trabajo por enfermedad o accidente sin necesidad de baja médica, e incluso compensar el sueldo en caso de baja. Hoy por hoy, la Seguridad Social no paga nada por los tres primeros días de baja para, de este modo, desincentivar el elevado absentismo injustificado que, hasta hace poco, presentaba la Administración Pública.
Asimismo, los sindicatos se reunieron con la Junta de Andalucía (PSOE-IU) el pasado febrero para exigir la restitución de la jornada de las 35 horas semanales, así como el resto de condiones laborales existentes antes de la aplicación de los citados ajustes.
En este snetido, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, estudia cómo reembolsar los recortes aplicados a sus plantillas, entre ellos, los complementos y condiciones sociolaborales y salariales eliminados en los últimos años. De hecho, ya avanzó que los funcionarios recuperarán antes de verano la supresión de la paga extra devengada en 2012. La mayoría de CCAA ya han anunciado o barajan la progresiva restitución de dicha extra.
"Es normal y bueno que conversemos para llegar a acuerdos beneficiosos para los empleados públicos y para que éstos vean restituidos todos los recortes aplicados durante estos años", según advertía José Luis Heredia, presidente de CSIF-Andalucía. El sindicato también aboga por aprobar nuevas ofertas de empleo público.
En Castilla-La Mancha (PP), por su parte, el sindicato mayoritario está pendiente de celebrar una reunión con la Junta para "recuperar los derechos perdidos" por los recortes (extra Navidad 2012, 3% del salario, días asuntos particulares, etc.).
Su objetivo es restituir las "condiciones salariales y laborales" de los empleados autonómicos, aumentar la ofeta de plazas e incluso readmitir a los interinos despedidos en los últimos años, al tiempo que los sindicatos también exigen "mejora de jornadas y horarios".