El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha reconocido que el procedimiento por el que la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) concedió en 2009 un aval a la empresa Sacyr para la obra de ampliación del Canal de Panamá fue "irregular", ya que el expediente tendría que haber pasado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno.
Así lo ha señalado en una comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso, afirmando que las garantías concedidas a la constructora en 2009 "no debieron haberse otorgado por ese procedimiento, que fue irregular", ya que "las operaciones de esa cuantía" deben pasar por la Comisión Delegada. "Y ésta no lo hizo", ha añadido.
El propio Tribunal de Cuentas ya señaló deficiencias en el aval público de 160 millones de euros a Sacyr en el informe de fiscalización de la actividad de Cesce, recordando que debería haberse aprobado una orden ministerial que "amparase" las peculiaridades de esta operación.
Dos pólizas
El documento hace referencia a dos pólizas por las que Cesce cobró una prima de 16,4 millones de euros. "La primera de ellas se suscribió sin someterse en todos sus aspectos significativos a lo previsto en las condiciones generales para esta modalidad de seguro y para la segunda se aceptó su cobertura, a pesar de las reservas manifestadas por los servicios técnicos de la entidad, con el objeto de evitar un empeoramiento del riesgo asumido anteriormente", apunta el Tribunal.
En cuanto a la segunda póliza, el organismo fiscalizador ha "constatado que las necesidades totales de aseguramiento que el exportador español requería no fueron íntegramente conocidas por la Comisión de Riesgos Cubiertos por Cuenta del Estado al tiempo de autorizarse la operación", por lo que los riesgos aceptados inicialmente por Cesce "sólo resultaron ser una parte de los que finalmente hubo que cubrir".
Así, el organismo público se vio obligado a aceptar la ampliación de las garantías, pese a su envergadura, para evitar, en caso contrario, la inviabilidad de la operación de exportación y las consiguientes pérdidas que se hubieran producido para todas las partes, incluida la propia Cesce.
Ampliación de la garantía
Así, tras el conflicto entre la Autoridad del Canal y la constructora española a cuenta de unas desviaciones presupuestarias y la falta de financiación suficiente, el Cesce deberá finalmente otorgar "nuevas garantías", lo mismo que las autoridades italianas y belgas para respaldar a las empresas de dichos países que participan del consorcio ejecutor de las obras.
En este sentido, García-Legaz ha asegurado que la operación de ampliación del aval "cuenta ya con un visto bueno preliminar", por lo que "se va a proceder con toda probabilidad a materializar de forma definitiva el cambio de garantías".
Además, ha destacado la importancia de que Sacyr acabe las obras comprometidas para "evitar el daño que se hubiera generado a España y a la reputación de la ingeniería española si este proyecto no hubiera acabado", además de la pérdida económica que habría conllevado para las arcas públicas por la ejecución de las garantías de Cesce.