La Comisión Europea ha sugerido este miércoles al Gobierno de Mariano Rajoy que reduzca las cotizaciones sociales que pagan los empresarios, de preferencia de forma selectiva para los trabajadores poco cualificados, y que compense la pérdida de ingresos subiendo el IVA o los impuestos medioambientales o sobre la propiedad como receta para crear empleo y mejorar la competitividad de la economía española.
El Ejecutivo comunitario vuelve a pedir además al Ejecutivo "medidas más contundentes" para reducir las diferencias entre contratos temporales e indefinidos con el objetivo de acabar con la dualidad en el mercado laboral.
Estas recomendaciones están incluidas en el informe en profundidad sobre los desequilibrios de la economía española elaborado por la Comisión. Su objetivo es que el Gobierno las tenga en cuenta en la elaboración del programa de estabilidad y reformas que debe remitir a Bruselas en abril. El vicepresidente económico, Olli Rehn, ha pedido además a España mantener la "moderación salarial".
"Un impacto positivo para el empleo podría venir de un desplazamiento tributario, que sea neutral desde el punto de vista de los ingresos, desde el trabajo al consumo y/u otros impuestos, como impuestos medioambientales o gravámenes recurrentes sobre la propiedad", señala la Comisión. "El impacto a corto plazo sería más fuerte si la reducción se aplica a las contribuciones a la seguridad social de los empresarios", agrega.
Es más, a juicio de Bruselas "una reducción selectiva para los grupos más afectados por el paro tendría un impacto más fuerte que un recorte generalizado en los costes laborales".
De hecho, el informe de la Comisión incluye una serie de estimaciones sobre el posible impacto de un desplazamiento tributario en España. Si la rebaja de las cotizaciones se aplica de forma general, para reducir el paro un punto porcentual debería aplicarse un recorte de 6 puntos a las cotizaciones y una subida del IVA de cuatro puntos. El PIB aumentaría un 0,8% adicional a partir del segundo año, según los cálculos de Bruselas.
Si la rebaja es selectiva, idéntica disminución del paro en un punto porcentual requeriría un recorte de 7 puntos a las cotizaciones por los trabajadores poco cualificados y una subida del IVA de sólo 1,2 puntos. No obstante, el impacto en el PIB sería muy inferior.
En este sentido, el Ejecutivo comunitario considera que la tarifa plana de 100 euros para los nuevos contratos indefinidos anunciada por Rajoy en el Debate sobre el Estado de la Nación va en esta dirección de reducir el coste del trabajo para las empresas y de "estimular la demanda de empleo". "El impacto en la competitividad en materia de costes será probablemente limitado ya que no afecta al empleo existente", apunta el informe.
Reducir la dualidad
La Comisión Europea elogia la reforma laboral de 2012 por haber facilitado el ajuste vía salarios en lugar de a través de despidos, pero apunta que su éxito es "menos claro" en lo que se refiere a la reducción de la dualidad. "En estos momentos, los nuevos contratos son predominantemente temporales y ha habido un significativo incremento del tiempo parcial, parte del cual es involuntario", apunta el estudio.
Ello se traduce en una menor productividad de los trabajadores temporales y en una falta de movilidad de los trabajadores fijos, lo que "constituye un obstáculo para el uso eficiente del capital humano". "Podría haber una necesidad de medidas más contundentes para acabar con la brecha en materia de atractivo entre contratos fijos y temporales y para revisar los frenos a la movilidad", reclama el Ejecutivo comunitario.
Bruselas cree además que hay margen para mejorar el funcionamiento de los servicios públicos y privados de empleo, de manera que puedan proporcionar un asesoramiento más personalizado, estimular la movilidad entre regiones y facilitar la adaptación de las cualificaciones.
La Comisión pide además al Gobierno que acelere la reforma de la administración pública, la puesta en marcha de la ley de unidad de mercado y la aprobación de la ley de servicios profesionales y de la reforma tributaria. Asimismo, recomienda que se aprueben nuevas normas para facilitar legalmente la reestructuración de la deuda de empresas y particulares con el fin de acelerar el proceso de desendeudamiento de la economía.