El gobierno catalán ha aprobado este martes establecer un impuesto para los pisos vacíos en manos de entidades financieras de entre 850 y 1.650 euros por vivienda y año, tasa con la que la Generalidad prevé recaudar un máximo de entre 13 y 25 millones de euros si no se aplican bonificaciones.
Esta cantidad es la que contempla la memoria del anteproyecto de ley en el que está trabajando el ejecutivo que preside Artur Mas y que prevé que el impuesto podría aplicarse ya el año que viene.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno regional, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, ha destacado que este impuesto no tiene voluntad recaudatoria, sino que pretende convertirse en un "estímulo" para que los bancos pongan en alquiler los pisos vacíos de su parque de viviendas.
La Generalidad calcula que en Cataluña existen unas 40.000 viviendas vacías en manos de entidades financieras, de las que unas 15.000 se encuentran en 70 municipios donde se ha acreditado que hay demanda de pisos.
El nuevo impuesto se centrará en estos 15.000 pisos, situados básicamente en el área metropolitana de Barcelona, el Campo de Tarragona y las ciudades de Girona y Lleida.
Estas viviendas son propiedad de entidades financieras o entidades mercantiles vinculadas a ellas y se verán afectadas por el impuesto si llevan mas de dos años desocupadas sin razones justificadas.
El anteproyecto de ley de la Generalidad prevé bonificaciones del impuesto para las entidades bancarias que opten por poner en marcha su propio parque de viviendas de alquiler.
Las bonificaciones oscilarán entre el 10% para los bancos que movilicen entre el 5 y el 10% de su parque, hasta el 75% para aquellos que pongan en alquiler más del 40% de sus viviendas.
En el caso de que no se apliquen bonificaciones, la Generalidad calcula que podría ingresar entre 13 y 25 millones de euros, que se destinarán íntegramente a desarrollar la política de vivienda, en colaboración con los ayuntamientos.