El Tribunal de Justicia de la Unión Europa ha sentenciado este jueves que el denominado céntimo sanitario es ilegal porque vulnera la legislación comunitaria en materia de impuestos. No se trata de una decisión baladí. La tasa en cuestión, ideada para financiar las competencias sanitarias y medioambientales de las comunidades autónomas, oscilaba entre 1 y 4,8 céntimos por litro de combustible y ha recaudado un total de 13.000 millones de euros entre 2002 y 2012, cifra muy considerable. Lo grave es que este dinero, que sale del bolsillo de millones de conductores, ha sido recaudado de forma ilegal por la Administración. Por si fuera poco, el fallo estipula que el Gobierno y las comunidades autónomas actuaron de mala fe, ya que mantuvieron la vigencia de este tributo durante una década a sabiendas de que vulneraba la normativa europea.
Este último punto es, sin duda, lo más sangrante de todo. Así, entre las múltiples vaguedades e inconsistencias empleadas para defender la validez de esta tasa, el Gobierno y la Generalidad de Cataluña señalan que actuaron en todo momento "de buena fe" porque pensaban que el céntimo sanitario se ajustaba al Derecho comunitario. Éste es, precisamente, el argumento que ha repetido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para eludir la responsabilidad de la Administración por el cobro indebido del impuesto tras conocer la sentencia. El tribunal, sin embargo, demuestra justo lo contrario, a saber, que Gobierno y autonomías actuaron de mala fe porque poco antes de aprobarse la tasa la Justicia europea tumbó un tributo similar, y además la Comisión Europea ya había advertido a España de que su introducción era “contraria al Derecho de la Unión”. Tanto es así que Bruselas abrió un expediente disciplinario a España por este mismo motivo tras la aprobación del céntimo. Pese a todo, el Estado prefirió hacer oídos sordos para seguir recaudando un dinero que no le correspondía.
Tras casi once años de atropello fiscal y jurídico por parte de las autoridades nacionales, el Tribunal de la UE imparte ahora justicia a los millones de conductores perjudicados por esta medida confiscatoria gracias a la denuncia de una empresa de transportes y a la loable labor de sus abogados. Lo triste es que esta sentencia servirá de muy poco en la práctica. Muchos de los céntimos ilegalmente recaudados ya han prescrito (período máximo de cuatro años), y además los particulares no suelen guardar las facturas de combustible, clave para reclamar el dinero en los tribunales, con lo que la inmensa mayoría de los afectados no recibirá un solo euro. Los transportistas lo tienen algo más fácil, pero aun así no podrán recuperar todas las tasas abonadas. El Estado, por tanto, no devolverá los 13.000 millones ingresados mediante este impuesto ilegal. Con suerte, tan sólo reintegrará unos 3.000 millones, como máximo.
La ilegalidad del céntimo sanitario, la mala fe mostrada por el Estado al mantenerlo y la ausencia de resarcimiento a las víctimas de este nuevo despropósito tributario son síntomas inequívocos de la mala gestión pública que reina en España y de la profunda indefensión del sufrido -y timado- contribuyente.