El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que el 'céntimo sanitario' -el impuesto sobre los carburantes que aplican algunas comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinan a financiar la sanidad- vulnera la legislación comunitaria.
Los jueces señalan que "no procede limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia, ya que el Gobierno español y la Generalidad de Cataluña no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de diez años". Ello significa que España podría tener que devolver 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente entre 2002 y 2011.
El fallo responde a un litigio iniciado por una empresa de transporte establecida en Cataluña. La compañía solicitó que se le devolvieran los 45.000 euros que tuvo que pagar por este impuesto alegando que era ilegal. El caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había pedido a la justicia europea que se pronunciara.
Una joven letrada, especialista en Derecho tributario, Irene Mallol, junto con un fiscalista, Lluís Briansó, de una asesoría fiscal de Tarragona (Mallol Assessors), han sido los que han conseguido llevar delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea las reclamaciones de sesenta empresas de la provincia de Tarragona que demandaron en 2009 a la Administración por el indebido pago del llamado céntimo sanitario que gravaba el Gasoil y la Gasolina.
La preparación e intervención de la vista llevada a cabo el pasado 26 de junio de 2013 ante el Tribunal de Luxemburgo fue llevada a cabo por la propia Irene Mallol junto con la joven letrada Carlota Jover, barcelonesa afincada en Madrid.
Ya el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Nils Whal, equivalente a la figura del Fiscal General, dictaminó que el céntimo sanitario que aplicaron todas las comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinaron "presuntamente" a financiar la sanidad, vulnera la legislación comunitaria.
El Estado Español, por legislar contra la norma comunitaria, pese a haber sido advertido, y también cada una de las comunidades autónomas beneficiadas, podrían ahora tener que devolver hasta 13.000 millones de euros, aunque el dictamen del Abogado General admitió que se podrían limitar los efectos en el tiempo de la sentencia.