El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado este jueves que el 'céntimo sanitario' -el impuesto sobre los carburantes que aplican algunas comunidades autónomas y cuyos ingresos se destinan a financiar la sanidad- vulnera la legislación comunitaria.
El sector más perjudicado por este tributo, que se viene aplicando desde el año 2002, ha sido el sector del transporte. La reacción de las diferentes asociaciones de transportistas españolas no se ha hecho esperar y cifran hasta en 5.000 millones de euros la cuantía que ha recaudado ilegalmente Hacienda.
Para el secretario técnico de la Federación española de transporte discrecional de mercancias (Fetransa), Jorge Somoza, el 'céntimo sanitario' ha supuesto "una auténtica sangría" desde su implantación. "Además, con la crisis, se han ido sumando más CCAA a su recaudación", relata en los informativos de esRadio.
Los jueces señalan que "no procede limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia", ya que el Gobierno y la Generalidad de Cataluña (el fallo responde a un litigio de una empresa catalana) no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de diez años". Ello significa que España podría tener que devolver 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente entre 2002 y 2011. De esta cifra, Fetransa ha calculado que unos 5.000 le corresponderían al sector del transporte.
Preguntado por los pasos que seguirá ahora su federación, Somoza ha explicado que "entendíamos que este impuesto no se ajustaba a la normativa tributaria de la UE y el TJUE nos ha dado la razón. Ahora, hay que analizar la sentencia y ver los efectos temporales retroactivos que va porque dice que no se aplica ningún tipo de limite temporal a las imposiciones que ha venido haciendo Hacienda".
Desfase de cifras
Los cálculos de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) son la mitad de ambiciosos. Fenadismer considera que el sector podría obtener una devolución de hasta 2.300 millones de euros por los importes indebidamente recaudados.
La explicación de este desfase de cifras está en que el ordenamiento jurídico tributario español establece que la recaudación indebida que ingrese Hacienda por cualquier concepto contemplará un plazo de cinco años para solicitar su devolución. De lo contrario, el ingreso indebido prescribe. Es por eso que Fenadismer sólo ha cuantificado lo que ha perdido su sector en los últimos cinco años.
En este caso, peor de los casos cada camionero podría reclamar una media de 16.000 euros y cada conductor de autobús unos 14.000 como consecuencia de la sentencia del Tribunal de la UE. "Esperamos que la normativa Europea se imponga a la española", declara Somoza a Libre Mercado. "Queremos que se cumpla la sentencia estrictamente y que nos devuelvan lo recaudado desde 2002", añade. De cumplirse las aspiraciones de Fetransa, cada camionero podría solicitar cerca de 32.000 euros.