No es igual transparente que invisible. El céntimo sanitario fue un simple disfraz – ilegal, por ende– para esquilmar un poco más al ciudadano sin que lo notase demasiado. Su beneficiario no era el sistema sanitario, cuya financiación es un problema de modelo. Tampoco el medio ambiente, eterna excusa para pintar de bondad la voracidad recaudatoria, como veremos en la próxima reforma fiscal. El beneficiario era el responsable político que, en vez de reducir gasto para equilibrar sus cuentas, lo aumentó desequilibrando las del contribuyente.
Impuesto invisible, como tantos otros. La prueba es que muchos de los que lo pagaban desconocían su existencia. Acongojados ante la ventanilla de la gasolinera, creían que el desorbitado precio del litro de gasolina contribuía a que ejecutivos sin escrúpulos de malvadas compañías petroleras se divirtiesen vertiendo petróleo en paisajes idílicos de Alaska. No. Sosteníamos al Estado. Sin saberlo, como casi siempre.
Es cierto que la transferencia de sanidad y educación fue un desastre en muchos sentidos, incluido el financiero. Meses antes de cerrar un acuerdo de transferencias, me confesó un alto cargo de una comunidad autónoma la enorme cuantía que suponía la simple disgregación de la gestión de las nóminas. Pero es que el mismo sistema, además de un instrumento en manos de los políticos, constituye una maraña de administraciones en las que recaudación, gasto, normativa y ejecución siguen un esquema de incentivos perversos. Una medida que, como el céntimo sanitario, aumenta los recursos sin ligarlos a su gestión esconde el fondo del problema.
Si las comunidades autónomas fueran un método de devolver al ciudadano poder de decisión sobre sus asuntos, en vez de una forma más eficaz de controlar sus bienes y su conducta, sería distinto. La sanidad pública posibilitaría que la decisión individual de cada ciudadano premiase la calidad y el éxito en la atención, mientras el sistema de financiación castigaría el derroche.
Los impuestos no son finalistas. La sanidad pública se paga con el dinero de los impuestos, no sableando al conductor cuando intenta echar gasolina sin arruinarse en el intento. Muchos creemos que sería más justo y eficaz, además, que todos pudiéramos contratar libremente nuestro seguro, eligiendo así al proveedor de nuestra atención sanitaria. Y, en su caso, que el Estado asumiese el coste de los que no pudieran pagar un seguro. Pero entre esta propuesta salvajemente neoliberal –¡extender a todos la situación de la Mutualidad de Funcionarios del Estado!– y el actual sistema hay puntos de moderada sensatez. Miren a Suecia, presunto paraíso del estatalismo, donde la libertad de elección del ciudadano en materia sanitaria abochornaría a los responsables de algún sindicato médico.
El efecto real del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea será, en mi opinión, limitado. Cuanto más se pueda devolver, mejor: para los beneficiados, para la moral pública y para el mercado, cuyo funcionamiento se dificulta impunemente con estos mecanismos.
El céntimo sanitario forma parte del Impuesto Especial de Hidrocarburos desde el 1 de enero de 2013. Pero, sea o no legal en su actual forma, sigue constituyendo un engaño. Por eso sonroja que nuestro ínclito ministro de Hacienda culpe a la Comisión Europea en vez de reconocer que nos ha esquilmado ilegalmente, pedir perdón y prometer que en adelante será bueno.
Queda mucho por aprender en un país en el que nos alegramos cuando la declaración del Impuesto sobre la Renta sale a devolver en vez de protestar de que Hacienda nos haya obligado a financiarla gratis durante meses. Hoy es ocasión de exigir transparencia. De pedir que, cuando paguemos o nos paguen, el Estado nos deje claro cuánto nos está quitando. Y que lo haga de forma legal. Por lo menos.
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