Vox quiere que los ciudadanos conozcan el precio de todos los productos y servicios antes de impuestos. El partido fundado por Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara le ha enviado una carta al presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, firmada por el presidente del Comité Político Provisional de Vox, José Luís González Quirós, con las propuestas de resolución del partido ante el debate sobre el Estado de la Nación.
Las propuestas de Vox destacan por las medidas a favor de la transparencia, la exigencia con el funcionamiento de las administraciones y la eficacia del sistema democrático. En materia de fiscalidad, Vox insta al Gobierno a tomar las medidas necesaria para "distinguir en el precio de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado la parte correspondiente a los impuestos que los gravan" para que cualquier ciudadano sea consciente del "precio exento de cualquier clase de impuesto". Con esta medida, los contribuyentes españoles serían conocedores "de la presión fiscal que soportan".
En la misma línea de exigencia de transparencia y de garantías democráticas, Vox insta al Gobierno a presentar una Ley que proteja la "democracia interna en los partidos" y en "la elección de los cargos orgánicos y de los candidatos a los distintos procesos electorales mediante sufragio universal, directo y secreto de todos los militantes".
Políticos sin privilegios
Vox añade otra propuesta de resolución para que el Gobierno decrete la "eliminación con carácter general del aforamiento de los agentes políticos y de los representantes públicos". Con una medida como esta, se evitarían "privilegios procesales y jurídicos que carecen completamente de justificación a la luz del principio constitucional de igualdad ante la Ley".
El partido también considera indispensable que Insta al Gobierno elabore "una lista de organismos públicos de todo tipo existentes en los tres niveles de la administración –estatal, autonómico y local-" para proceder a su "cierre, reestructuración o fusión" con las pertenecientes a la Administración Central "de acuerdo con criterios de coste-beneficio".