"Caza de brujas", así califican los asesores fiscales la medida propuesta el pasado lunes por la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), consistente en pagar a confidentes para aflorar recaudación.
El presidente de la Asociación de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET), Adolfo Jiménez, ha tachado la propuesta de los inspectores de "caza de brujas". Jiménez asegura a Libre Mercado que "así, más o menos, empezó la Inquisición. En la Inquisición yo denuncio a alguien y a ese alguien le fastidiaba, lo hubiera hecho o no, y así yo me libraba".
Desde Asefiget no se fían de esta propuesta porque son "sistemas poco democráticos". Además, "¿cómo les pagarán? ¿Cómo puedo yo pagar a una persona por chivarse de algo que puede ser verdad o no", dice Jiménez. Considera que la medida propuesta por los inspectores es absurda, ya que ahora mismo eres libre de denunciar a una empresa si crees que está haciendo algo mal, "pero no te tienen que dar ningún dinero por ello. Lo haré como ciudadano, y se acabó".
El presidente de la asociación de asesores cree que la medida serviría para controlar aún más a las pymes, ya que "a los inspectores el Gobierno, o quien sea, no les dejan investigar a las grandes empresas. Cuando las inspeccionan, les obligan a modificar sus inspecciones, como el caso de Cemex, y eso le cuesta el puesto a la inspectora", advierte.
El presidente de Asefiget también ha criticado el Estatuto para los trabajadores de la Agencia Tributaria que está preparando Hacienda entre cuyas popuestas se baraja incluir una retribución variable por objetivos de hasta el 40%.
De este modo, se pretende medir la productividad real de cada trabajador del Fisco, incrementando o disminuyendo su salario dependiendo del cumplimiento de objetivos. Como ejemplo, un inspector con un salario de entre 80.000 ó 90.000 euros pasará a tener un complemento variable de hasta 32.000 euros incluidos dentro del sueldo.
"Un inspector es un trabajador público que tiene que hacer su trabajo lo mejor que pueda y sepa", dice Jiménez. "No me fío", añade. "El funcionario público tiene que hacer su trabajo, que para eso le pago, y si no que se vaya".