Izquierda Unida (IU) ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que pide la nacionalización de las empresas del sector energético para preservar el interés general de este servicio y garantizar el suministro básico esencial a todos los ciudadanos.
Esta iniciativa, que también será debatida en todos los parlamentos autonómicos y ayuntamientos en los que IU cuenta con representación, se basa en artículo 128 de la Constitución Española, que contempla la intervención de empresas cuando así lo requiera el interés general.
Para IU, es "inadmisible" la actual situación del sector de la energía, por la que los ciudadanos "pagan cada vez más" mientras las empresas recogen unos "beneficios impresentables", según han denunciado el coordinador federal de la coalición, Cayo Lara, y su responsable de Política Energética, Adolfo Barrena.
El también líder de IU en Aragón ha calificado de "drama" la actual factura de la energía con la "repercusión" que tiene en miles de familias que están sufriendo las consecuencias de la crisis económica. Por ello, considera que "ha llegado el momento de hablar claro, tomar una decisión rápida y urgente" y acordar la inmediata intervención de las empresas del sector.
"Hay que adoptar una decisión que nos libere de la dependencia energética, aplique tarifas sociales y tenga el objetivo de aumentar las energías renovables", ha sostenido Barrena antes de advertir de que el Gobierno "no tiene alternativa" y "no sabe cómo resolver el problema".
Cayo Lara ha coincidido en este análisis y ha denunciado que la actitud del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, "no hay quien la entienda". A su juicio, si la energía fuera un servicio público, "no habría gente que no pudiera encender la luz como ahora o que tenga que pasar frío".
Pasar de la desregulación a la regulación
Por su parte, el eurodiputado de Willy Meyer ha enmarcado la política energética en el marco de la Unión Europea, que ha definido como un proyecto "fallido" para los trabajadores y la cohesión social, y ha denunciado que haya adoptado la desregulación como uno de sus pilares básicos.
"Nosotros creemos que hay que regular e intervenir. La desregulación es la responsable de que los ciudadanos sufran situaciones de los años 50 o 60", ha dejado claro haciendo una llamada a "plantar cara" y "dar una alternativa global.
La iniciativa que debatirá el Congreso de los Diputados pide la inmediata intervención de las empresas energéticas, medidas legislativas para garantizar el suministro básico esencial de energía eléctrica y un proyecto de ley que reserve para el sector público la totalidad de los servicios energéticos.
Además, pide abrir una mesa de diálogo y negociación, con participación de los agentes sociales y económicos, la ciudadanía y los grupos parlamentarios, para acordar la necesaria reforma del sector energético español y darle una respuesta.