La otra noche en la tele, Francisco Marhuenda defendió al Gobierno de Rajoy de las acusaciones de no hacer nada para rebajar el recibo de la luz alegando, no sin razón, que el responsable de la actual situación era Zapatero y sus subvenciones a las renovables. Básicamente, lo que hizo el PSOE fue comprometer al Estado a subvencionar estas energías durante 25 años. Ahora que la Hacienda no tiene dinero, nos hallamos en el trance de que tengan que ser los usuarios quienes asuman la factura, privando a nuestra industria de toda posibilidad futura de ser competitiva, amén de esquilmar los bolsillos de los consumidores.
Teóricamente, el Gobierno no puede hacer nada so pena de defraudar los compromisos adquiridos por el Estado español con empresas que han hecho cuantiosas inversiones contando con la subvención estatal. Mucho menos ahora que no podemos devaluar nuestra moneda, que sería una forma de rebajar la subvención sin que las empresas afectadas pudieran decir ni pío. Así que, si el Gobierno suprime las subvenciones del modo que sea, los perjudicados tendrían muchas probabilidades de ganar si acudieran a los tribunales, obligándonos a todos a pagar los daños y perjuicios.
Y sin embargo, en beneficio del interés general, no queda más remedio que hacer precisamente eso. Se produciría sin duda un gran escándalo, pero no sería la primera vez que la Administración se negase a pagar algo a pesar de saberse obligada a ello abusando de que pleitea gratis y de que quien reclama ha de enfrentarse a un largo y costoso pleito en el que, por mucho que uno tenga a favor, nunca hay garantía de ganar. Cualquiera que haya ido contra el Estado teniendo la razón de su parte sabe que las cosas son exactamente así. Si se ha hecho en otras ocasiones, también puede hacerse en ésta. Para empezar, el pago sería dentro de un montón de años, empantanados como estarían los pleitos en el laberinto del sistema judicial español. Y aun cuando se perdiera, lo más probable es que los jueces tan sólo reconocieran la obligación de indemnizar el daño emergente, es decir, la inversión y sus intereses, pero no el lucro cesante, esto es, la subvención que esperara recibir el perjudicado, cuya obligación de abono es lo que nos está ahogando. Y eso sin contar con que siempre se puede negociar con las empresas a la baja. Algunas aceptarían con tal de librarse de la maldición gitana de pleitos tengas y los ganes.
Dirán algunos que perderíamos entonces nuestra imagen de país serio. Ah, ¿es que tenemos imagen de país serio? ¿Uno donde el Gobierno destituye a directores de periódicos incómodos y el yerno del rey se forra extorsionando a las Administraciones? No es el miedo al escándalo lo que tiene atado de pies y manos al Gobierno. Es la consideración a los muchos políticos y amigos del poder que están en los consejos de administración de las empresas beneficiarias. Los que los nombraron sabían muy bien lo que hacían.