El Gobierno contempla abordar una "liquidación ordenada" de la decena de autopistas en quiebra si esta opción tuviera un menor impacto en las arcas públicas que rescatar las vías mediante la constitución de una empresa pública de autopistas.
Los ministerios de Hacienda y de Fomento analizan desde hace más de un mes estas dos posibles soluciones para las autopistas en problemas, todas ellas en concurso de acreedores.
El objetivo del análisis es determinar la alternativa que tendría un menor coste en las cuentas públicas, fundamentalmente, en el déficit, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.
La eventual constitución de una sociedad pública de autopistas cuenta ya con el acuerdo de las sociedades concesionarias de las vías y de sus bancos acreedores, con los que mantienen una deuda total de unos 3.500 millones de euros.
Fomento controlaría el 80% de la empresa, porcentaje que resulta de capitalizar los préstamos que el Ministerio ha venido otorgando a las vías. El otro 20% se repartiría entre las empresas concesionarias que actualmente gestionan las autopistas, controladas por grandes constructoras cotizadas.
La constitución de esta empresa nacional de autopistas cuenta con el visto bueno de la banca y con su disposición a refinanciar la deuda asociada.
De su lado, la opción de la liquidación pasaría por que el Estado afronte la responsabilidad patrimonial que tiene frente a las vías, un importe que asciende a unos 4.000 millones de euros, lo que incluso requeriría un crédito extraordinario del Ministerio de Hacienda, según detallaron las mismas fuentes.