Tras estudiar decenas de crisis económicas a lo largo de los siglos, Kenneth Rogoff y Carmen Reinhart concluyeron que existen niveles de endeudamiento público a partir de los cuales se dispara la vulnerabilidad económica y se reduce significativamente la capacidad de crecimiento. Dicho umbral se conoce como el punto de "intolerancia a la deuda", y se manifiesta en economías desarrolladas cuando el endeudamiento del sector público supera el 90% del PIB.
Algunos errores de cálculo detectados en los trabajos de Rogoff y Reinhart revelan que, siguiendo su metodología, la desaceleración del crecimiento apreciada una vez se supera la barrera del 90% es del 1% y no del 1,3%. Bajo el escenario de Rogoff y Reinhart, el crecimiento medio pasaba del 2,9% al 1,6% cuando se superaban los límites de "intolerancia a la deuda", mientras que en el escenario corregido se pasaba del 3,2% al 2,2%.
La polémica fue aprovechada por economistas como Paul Krugman. El Nobel declaró entonces que "el fiasco debe situarse en el contexto amplio: el de la obsesión por la austeridad fiscal". Krugman se preguntaba entonces si "un error en una hoja de cálculo de Excel ha destruido casi por completo la economía de Occidente".
En realidad, la versión corregida del trabajo de Rogoff y Reinhart confirmaba igualmente su tesis. La única diferencia es que la desaceleración del crecimiento apreciada una vez se superaban los niveles críticos era inferior a la observada inicialmente.
Por otro lado, existen numerosos estudios que apuntan en la misma dirección. Por ejemplo el Banco Internacional de Pagos estima que este umbral de "intolerancia a la deuda" es del 80% del PIB para las economías desarrolladas. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo también llegaron a conclusiones similares.
Al margen de toda esta evidencia académica, una dosis de sentido común también respalda esta tesis. Resulta evidente que un apalancamiento público o privado excesivo actúa como freno al crecimiento. Cada economía, dependiendo de su flexibilidad y competitividad, podrá capear mejor o peor este exceso de deuda. Por eso, hay países que consiguen tasas de crecimiento razonablemente altas a pesar de que su sector público ya debe más del 90% del PIB.
España y la "intolerancia a la deuda"
Entre 1910 y 1970, España redujo sostenidamente su deuda pública, llevando este indicador del 80% al 10% del PIB. Esta gran dieta del Estado se vio revertida entre 1980 y 1996, cuando la ratio se disparó del 16,5% al 67% del PIB. Pero en la década siguiente se vivió una reducción continuada de las obligaciones, llegando incluso a situarse por debajo del 35% del PIB.
Sin embargo, esta positiva tendencia empezó a torcerse tras el estallido de la crisis económica. El Banco Central Europeo ha alertado que este indicador podría superar el 100% en breve. De momento, el endeudamiento público se sitúa en el 93,12% del PIB, según los datos de noviembre de 2013.
Impacto de la deuda pública en el crecimiento
¿Qué significa todo esto para la economía española? En esencia, la pesada losa de la deuda pública está retrasando notablemente el repunte del crecimiento económico.
De hecho, los estudios de BBVA han determinado que este excesivo endeudamiento del Estado ha deprimido el PIB español en un 5%. De acuerdo con dicho estudio, si la deuda pública se hubiese mantenido bajo control durante la crisis, el paro se reduciría en 2,89 puntos y los impuestos se reducirían en 9,51 puntos.
Si calculamos el impacto que tiene la deuda en cada trabajador ocupado, llegamos a conclusiones aún más dramáticas. Por ejemplo, solamente la deuda pública autonómica cuesta 17.000 euros a cada trabajador ocupado en Cataluña. En Valencia, Baleares y Navarra, el impacto sería de más de 16.000, 12.000 y 10.000 euros, respectivamente.
Ciñéndonos al pago de intereses, de nuevo comprobamos el efecto depresivo. En 2012 supusieron casi 700 euros por cada trabajador ocupado en Cataluña, seguidos de 500 en Castilla-La Mancha y Baleares o 400 en Cantabria. El umbral más bajo lo encontramos en Madrid, con menos de 250 euros por ocupado.
Evitando esta espiral de endeudamiento, la amortización de la deuda regional sería hoy mucho más asumible. A comienzos de la crisis, esta partida rondaba el 13% del gasto autonómico; hoy, se acerca al 20%. Además, de cara a 2014 se espera que el pago de los intereses aumente casi un 45% frente a 2013.
Pero tales datos se refieren únicamente al impacto de la deuda autonómica. Así, cuando consideramos el volumen total de endeudamiento del sector público, llegamos a conclusiones dramáticas. Según el think tank Civismo, el coste anual de los intereses asciende a más de 1.800 euros por cada trabajador ocupado.
Desagregando el dato por regiones, vemos que cada ocupado catalán paga por este concepto unos 2.774 euros al año. Para un trabajador con empleo en la Comunidad Valenciana, la factura fiscal ronda los 2.400 euros por ejercicio. En Madrid, la ratio sería de 1.754 euros, mientras que en el País Vasco se quedaría en 983 euros.
Extendiendo los datos al conjunto de la población, el periodista John Müller, de El Mundo, concluye que cada español carga una deuda pública de más de 28.000 euros. Por otro lado, si ponemos en perspectiva las colocaciones programadas para 2014, encontramos que las Administraciones emitirán 464.000 euros de deuda pública por minuto.
Pueden seguir a Diego Sánchez de la Cruz en su página web, su blog de Libre Mercado, su cuenta de Twitter y su página de Facebook.