El pasado lunes, el Gobierno del PP reiteró, una vez más, las bondades de una de sus grandes reformas, la relacionada con la reordenación de las Administraciones Públicas. El proyecto, liderado personalmente por la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, pretende, básicamente, mejorar la eficiencia del sector público.
Para ello, la denominada Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) presentó el pasado verano un amplio documento, con más de 200 medidas de diversa índole, a aplicar por parte del Estado, las autonomías y los ayuntamientos entre 2012 y 2015. Y si entonces fue Sáenz de Santamaría la encargada de cantar las alabanzas de dicha reforma, ahora le ha tocado el turno al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
El problema es que ambos han empleado cifras que confunden y llevan a engaño a buena parte de la opinión pública. Así, aunque, en principio, pudiera parecer que el principal objetivo de la reforma es reducir el sector público, lo cierto es que ésa no es, en ningún caso, la intención del PP, tal y como avanzó Libre Mercado el pasado junio. Rajoy lo volvió a dejar muy claro en su intervención: "La Administración española no es elefantiásica ni una losa".
Para desmontar ese "falso mito en torno a nuestra burocracia", según Rajoy, el presidente destacó una serie de datos. En primer lugar, afirmó que "España se sitúa entre los países de la Eurozona con menor gasto público en porcentaje del PIB: un 44% en 2012, cinco puntos menos que la media de la zona euro".
Sin embargo, no es cierto. El gasto público se situó en el 47,8% del PIB en 2012, apenas 2,1 puntos por debajo de la media de la zona euro, tal y como muestra la oficina estadística de la UE (Eurostat). Desde que llegó al poder, el PP, al igual que hizo antes el PSOE, se empeña en maquillar el gran agujero de las cuentas públicas. En este caso, descontando convenientemente del gasto y del déficit el enorme coste del rescate público de las cajas de ahorros.
Por otro lado, Rajoy enfatizó las medidas de ajustes puestas en marcha por su Gobierno para, en teoría reducir, el gasto y, de este modo, también el déficit público. "Todas estas medidas han contribuido a que, ya en el año 2012, el esfuerzo de ahorro haya sido extraordinario. Pese a la difícil situación económica, la proporción de gasto sobre PIB se redujo en 1,27 puntos frente al aumento de 0,4 puntos en la Eurozona".
Pero, una vez más, Eurostat desmiente tal aseveración. Lejos de reducirse, el gasto público aumentó en 2,1 puntos del PIB en 2012, cinco veces más que la media de la zona euro (+0,4%) y el mayor incremento de todos los países miembros en ese ejercicio
Y lo mismo sucede en cuanto al déficit público. Rajoy afirmó el lunes que bajo su mandato "España ha protagonizado una espectacular reducción del déficit, la mayor de todos los países del G-20, lo que nos ha permitido recuperar la confianza". Los datos oficiales señalan lo contrario: el déficit aumentó un punto en 2012, hasta situarse en el 10,6% del PIB, la segunda mayor cifra de la historia reciente de España tras el récord de 2009 (11,1%) y el nivel más alto de toda la zona euro.
La trampa, una vez más, consiste en no contabilizar el rescate de las cajas, cosa que sí hace Eurostat, cuyas cifras son las únicas oficiales y homologables a nivel de la UE.
Pero es que, ni siquiera así se trata de un gran ajuste. Una vez eliminado el rescate de las cajas, el déficit bajó del 9,07% del PIB en 2011 al 6,84% en 2012, lo cual supone una reducción de 2,23 puntos porcentuales. Tal y como se puede comprobar en el anterior cuadro, se trata de una cifra muy inferior a Irlanda (casi 5 puntos menos) y similar a Eslovenia (-2,5) y Letonia (-2,3 puntos).
Por otro lado, aunque el Ejecutivo popular insiste en que logrará reducir el déficit al umbral del 6,5% en 2013, tal y como exige Bruselas, lo cierto es que todo apunta a que rondará, como mínimo, el 7% del PIB, según avanzan los propios datos oficiales y las previsiones de diversos analistas, entre ellos, el servicio de estudios del BBVA.
Dichas cifras reflejan el enorme diferencial entre gastos e ingresos que sigue registrando el sector público. En este sentido, es cierto que otros países del euro presentan un nivel de gasto sobre PIB superior al español, pero la clave es que sus cuentas están equilibradas o, cuando menos, cumplen con el límite máximo de déficit que marcan los tratados de la UE (3% del PIB).
El caso de España es muy distinto, ya que la recaudación se situó en el 37,1% del PIB en 2012, casi diez puntos menos que la media de la zona euro (46,3%), y cuatro puntos menos que en 2007, en el pico de la burbuja, cuando registró el mayor volumen de ingresos fiscales de su historia. El problema es que buena parte de esa recaudación era ficticia, producto de una burbuja inmobiliaria ya desaparecida.
Esta divergencia entre ingresos y gastos demuestra que el grave problema de déficit que sufre España no es coyuntural, como afirma el Gobierno, sino "estructural", tal y como alerta el Banco de España. Es decir, el sector público sigue gastando muy por encima de sus posibilidades, de modo que la solución radica en reducir el gasto no en subir impuestos.
En concreto, el conjunto de las Administraciones gastó casi un 29% más de lo que ingresó en 2012, un descuadre más de tres veces superior al de la media de la zona euro, tal y como refleja el siguiente gráfico. España lidera, hoy por hoy, el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos en la zona euro.
De ahí, precisamente, que España haya protagonizado el mayor aumento de la deuda pública de la zona euro durante la crisis, con casi 50 puntos extra del PIB, tan sólo superado por Irlanda (92,5 puntos) y Portugal (55,7), y a la altura de Grecia (49,5).
Un ahorro ficticio e irreal
"Pongo en liza estos datos para enfatizar que el espíritu reformista en lo tocante a la Administración nació en el inicio mismo de la Legislatura y no va a decaer en ningún momento en este mandato", añadió Rajoy para enfatizar, a continuación, las medidas de ahorro que, supuestamente, incluye su reforma de la Administración Pública.
Así, por un lado, indicó que "las reformas estructurales de la Administración que ha emprendido el Gobierno en materia de empleo público, reestructuración de entidades, mejoras en la eficiencia y en la gestión de los recursos públicos, así como la eliminación de duplicidades y simplificación administrativa, acumulan ya unos ahorros de 7.384 millones de euros". Y, por otro, la implementación de otras medidas ya iniciadas, como la reforma local, generará un "ahorro total de 28.898 millones de euros a finales de 2015".
Un "esfuerzo", según Rajoy, al que habrá que sumar los ajustes realizados por Comunidades Autónomas y Entidades Locales. En total, el Gobierno vende a la opinión pública que la CORA -y otras medidas adicionales- supondrán un ahorro de 37.700 millones de euros entre 2012 y 2015.
A primera vista, pudiera parecer que el citado "ahorro" se refiere a recortes de gasto, pero, nuevamente, la realidad es muy distinta. La trampa, aquí, consiste en que el Gobierno mezcla las medidas que incluye la CORA con otro tipo de reformas, tales como la nueva Ley de Régimen Local o la reducción de sueldos y empleos públicos en 2012.
En el fondo, el ahorro previsto por la CORA, en sentido estricto, asciende a unos 22.800 millones de euros y, de éstos, tan sólo 6.500 millones se traducirán en recortes de gasto, apenas una reducción del 0,4% anual entre 2013 y 2015. El resto (16.300 millones) es una simple y arbitraria estimación sobre lo que, en teoría, se ahorrarán los ciudadanos y las empresas de su bolsillo gracias a la mejora de la eficiencia de la Administración (eliminando trámites y burocracia).