No hay año en el que la gala de los Goya no olvide su auténtico objetivo, premiar el cine español, para convertirse en un lamentable foro mitinero del más bajo nivel, tanto político como intelectual, en el que la elite de este privilegiado sector da rienda suelta a sus más bajos instintos progres. Nada habría que decir al respecto si se tratara, simplemente, de la típica reunión anual de una industria privada en la que cada uno de sus miembros expresa libremente su opinión acerca de los problemas económicos y sociales que padece su país. ¡Faltaría más! Sin embargo, éste no es, ni mucho menos, el caso del cine español, cuya actividad depende más del erario público que del buen hacer de sus profesionales para satisfacer al espectador.
Las habituales soflamas del artisteo cinematográfico han de entenderse como meras demandas corporativas en beneficio propio. Es decir, una vergonzosa retahíla de lloros, lamentos y amenazas por parte de un grupo de pedigüeños y aprovechados para que el Gobierno costee sus ruinosos caprichos creativos con el dinero del contribuyente. De ahí, precisamente, las clamorosas diferencias que existen entre las galas de los privados Óscar y las de los ultrasubvencionados Goya. Si bien en Estados Unidos por supuesto que hay actores y productores de izquierdas, Hollywood no se pronuncia como tal a favor o en contra de un determinado Gobierno. Normal, si se tiene en cuenta que trabaja por y para el público -demócratas, republicanos o apolíticos-. Se debe a él y, por tanto, se cuida mucho de herir susceptibilidades ajenas.
En España, por desgracia, sucede justo lo contrario. Directores, productores y actores no viven del público sino a su costa y a la del resto de los españoles, obligados como están por ley a sufragar sus engendros creativos. Y puesto que el espectador pinta poco en esta película, el cine nacional se puede permitir el lujo de despreciar sus gustos y hasta la osadía de insultar sus valores y creencias: qué más da, si, total, dichos insultos no afectarán en nada a sus generosos ingresos. De hecho, incluso les beneficia. El No a la Guerra, el Clan de la Ceja y tantas otras campañas políticas en contra del PP fueron adecuadamente recompensadas en forma de subvenciones y ayudas en cuanto el PSOE ostentó el poder. Ese mismo marketing es empleado, igualmente, con el Gobierno del PP, a modo de amenaza, para blindar sus prebendas.
Dicho de otro modo: el cine español está politizado porque su negocio depende, en gran medida, de los políticos. Sólo así se entiende el reivindicativo discurso del presidente de la Academia, Enrique González Macho, durante la gala del domingo, y cuyo núcleo se resume en tres mensajes muy claros al Ejecutivo del PP:
1. Dame más dinero
(…) el cine español ha tenido un fuerte descenso en el número de películas producidas, debido a factores esencialmente económicos (…) Créanme que hoy en día hacer una película es casi un acto heroico.
2. Bájame los impuestos
Seguimos sufriendo la injusticia del IVA cultural, que ha demostrado su ineficacia y que ha causado precisamente los efectos contrarios a los que se pretendía.
3. Protégeme de la piratería
La piratería sigue campando por sus respetos, cada día con más fuerza y sin atisbos de que esta tendencia cambie, aunque tengamos puestas muchas esperanzas en la nueva Ley de la Propiedad Intelectual, que también se nos anuncia, aunque de momento sigue aparcada.
Exigencias que, además, fueron convenientemente envueltas en un discurso victimista, no exento de falacias y medias verdades. En concreto, dos. Por un lado, la profunda crisis que, en teoría, sufre el sector debido a la subida del IVA en 2012.
En los últimos tiempos han cerrado unas 400 salas de cine, se han mermado las industrias auxiliares y se han perdido varios miles de puestos de trabajo. La disminución de recaudación en cines debida a la pérdida de espectadores se estima en 102 millones de euros, lo que se traduce en que por cada euro que la hacienda pública ha recaudado a través del IVA la industria cinematográfica ha perdido dos.
Y, por otro, los brutales recortes que ha aplicado el PP a este baluarte de la cultura española.
Seguimos con un pie en la ley del 2007 (…), en la que se establecían los recursos necesarios con los que se había de dotar al ICAA [Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales] para el desarrollo de sus funciones. Según dicho acuerdo, en el año 2013 debía ser de 100 millones de euros y desgraciadamente fueron 39 millones y en el 2014 33 (esto es, un tercio de lo previsto). Sólo se me ocurre una explicación, ciertamente no muy científica, a este incumplimiento de la norma: el que fuera aprobada el 28 de diciembre de 2007, es decir el día de los Santos Inocentes.
Pobres cineastas, triplemente golpeados, por la crisis, por los impuestos y por los recortes, es lo que venía a decir González Macho. ¿O no? Pues no. Según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Cultura, correspondientes a 2012, el número de estrenos se ha mantenido casi intacto durante la crisis, el cine español ha ganado 2,5 millones de espectadores desde 2007 e incluso ha ingresado 33,2 millones extra, mientras que la recaudación por película exhibida ha aumentado en unos 150.000 euros. Asimismo, la producción de largometrajes ha pasado de 172 en 2007 a un total de 182 en 2012, y el de cortometrajes de 156 a 228.
Curiosa crisis la del cine español. En cuanto al cierre de cines, es cierto que han desaparecido 400, pero no porque suba el IVA, sino por el propio cambio de modelo que sufre esta industria desde hace tiempo. El número de salas ha bajado de 1.254 en 2001 a 841 en 2012. Es decir, la cifra señalada por González Macho en su discurso se refiere a la última década, no a los últimos meses.
Y, por supuesto, exageran los supuestos recortes. Así, Gobierno, CCAA y ayuntamientos destinaron un total de 5.837 millones de euros a la denominada cultura en 2011 -último dato publicado-, según recoge el boletín estadístico de 2013 que elabora el Ministerio, apenas 753 millones menos que en 2007, en plena burbuja económica, lo que equivale a un recorte del 11,4%. Esto supone más de 126 euros al año por cada español.
El Ministerio de Cultura contaba con casi 91 millones de euros en subvenciones al cine español en 2011, frente a los 66 millones de 2007 -casi un 38% más-. Pero si se suman otro tipo de ayudas estatales, junto a las partidas autonómicas al fomento del cine nacional, la factura para el contribuyente ha aumentado desde los 141,2 millones en 2007 a un total de 150,2 en 2011 (un 6,4% más).
Así pues, la auténtica tragedia no radica en la más o menos delicada situación que atraviesan los cineastas, sino en que los españoles se vean obligados a sufragar su actividad con impuestos, hasta el punto de que el volumen de subvenciones superó en más de un 50% el dinero recaudado en taquilla con la venta de entradas en 2011. El cine español es, hoy por hoy, el arte del trinque, un atropello orquestado por profesionales paniaguados y políticos populistas y acomplejados. Que directores, productores y actores ganen millones a costa del dinero de los demás es una desfachatez, y por eso carecen de autoridad moral para dar lecciones de nada. Son tan sólo llorones, cuando no chantajistas políticos, dependientes de la sopa boba.