El consorcio internacional de empresas Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la constructora española Sacyr, ha expresado su voluntad de encontrar una solución de financiación que permita terminar el proyecto y las obras de ampliación del Canal de Panamá en 2015, a pesar de la ruptura de las negociaciones por parte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
"La ruptura de las negociaciones pone la expansión del Canal de Panamá y hasta 10.000 puestos de trabajo en riesgo inminente", indicó el consorcio en un comunicado remitido por Sacyr a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, la aseguradora Zurich estima que el proyecto se retrasará entre tres y cinco años si no hay acuerdo.
El grupo de empresas señaló que, "sin una solución inmediata", Panamá y ACP se enfrentarían a la posibilidad de años de disputas ante los tribunales nacionales e internacionales sobre los pasos que han llevado el proyecto al borde del fracaso. Así se recoge, de hecho, en el contrato o documento base de licitación que firmaron tanto la ACP como Sacyr tras la adjudicación del proyecto. En dicho contrato se establece el arbitraje internacional como último medio de resolución de conflicto entre las partes.
En este sentido, el consorcio compuesto por Sacyr (España), Salini - Impregilo (Italia), Jan De Nul (Bélgica) y Constructora Urbana (Panamá) destacó que ya ha terminado más de 70% del proyecto del tercer juego de esclusas a pesar de las dificultades y pérdidas financieras y subrayó que ha estado haciendo propuestas y respondiendo a propuestas de la ACP "de manera continua y casi diaria".
"GUPC continuó haciendo esfuerzos ayer tras mandar a la ACP la última propuesta para alcanzar un acuerdo y permitir que se complete el proyecto de la expansión en el menor tiempo posible", indicó el consorcio, que en ninguna parte de su extenso comunicado de siete folios precisa si paralizará o no las obras ante la ruptura da las negociaciones. El propio presidente de Sacyr, Manuel Manrique decía recientemente en rueda de prensa que no contemplaba ningún escenario que no fuera terminar las obras de ampliación del Canal.
GUPC asegura que en su última propuesta incluyó una carta al administrador de la ACP, Jorge Quijano, en la que le invitaba a abandonar su posición "injustificadamente rígida" y a abonar una factura pendiente de 50 millones de dólares (37 millones de euros) para pagar a subcontratistas y trabajadores "y cubrir así las nóminas de esta semana".
1.184 millones de euros
El consorcio cifra la financiación necesaria adicional para terminar las obras en 1.600 millones de dólares (casi 1.184 millones de euros), una "carga de tal magnitud" que, según dice, "ningún contratista o empresa privada puede soportar por sí misma". "Las empresas que componen GUPC son empresas de construcción, no bancos. Es injusto e imposible para ACP y Panamá esperar que las empresas privadas financien por sí mismas 1.600 millones de dólares en costes en un proyecto que debería ser financiado en su totalidad por la ACP", alega el consorcio.
En todo caso, GUPC ha recordado que la propuesta que hizo a la Autoridad del Canal pasa por compartir al 50% la carga de la financiación necesaria hasta la finalización del proyecto. El concreto, en virtud de esta propuesta, las aportaciones del consorcio sumarían unos 800 millones de dólares (591,5 millones de euros), mientras que las de la ACP serían de 100 millones de dólares (73,9 millones de euros) y una moratoria de devolución de 785 millones de dólares (580,5 millones de euros) en pagos anticipados realizados bajo el contrato.
En su comunicado, el consorcio no advierte únicamente de los riesgos económicos que conllevaría la falta de acuerdo, sino también de la imagen que se daría. "El fracaso de un proyecto estratégico para la economía de Panamá y el mundo dejará una sombra permanente sobre el proyecto de expansión del Canal de Panamá en los libros de historia", subraya.
"Un acuerdo entre ACP y GUPC ofrece el único camino para terminar el Canal con prontitud y eficiencia con el menor impacto sobre los trabajadores y sus familias, subcontratistas, proveedores y todos los afectados por el abandono de las negociación", por lo que invita a la Autoridad del Canal colaborar en la búsqueda de una solución.