En un país que ostenta la tasa de paro más alta de Europa, con un 26% a cierre de 2013 y casi 5,9 millones de desempleados, es un suicidio económico, político y social penalizar la creación de empleo con una de las cargas fiscales más onerosas del mundo desarrollado. Y, sin embargo, por increíble que parezca eso es lo que está haciendo el Gobierno de Mariano Rajoy en España. El PP ganó las elecciones generales de 2011 con la promesa de recortar gastos y reducir impuestos para impulsar el crecimiento y, de este modo, poder reducir la insostenible losa del desempleo. Sin embargo, ha hecho justo lo contrario. Primero fue el IRPF, después el Impuesto de Sociedades, a continuación subieron el IVA y, tras más de 30 alzas tributarias de distinta naturaleza y dimensión, el Ejecutivo popular aprobó un sustancial aumento de las cotizaciones sociales a empresas y autónomos. Y, además, con el agravante de hacerlo a traición, con nocturnidad y alevosía, sin decir una palabra al respecto, aprovechando las vacaciones navideñas para que el nuevo hachazo fiscal pasara desapercibido a la opinión pública.
Por un lado, elevó las cotizaciones de los asalariados, incluyendo en la base imponible ciertos conceptos hasta ahora exentos de tributación, como es el caso de dietas y cheques restaurante, entre otros, y, por otro, subió las cuotas que pagan numerosos autónomos a la Seguridad Social. En concreto, tal y como han podido comprobar los afectados este viernes, los trabajadores que hayan montado su propia empresa (autónomos societarios) y aquellos que dispongan de más de 10 trabajadores a su cargo pagarán algo más de 314 euros al mes frente a los cerca de 260 euros que soportaban hasta ahora. Es decir, unos 50 euros extra al mes, equivalentes a un incremento del 20%, siempre y cuando coticen por la base mínima -la inmensa mayoría-. Y esto es sólo el comienzo ya que, muy posiblemente, el Gobierno subirá aún más la tributación que sufre este colectivo en los próximos meses, obligándoles a cotizar en función de sus rendimientos netos, lo cual se traducirá en un nuevo bocado a favor del Fisco.
Los trabajadores españoles, tanto asalariados como autónomos, soportan una de las mayores cargas fiscales de la OCDE en función de su nivel de renta, encareciendo enormemente la contratación y reduciendo de forma ostensible el ingreso disponible de las familias en un momento de especial gravedad económica, en donde lo último que necesita España son nuevas e insalvables trabas a la creación de riqueza y empleo. De hecho, ante las grandes dificultades que existen para encontrar trabajo, son muchos los parados que, armándose de valor y jugándose el patrimonio, se han lanzado a la admirable, pero siempre incierta, tarea de montar una empresa. Y el PP, en lugar de premiar e incentivar el nacimiento de nuevos negocios, opta por castigar a los autónomos con unos impuestos todavía más altos.
La voracidad recaudatoria de Hacienda parece no tener fin, sobre todo si se compara con los tributos que existen en otros países desarrollados. Así, mientras que el tipo de cotización en España asciende a casi el 30%, en Reino Unido la tasa mínima para poder trabajar por cuenta propia es de 12 libras y a partir de 5.715 libras se paga el 8% de los ingresos anuales, en EEUU tan sólo pagan un 13,3% siempre y cuando sus ingresos no superen los 110.000 dólares al año, y en Canadá es el 9,9%. Asimismo, cabe recordar que un asalariado medio abona algo más del 40% de su sueldo real al pago del IRPF y cotizaciones sociales. Esta estrategia fiscal, consistente en vaciar con saña el bolsillo de los contribuyentes, no solventará el problema del déficit público, ni resolverá el agujero de la Seguridad Social ni, por supuesto, ayudará en modo alguno a reducir la tasa de paro. Las subidas de impuestos tan sólo dificultan y retrasan la recuperación económica, tal y como acertadamente denunciaba la actual cúpula del PP justo antes de llegar al Gobierno, pero, una vez en el poder, es evidente que lo han olvidado.