Según el organismo que agrupa a las economías más ricas del planeta (OCDE), la denominada economía sumergida se define como el conjunto de actividades que son productivas en sentido económico y relativamente legal (si ciertos estándares o regulaciones se cumplen), pero que "son escondidas deliberadamente a las Administraciones Públicas" para evitar el pago de impuestos, cotizaciones sociales, el cumplimiento de normas laborales, así como evitar algunos procedimientos administrativos.
Desde hace años, España presenta una de las mayores economías sumergidas de la OCDE. Así, según un reciente informe, su tamaño ascendía al 19,2% del PIB en 2012, tan sólo superado por Estonia, Turquía, Polonia, Grecia, Eslovenia, Hungría, Italia y Portugal.
Sin embargo, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) eleva esta cifra hasta el 24,6% del PIB, equivalente a 253.000 millones de euros, lo que supone 60.000 millones de euros más respecto al comienzo de la crisis en 2008, en base al estudio La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis presentado este miércoles.
Según este análisis, elaborado por el profesor Jordi Sardà de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona) en colaboración con Gestha, el volumen de la economía española 'en negro' ha aumentado una media de 15.000 millones de euros al año desde 2008, cuando su tasa se situaba en el 17,8% del PIB.
Por comunidades autónomas -excluyendo a los territorios forales-, lidera el ranking Extremadura, con una economía sumergida del 31,1% de su PIB regional, seguida de Andalucía (29,2%) y Castilla-La Mancha (29,1%). El estudio concluye que a mayor tasa de paro mayor mercado negro. En el lado opuesto, se sitúan Madrid (17,3%), Cantabria (22%) y Aragón (22,3%).
La tasa de Madrid es particularmente baja por la elevada concentración de grandes empresas nacionales y extranjeras y grandes fortunas, que concentran los ingresos tributarios en esta comunidad, mientras que gran parte de su negocio se genera en otros territorios, según explica Gestha. De hecho, en Madrid tienen su sede el 60% de las 100 mayores corporaciones empresariales del país.
Por provincias, el estudio pone de manifiesto que hay zonas geográficas donde la economía sumergida es un "mal endémico", como es el caso de Ávila, Albacete, Orense y Toledo, todas ellas de interior y menos dinámicas. En el lado contrario, se sitúan Madrid, Tarragona, Lérida, Barcelona, Zaragoza y La Rioja.
Las principales causas: impuestos y paro
Aunque, por definición, la economía sumergida no es observable y, por tanto, difícilmente medible, la mayoría de los estudios elaborados al respecto coinciden en que su tamaño oscila entre el 20% y 25% del PIB español. En concreto, el informe de Gestha emplea una metodología particular mediante el análisis de diferentes variables.
Entre las causas que explicarían este fenómeno en España, el estudio dirigido por el profesor Sardà concluye que "la carga impositiva juega un papel determinante sobre el tamaño de la economía sumergida", sobre todo, la relacionada con las cotizaciones sociales, aunque no lo explicaría por sí sólo, ya que otros países de la OCDE presentan una elevada presión fiscal y menores tasas de economía sumergida.
Por ello, también resulta significativo el impacto de la tasa de paro, el fuerte papel de la construcción como fuente de economía sumergida durante la burbuja (escriturar un piso por debajo del precio real, por ejemplo) o el mayor nivel de corrupción que presenta España en relación a otros países desarrollados, así como una cierta permisividad por parte de los españoles hacia ciertos tipos de fraude fiscal como, por ejemplo, aceptar una factura sin IVA, según el informe.
Pero los dos factores más relevantes son los relacionados con la carga fiscal (subidas de impuestos) y el mercado de trabajo (elevada tasa de paro), según detalla el estudio. En cuantio al primero, cabe recordar que el indicador clave para medir el peso de los impuestos en un país no es tanto la presión fiscal como el esfuerzo fiscal (fiscalidad en función de la renta y no del PIB), y en este capítulo España se sitúa a la cabeza de Europa y OCDE. El aumento de la economía sumergida durante los años de crisis coincide con el mayor aumento de impuestos de la historia reciente de España.
En cuanto al desempleo, más concretamente, el documento explica que las provincias que presentan un mayor porcentaje de parados de más de 50 años y de parados de larga duración son, igualmente, las que, por regla general, presentan una mayor economía sumergida. "Este resultado viene a corroborar lo que de forma, más o menos intuitiva, se esperaba y es que estos dos colectivos de parados son los que tienen unas mayores dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo y, por tanto, son los que tienen más incentivos a trabajar fuera de los mercados considerados como legales".
Asimismo, "a mayor proporción de pequeñas empresas [con menos de 10 trabajadores], mayor volumen de economía sumergida", ya que, normalmente, son las "más incentivadas al fraude, especialmente al IVA".
Ocupa a "millones" de personas
Por último, la relación que existe entre estas dos variables, paro y economía sumergida, explicaría, igualmente, que España presente una relativa estabilidad social, según expuso Sardà durante la presentación del estudio. En este sentido, muchos, sobre todo, extranjeros, no entienden que con un desempleo del 26% no se produzca una especie de revuelta social en España.
La razón es la denominada "cuatrinidad": la combinación de colchón familiar, economía sumergida, subsidios del estado y cobertura de ONGs (incluyendo la labor de la Iglesia).
Y dentro de estos cuatro factores, el respaldo familiar y la economía sumergida son los que tendrían una mayor importancia. No en vano, cabe recordar que, pese a existir una amplia cobertura en materia de desempleo -muy superior al de la mayoría de países europeos-, los beneficiarios de una prestación rondan los 2,8 millones a cierre de 2013 (el 61,4% de los parados registrados en el antiguo Inem), mientras que el número total de desempleados roza los 5,9 millones, según la última Encuesta de Población Activa. De esos 3,1 millones de personas que no perciben prestación, muchos trabajan en el mercado negro.
Por ello, según ste análisis, "surge la duda de hasta qué punto los gobiernos quieren meter mano a la economía sumergida, ya que de ella dependen millones de personas y combatirla crearía una gran inestabilidad social. Esto puede explicar que se confíe a la economía sumergida y a otros tres factores [colchón familiar, subsidios y cobertura de ONGs] el antídoto contra posibles revueltas sociales".