Tras una serie de durísimas huelgas la izquierda madrileña y parte de los profesionales alrededor del mundo de la medicina decidieron que el proyecto de externalización de la gestión de seis hospitales en Madrid debía pararse en los tribunales.
Para ello, el propio PSOE llegó a presentar un recurso en contra, mientras que asociaciones como AFEM hicieron lo propio. Los recursos se presentaron en varios juzgados, de forma que se creó un auténtico caos de jueces que tomaban, cada uno por su cuenta, decisiones sobre la cuestión.
Tanto el PSOE como AFEM, además, no han llevado a los juzgados el proyecto en sí, sino aspectos de forma en los decretos publicados para dar los pasos legales en el concurso público que precedió a la adjudicación de los seis hospitales a tres empresas.
Es decir, los jueces no han opinado sobre si es legal o no que empresas privadas gestionen hospitales de titularidad pública, algo que ya ocurre en varias comunidades y en cuatro centros en Madrid, sino sobre los decretos legales de este proceso en concreto.
De hecho, tampoco la decisión tomada es sobre el fondo de la cuestión: lo que hoy ha hecho el TSJM es suspender cautelarmente el proceso porque entiende que, de seguir en marcha y producirse una decisión en contra, sería difícilmente reversible y se podrían producir "perjuicios de imposible reparación".
En hasta cinco juzgados distintos
La estrategia de dispersión judicial ha propiciado que se hayan dado decisiones en varios juzgados distintos, incluyendo dos secciones del TSJM y el pleno de este tribunal, si bien la decisión de éste fue no tomar ninguna decisión.
Tres juzgados ordinarios de Madrid se negaron en su día a tomar la decisión de la suspensión cautelar del proceso, mientras que un cuarto sí tomo esa decisión a pesar de que su competencia en la materia era más bien dudosa.
En el TSJM el asunto también pasó por varias situaciones: para empezar la sección tercera de esta corte aceptó el recurso presentado por el PSOE y procedió a una primera suspensión cautelar.
El recurso de la CAM hizo, sin embargo, que esta suspensión se levantase en dos semanas y ello por una razón muy evidente en la que los jueces no parecían haber caído en su primera decisión: los socialistas no podían presentarse como parte perjudicada en el proceso.
Algo más tarde, un segundo recurso –ahora el de AFEM- provocaba una segunda suspensión de nuevo en la sección tercera del TSJM. Esta suspensión cautelar del proceso ha sido la que ahora se ha mantenido provocando que la Comunidad de Madrid decida retirar el proceso.
El pleno que no decide
Pero para llegar a esta decisión –recordemos que definitiva sobre la suspensión cautelar, pero no sobre el fondo de la cuestión- ha habido que esperar un capítulo judicial y algunos meses más.
La razón ha sido que el presidente del TSJM consideró, al estar el caso en marcha en dos secciones diferentes de este órgano, que fuese el pleno el que tomase una decisión sobre la paralización cautelar.
Reunido a principios de este mismo mes de enero, en lugar de tomar esa decisión el pleno acordó devolver el asunto a las secciones que ya se habían pronunciado al respecto, la tercera y la octava. La tercera ha sido la que este lunes no ha aceptado el recurso presentado por la CAM el pasado mes de septiembre.
En conjunto, tal y como ha destacado este lunes el propio presidente Ignacio González, la Justicia ha necesitado ocho meses sólo para decidir si se forzaba una suspensión cautelar de un proceso que implicaba cambios en la gestión de seis hospitales, afectando a tres empresas concesionarias y a miles de profesionales.
Esta inseguridad judicial, especialmente dura para estos profesionales afectados y las empresas adjudicatarias, ha sido lo que ha llevado a las CAM a suspender definitivamente el proceso este lunes.