Los datos de paro y ocupación que arroja 2013 dejan un sabor agridulce. España cerró el pasado año con una tasa de paro ligeramente superior al 26%, un nivel casi idéntico al de 2012, pese a que el número de parados bajó en 69.000 personas, hasta situarse en un total de 5.896.300. Asimismo, la economía nacional siguió destruyendo empleo por sexto año consecutivo, tras desaparecer 198.900 puestos de trabajo, hasta un total de 16.758.200 personas. Así pues, la reducción de parados no responde a la creación de empleo sino al sustancial descenso de la población activa, debido a que muchos jóvenes y extranjeros están saliendo del país ante la imposibilidad de encontrar trabajo. Pero, dentro de lo malo, también cabe destacar que España acaba de registrar el menor ritmo de destrucción laboral desde que estalló la crisis, a pesar de la larga y profunda recesión sufrida –el PIB cayó un 1,2% en 2013–.
Este último dato demuestra, al menos, que la reforma laboral aprobada por el Gobierno en 2012 ha servido para frenar el brutal deterioro laboral que ha sufrido el país en los últimos años. Sin embargo, la dramática situación que viven millones de familias no permite un atisbo de complacencia y aún menos de triunfalismo. El mercado de trabajo español es desastre que se ha cobrado y se cobra innumerables víctimas, como resultado de la ineptitud e indolencia de una clase política que se ha negado a acometer reformas profundas para flexibilizar al máximo no sólo el mercado de trabajo sino la economía española en general y, de este modo, posibilitar una auténtica recuperación, capaz de reducir intensa y rápidamente el paro. La reforma laboral del PP es loable, sin duda, pero insuficiente para resolver el drama del desempleo. Es inaceptable y bochornoso que España, un país desarrollado, presente un paro propio del Tercer Mundo.
Por ello, urge que el Gobierno de Mariano Rajoy cumpla con su deber y aplique todas y cada una de las recomendaciones que, insistentemente, y desde el inicio mismo de la crisis, lanzan multitud de economistas y organismos de toda índole para impulsar al máximo la creación de puestos de trabajo de forma sólida y firme. El PP no puede ni debe contentarse con realizar meros retoques en un ámbito que precisa de cambios radicales. Por desgracia, todo apunta a que éste es, precisamente, el escenario que contemplan Rajoy y sus ministros, es decir, hacer lo mínimo e indispensable para no molestar demasiado a los sindicatos ni provocar indeseables huelgas en plena campaña electoral. El Ejecutivo confía, simplemente, en que los vientos favorables del crecimiento mundial y, sobre todo, europeo arrastren a la paupérrima economía española, conformándose así con un leve y frágil crecimiento que se asemeja más al estancamiento que a la recuperación. Esta particular estrategia de conformismo y brazos caídos condena a España a sufrir una tasa de desempleo superior al 20% a medio plazo y, en todo caso, a cifras muy elevadas a largo, lo cual es una absoluta irresponsabilidad.
El Gobierno debe iniciar y completar todas las reformas estructurales pendientes que sigue necesitando España y que, sin duda, son muchas, pero, sobre todo, es imprescindible que reduzca de forma drástica los elevados impuestos que soporta el factor trabajo para facilitar la contratación y la flexibilidad del mercado laboral. Hacienda castiga la creación de empleo mediante una de las cargas fiscales más elevadas de Europa y de la OCDE. Entre IRPF y cotizaciones sociales, el Estado se embolsa más del 40% del salario real de un trabajador medio. El PP, sin embargo, insiste en hacer justo lo contrario, como bien muestra la reciente subida de cotizaciones aplicada a los autónomos y a las empresas tras incluir las retribuciones en especie en la base imponible. Una medida que, por cierto, implica un incumplimiento flagrante de su programa electoral. Uno más...