El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y el consejero vasco de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gatzagaetxebarria, han compartido este jueves la necesidad de abordar este año las diferencias que tienen los gobiernos central y vasco sobre el cupo para buscar un punto de equilibrio.
Así lo han asegurado en rueda de prensa Gatzagaetxebarria y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, después de la reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico, en la que el Gobierno central ha transferido al vasco la gestión de siete nuevos impuestos, que supondrán unos ingresos de unos 70 millones de euros.
Entre ellos está el relativo a actividades de juego, que permitirá recaudar a las haciendas vascas el 20 por ciento del importe de los premios de lotería, con carácter retroactivo al 1 de enero de 2013, gracias a lo cual la Hacienda guipuzcoana obtendrá una quinta parte del importe del premio Gordo de Navidad que cayó en Mondragón el pasado 22 de diciembre.
Junto a éste, se han transferidos los impuestos sobre depósitos en entidades de crédito, producción de energía eléctrica, producción y almacenamiento de energía nuclear, hidrocarburos, gases fluorados y actividades de juego.
No se incluye en el acuerdo la liquidación del cupo -la cantidad que el País Vasco paga al Estado por las competencias no transferidas- de los seis últimos años, dado que no se han zanjado las discrepancias sobre estas cuantías que existen entre ambos gobiernos.
Sin embargo, Gatzagaetxebarria ha explicado que Montoro y él han compartido una reflexión sobre la necesidad de abordar en el horizonte de 2014 "un trabajo en común" para poder saldar las diferencias que el Gobierno central y el vasco tienen en materia de cupo.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, por su parte, ha ratificado las palabras del consejero y ha asegurado que la intención del Ministerio es "solucionar" este año todos los aspectos relacionados con la financiación de las comunidades. Beteta ha señalado que eso incluye hablar sobre el cupo y también sobre un nuevo sistema de financiación autonómica y local.
Con este propósito ha anunciado que este mismo mes se reunirá el grupo de trabajo para evaluar el modelo de financiación autonómica dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, paso previo a negociación de un nuevo sistema.
"Estrecheces económicas sufrimos todas las administraciones públicas", ha enfatizado Beteta, en cuya opinión, acuerdos como el de este jueves con el Gobierno vasco transmiten confianza en la economía y en las instituciones: "Es bueno para el desarrollo económico del País Vasco y su engarce en la Constitución española", ha apostillado.
70 millones de euros
Según el consejero vasco, los impuestos y gravámenes transferidos son de "menor impacto", ya que la mayor parte de ellos están relacionados con la llamada "fiscalidad verde", cuyo objetivo, ha dicho, no es la recaudación.
Ha realizado un cálculo "prudente" y ha especificado que las haciendas vascas recaudarán en torno a 60 ó 70 millones de euros con estas nuevas transferencias, efectuadas en cumplimiento de la ley, que establece que cuando el Estado modifique algún tributo concertado o cree uno nuevo debe adaptarse al concierto económico vasco.
Martín Garitano en el Ministerio
Gatzagaetxebarria se ha congratulado de que el acuerdo haya sido aceptado por las tres haciendas forales e incluso han acudido al encuentro los diputados generales de Vizcaya, José Luis Bilbao (PNV); de Guipúzcoa, Martín Garitano (Bildu), y de Álava, Javier de Andrés (PP).
De hecho, es la primera vez que una institución gobernada por partidos de la órbita de ETA firma un acuerdo de esta naturaleza y, en declaraciones previas a los medios, Martín Garitano ha argumentado que lo han hecho por "responsabilidad política".
Garitano ha indicado que Bildu quiere que se cree una comisión permanente que debata y acuerde temas referidos a la "soberanía económica y fiscal" para luego defenderlos de manera conjunta "en Madrid".
Durante la reunión de esta tarde se ha acordado igualmente la modificación de la junta arbitral prevista en la Ley de Concierto Económico entre el País Vasco y el Estado, de manera que sus miembros podrán ser reelegidos en sus cargos más allá del único periodo de seis años para el que hasta ahora eran nombrados sin que pudieran repetir mandato.