La deriva preocupante en la que se encuentra actualmente Codere debido al impago del crédito a dos fondos de inversión está siendo investigada por la CNMV. Los dos fondos de inversión acreedores de Codere son Canyon Capital Finance y GSO Capital Partners, que, según la investigación iniciada por la CNMV, pretenden tomar el control total de la compañía, actualmente en manos de la familia Martínez Sampedro, ante el impago de su deuda.
Tal y como informa Expansión, la investigación por parte de la CNMV se inició a raíz de una queja interpuesta por la propia Codere que se encuentra ahora mismo en preconcurso de acreedores.
Los problemas financieros de Codere comenzaron a raíz de la expropiación de YPF por el Gobierno argentino. El temor de que Cristina Fernández de Kirchner expropiara también a Codere, que tiene una fuerte presencia en el país -el 40% de los ingresos del grupo-, originó que los invesores se apresuraran a desprenderse de sus activos. Esto hizo que Codere no tuviera más remedio que recurrir a fondos de inversión dispuestos a asumir el alto riesgo de su financiación para obtener la liquidez necesaria. Estos fondos, ante el temor a una expropiación, impusieron altos intereses y cláusulas preferenciales.
Como indica el diario económico, durante los primeros tres trimestres del pasado año, los costes financieros aumentaron un 22%, hasta los 101,6 millones de euros. Los fondos de inverión impusieron a Codere, entre otras condiciones, la prioridad del pago del crédito frente a otras obligaciones. Además, exigían a Codere pagar anticipadamente el crédito sénior concedido en el caso de que pagara a sus bonistas su correspondiente cupón semestral. Esto ocasionó que Codere no pudiera afrontar sus obligaciones con los bonistas.
Actualmente, esa deuda sénior asciende a 127 millones de euros. La deuda de Codere con sus bonistas, por su parte, asciende a cerca de 1.000 millones de euros. Este martes, tras el cierre de la Bolsa, la empresa ratificó a la CNMV la imposibilidad de pagar a los bonistas su cupón correspondiente.
Como recoge Efe, Codere, mediante un comunicado, justificó esta decisión en base a las actuales circunstancias de la compañía y a las negociaciones en curso. Tras esta decisión, los bonistas deben dirimir ahora si ejecutar sus garantías, que derivaría en el concurso de acreedores de la compañía, o bien llegar a un acuerdo con el consejo de administración para sacar Codere a flote. Y es que fuentes de la compañía han manifestado al diario Expansión la viabilidad sobrada del grupo, que el pasado 2012 registró un ebitda de 287,3 millones de euros (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones). Pese a ello, su contabilidad refleja una situación mucho más preocupante.