Tras el relativo éxito que ha cosechado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), tanto a nivel político como social, bajo el eslogan Stop Desahucios, o las protestas callejeras lideradas desde el movimiento 15-M, bajo el lema ¡Democracia Real Ya!, la izquierda se moviliza una vez más en internet para reclamar, en esta ocasión, una antigua demanda: la concesión de una renta básica universal a todos los ciudadanos residentes en España, sin ningún tipo de distinción.
Se trata del Movimiento contra el paro y la precariedad, bajo la bandera ¡Renta Básica Ya!. Dicho grupo comenzará este miércoles el proceso de recogida de firmas a favor de la creación de una renta básica estatal en España tras registrar en el Congreso su particular Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que deberá cosechar al menos medio millón de apoyos para que pueda ser debatida por el Pleno.
"La crisis multiplica el número de damnificados por las políticas capitalistas y neoliberales". Así comienza su texto para reclamar esta nueva prestación universal. Su proyecto es que todos los residentes en España tengan el derecho "individual, universal e incondicional" a recibir una cantidad periódica "que cubra sus necesidades básicas", fijando para ello su cuantía en el umbral de la pobreza -60% de la mediana de la distribución de los ingresos por unidad de consumo adjudicados a las personas-, lo que actualmente elevaría esta renta básica a 645,33 euros mensuales. Y ello, con independencia de que la persona en cuestión sea o no mayor de edad y tenga o no trabajo.
Según defiende este movimiento, la "Renta Básica es un instrumento factible de erradicación de la pobreza, un mecanismo de reparto de la riqueza y distribución de la renta, que puede dar seguridad económica a la población frente a la incertidumbre y la arbitrariedad, permite iniciar otros modos de vida, fomenta la igualdad de género y contribuye a eliminar los estigmas sociales. Estimamos que la Renta Básica puede ser un pilar del nuevo sistema de bienestar y un instrumento útil para defenderse del deterioro de las condiciones de vida que impone el capitalismo global".
Además, piden que dicha prestación sea un "derecho inherente a la condición de personas", no "una limosna, una prestación asistencial, ni un salario de pobres". El texto de su ILP incluye un artículo y tres disposiciones:
Artículo 1. Derecho a la Renta Básica. Se establece el derecho de todo persona, por el hecho de haber nacido, a recibir una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas. La Renta Básica se constituye como derecho individual, universal e incondicional.
Disposición transitoria. La cuantía de la Renta Básica será la equivalente al Umbral de la pobreza fijado en "el 60% de la mediana de la distribución de los ingresos por unidad de consumo adjudicados a las personas", será de 645,33 euros mensuales correspondiendo al último dato expuesto por EUROSTAT (año 2011), tendiendo a equipararse en los años sucesivos al equivalente del mismo concepto.
Disposición Adicional Primera. Aplicación gradual. Se establecen dos fases de implementación de la Renta Básica. Una primera fase que entrará en vigor de forma inmediata tras la aprobación de la presente Ley. Afectará a todas las personas domiciliadas en el Estado Español e inscritas en el Servicio Público de Empleo correspondiente a cada territorio, que no tengan cobertura por desempleo ni dispongan de otros ingresos. De la misma manera afectará a aquellas personas cuyas rentas, ya provengan de salarios, subsidios o pensiones públicas, sean inferiores a la cuantía de Renta Básica prevista en este texto, complementando los mismos hasta alcanzar la cuantía establecida para la Renta Básica. En la segunda fase, se regulará la extensión de la Renta Básica como derecho universal, integrando pues al resto de personas.
Disposición Adicional Segunda. Los poderes públicos promoverán la implantación de la Renta Básica en el ámbito del Estado Español y de la Unión Europea.
Así pues, en última instancia, los promotores de esta iniciativa plantean que todos los residentes en España cobren una Renta Básica de unos 645 euros al mes (7.743 euros al año), que extendiéndose a los cerca de 47 millones de habitantes que presenta actualmente España arrojaría un gasto público total de casi 365.000 millones de euros al año, equivalente al 36% del PIB. Y ello, sin tener en cuenta los nefastos efectos indirectos que conllevaría una medida de estas características para la economía nacional, ya que desincentivaría por completo la generación de riqueza y empleo.
El éxito de la PAH
Por el momento, este movimiento cuenta con escasos seguidores en las redes sociales, pero sigue una estrategia similar a la desarrollada inicialmente por la PAH, que ya suma más de 54.000 seguidores en Twitter, cuyo impacto mediático ha sido muy relevante en los dos últimos años.
La PAH también presentó una ILP en la que reclamaba la dación en pago de la vivienda con carácter retroactivo en caso de no poder afrontar el pago de la hipoteca, siempre y cuando se trate del inmueble habitual, así como paralizar todos los desahucios de primera vivienda, permitiendo que el deudor pueda seguir residiendo en el piso embargado durante cinco años a cambio de pagar un "alquiler social", con una renta mensual no superior al 30% de los ingresos del arrendatario.
Su propuesta no fue aprobada, pero el Gobierno del PP aceptó en el último momento reformar la Ley Hipotecaria española para introducir determinados límites y restricciones a los procedimientos de desahucio. Así, entre otras medidas, impulsó la suspensión durante dos años de los desahucios en los que los afectados cumplan unas condiciones de especial vulnerabilidad; también modificó el régimen de subastas de viviendas para que el precio de adjudicación sea mayor; limitó los intereses de demora; facultó a los jueces a detener una ejecución hipotecaria cuando detecten cláusulas abusivas; y amplió de uno a tres los impagos a partir de los cuales el banco podrá iniciar un proceso de ejecución hipotecaria, entre otras medidas.
Pero el mayor éxito de la PAH estriba en que la oposición, con PSOE e IU a la cabeza, se sumaron a la medida estrella del movimiento que lidera Ada Colau: la dación en pago retroactiva. De hecho, en Andalucía, ambas formaciones han aprobado la expropiación temporal de pisos en manos de bancos e inmobiliarias, mientras que otras CCAA como Cataluña pretenden multar a las entidades que mantengan pisos vacíos.
Medidas todas ellas que deterioran las garantías hipotecarias. De hecho, la aplicación de la dación en pago retroactiva perjudicaría a la inmensa mayoría de hipotecados, además de provocar graves daños al mercado crediticio y un agujero extra al sistema financiero. Sin embargo, este tipo de iniciativas han ido calando en la sociedad y en la clase política española, pese a los numerosos mitos y falacias que se han difundido en torno al problema de los desahucios.
El 15-M, por su parte, ha ido derivando de forma progresiva en la formación de un nuevo movimiento antisistema organizado, contrario al capitalismo y a la democracia representativa, que llama a la "rebelión". La cuenta oficial de Democracia Real Ya en Twitter suma más de 230.000 seguidores.
Por el momento, la renta básica que propugna el Movimiento contra el paro y la precariedad aún necesita captar el medio millón de firmas que exige una ILP para poder ser debatida en el Parlamento, pero lo cierto es que esta medida es una demanda clásica de la izquierda que, años atrás, ya fue propuesta por partidos como IU y ERC, solo que ahora también empieza a tomar forma en la red.