La Junta ha paralizado 34 carreteras desde 2010 y no ha iniciado 130 obras prometidas. Se trata de 2.039 millones recortados en inversión pública y casi 82.000 empleos perdidos en Andalucía. Pero los ciudadanos no pueden detectar estas realidades porque la Junta no concreta las inversiones por provincias en los presupuestos andaluces. Por ello, el PP andaluz ha presentado sendos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Presupuesto de la Junta de Andalucía de 2014 por no concretar los compromisos de inversión en cada una de las provincias, lo que hurta el derecho de los andaluces a saber en qué se gasta su dinero y el derecho de los diputados a ejercer su labor de seguimiento y control.
La no provincialización de los datos presupuestarios vulnera la Ley de Hacienda Pública de Andalucía. En su artículo 34, 2 la Ley dice textualmente: "2. El estado de gastos aplicará la clasificación orgánica, funcional por programas y económica. Los gastos de inversión se clasificarán territorialmente." Pero los Presupuestos se presentan en el Parlamento sin especificarse dónde, cuándo y en qué se gasta o se va a gastar el dinero andaluz, con lo cual es imposible exigir el cumplimiento de los planes y compromisos del gobierno.
Es imposible de este modo para cualquier diputado ejercer no sólo una crítica razonada sino estar perfectamente informado sobre los planes de la Junta sobre cualquier provincia, comarca o localidad de Andalucía.
El PP denuncia "el empecinamiento del gobernó andaluz en seguir adelante con unos presupuestos opacos" y afirmó que "esta falta de transparencia supone una involución en la democracia y los derechos de los andaluces, además de una falta de respeto al trabajo de los diputados, restringiendo su derecho de acceso a la información".
Numerosas obras paralizadas
Hay que realizar una minuciosa investigación para llegar a saber algo que podría conocerse fácilmente si los presupuestos estuvieran provincializados, como se hacía antes de la llegada a la Junta de Andalucía del gobierno de José Antonio Griñán. A pesar de todo, ha podido saberse sumando aquí y allá que 2.039 millones de euros en inversión pública se han recortado con la consecuencia de la pérdida de 81.569 empleos en Andalucía
Desde 2010, el gobierno andaluz ha paralizado 34 carreteras que se estaban construyendo paralizadas y las 130 carreteras más ni siquiera han visto la luz a pesar de que estaban prometidas y figuraban en el presupuesto de ejercicios anteriores desde 2009.
La propia Junta en una respuesta parlamentaria admite que desde 2010 ha paralizado seis carreteras en la provincia de Almería, dos en Cádiz, cuatro en Córdoba, seis en Granada, tres en Huelva, seis en Jaén, tres en Málaga y cuatro en Sevilla.
Entre 2009 y 2014 la inversión en obra pública de la Junta ha descendido en 1.189 millones de euros, desde los 1.507 millones a 318. Agregó que a este recorte hay que sumar 850 millones de euros más que estaban en los presupuestos, pero que no se han invertido realmente, por lo que "el tijeretazo" total es de 2.039 millones de euros, lo que ha provocado la pérdida de 81.569 empleos en Andalucía.
Aseguró que el recorte en la obra pública ha provocado el 27 por ciento del total de la pérdida de empleo en el sector de la construcción en nuestra comunidad y señaló que mientras en 2008 este sector representaba el 15 por ciento del empleo total, en 2013 sólo significa el cinco por ciento. "Andalucía ha pasado de ser la cuarta comunidad con más creación de empleo en la construcción a ser la última", dijo.
El escándalo del vuelo Sevilla-Almería
Según el PP, el gobierno Rajoy es el único garante del servicio" que se mantiene a pesar de la absoluta desidia de la Junta respecto a la provincia almeriense. Según el PP, el gobierno andaluz sabía que el servicio expiraba el 14 de enero y, sin embargo, no comunicaron hasta el 13 de diciembre al Ministerio de Fomento su voluntad de modificar los horarios del vuelo, lo que obliga a sacar una nueva licitación del servicio. El Ministerio de Fomento, en sólo siete días, sacó la orden de licitación.
Sin embargo, los plazos legales impedían que el servicio se mantuviera después del 14 de enero, lo que el Gobierno de España ha solucionado a través de un acuerdo con Air Europa hasta que se adjudique de nuevo el servicio aéreo. Insistió en que todo esto no hubiera sido necesario si la Junta de Andalucía hubiera actuado con mayor previsión y sin contradicciones.
Parálisis de los Grupos de Desarrollo Rural
Además, el PP señala que la Junta de Andalucía tiene paralizados los Grupos de Desarrollo Rural(GDR), que son el "auténtico motor de desarrollo en los municipios de Andalucía", lo que pone en riesgo la financiación de la Unión Europea en el próximo marco de ayudas al medio rural. La paralización se produjo después de que en el mes de mayo de 2012 un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía advirtiera de irregularidades, pidiera la elaboración de un plan de contingencia y, como medida cautelar, paralizara el programa Lidera.
La Intervención consideró que los gastos del programa no reunían las garantías suficientes conforme a la normativa comunitaria europea, por lo que pidió la revisión y devolución de lo indebidamente pagado. Como consecuencia, la Junta ha pedido el reintegro de 250.000 euros a los 52 GDR existentes en Andalucía.
La Junta ha cambiado los criterios de subvención al final del programa, con vigencia entre 2007 y 2013, y ahora le comunica a los grupos que los gastos de funcionamiento no pueden superar el 20 por ciento del total del programa y que hay gastos que no son subvencionables pero que ya habían sido revisados y aceptados por la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Se trata de gastos como pluses de nóminas de los trabajadores, gastos de limpieza, dietas y gastos de correo. Por ello, hay GDR que llevan meses sin recibir dinero por parte de la Junta, lo que provoca que algunos grupos lleven cuatro meses sin pagar nóminas, que no se paguen proyectos empresariales aprobados y que no se aprueben nuevos proyectos que podrían crear empleo a pesar de contar con el dinero de Europa.
El PP ha advertido que "la mala gestión del gobierno andaluz puede provocar la desaparición de los GDR, que desde hace muchos años vienen gestionando los fondos europeos para generar actividad económica y crear empleo en los municipios rurales". Señaló que desde 2009 estos grupos han gestionado inversiones por un montante de 500 millones de euros, cuya financiación corresponde en un 80 por ciento a la Unión Europea y en un 20 por ciento a la Junta de Andalucía.
El pasado mes de Junio la Unión Europea inspeccionó el trabajo de los GDR y concluyó que hay una mala gestión por parte de la Junta que no ha ejercido el control que tenían que haber llevado a cabo sobre los grupos. Por ello, están en riesgo los los futuros fondos del nuevo programa -2014-2020-, que dependen del grado de ejecución que haya tenido el anterior programa, ya que la propia Junta reconoce que en 2012 Andalucía está a menos de un 40 por ciento de ejecución.