El Ministerio de Fomento dio la orden el pasado miércoles de paralizar la adjudicación de varios tramos del AVE, al detectar irregularidades en la concesión de obra para la alta velocidad Madrid-Extremadura. Tal y como se hace eco el diario Expansión, el propio secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, y el presidente de Adif, Gonzalo Ferre, fueron quienes dieron la orden de paralización. La voz de alarma fue dada por varios empresarios que advirtieron a Rafael Catalá de la filtración de los resultados de las ofertas técnicas (la puntuación de los evaluadores) antes de que los conociesen incluso los propios órganos de gobierno de Adif.
Los contratos afectados por estas técnicas ilícitas corresponden a varios tramos del AVE a Extremadura con un valor de adjudicación de 100 millones de euros. Por su parte, Adif, además de paralizar el proceso, ha relevado a toda la comisión de arbitraje encargada de evaluar las ofertas técnicas de esta línea del tren de alta velocidad. La filtración de información privilegiada podría llegar a constituir un presunto delito por parte de los funcionarios públicos implicados. A su vez, Adif y Fomento han abierto una investigación interna, tanto para depurar responsabilidades, como para conocer si este tipo de conductas estaban presentes en otros concursos públicos.
Este tipo de concursos de obra suelen dividirse en dos partes: una oferta económica y otra técnica. Debido a la crisis, Fomento ha incrementado el valor de la parte económica en el concurso, para hacerse así con la adjudicación de la obra. En concreto, la parte económica conforma un 75% del total de la valoración del proyecto. Esta situación ha ocasionado una alta competencia, ocasionando que cualquier tipo de información extra constituya una fuerte ventaja sobre el resto. Como manifestaban fuentes de Adif al diario económico, "muchas empresas están dispuestas a llevarse un contrato a sabiendas de que nunca van a ganar dinero por muchos modificados que se apruebe".