Se trata de volver a impulsar una normativa para agilizar la actividad económica de la Comunidad y simplificar los trámites burocráticos que todavía afectan a las empresas. Todo es de aplauso general salvo por el hecho de que lo que ahora pretende hacer Susana Díaz, ya fue prometido por su partido en 1998, en la etapa de Manuel Chaves, hace ya catorce años. Todavía se producen duplicidades en la inscripción en registros y en la renovación de las autorizaciones para operar. Será la primera Ley impulsada por el gobierno de Susana Díaz.
Fue hace 14 años cuando la Junta aprobó el decreto de creación de Ventanillas Únicas para facilitar la iniciativa empresarial de las pymes. La mismo quiso hacerse en la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible Agenda 21, de 2004, donde se proponía "simplificar los trámites" para favorecer "el inicio y el aprovechamiento de la actividad empresarial". Y también el expresidente José Antonio Griñán planteó una cuestión similar en su discurso de investidura del 21 de abril de 2009, cuando abogó por "reducir las cargas burocráticas" que asfixian a las empresas y por avanzas en la "simplificación de los procedimientos administrativos". No se sabe cómo pero las empresas siguen teniendo problemas para constituirse.
Sólo el conocimiento de algunas cifras producen pavor. Según ABC, se han tenido que analizar 1.313 procedimientos administrativos competencia de la Junta. De ellos 691 se vinculan al desarrollo de actividades económicas. De estos últimos, desde junio de 2011 ya se han simplificado 156, más de la mitad de ellos sustentados en normativa autonómica. "Ahora se trata de continuar en la senda de la simplificación, de seguir profundizando en la reducción de trámites administrativos que provoquen trabas", anunció ayer la Junta, que dijo quiere mejorar los 535 procedimientos restantes.
315 de estos últimos son de origen estatal y el resto, 220, tienen fundamento autonómico. Lo que se quiere hacer en la Junta es mejorar estos 220 de exclusividad autonómica. Por ejemplo, todavía hay duplicidades en las inscripciones en registros y en renovación de autorizaciones.
Se quiere modificar los trámites que puedan facilitar la inversión productiva en los sectores económicos más relevantes, e introducirá medidas para reforzar los derechos de consumidores, trabajadores y empresas.
Además, el Consejo de Gobierno aprobará un Mapa de Procedimientos de Autorización con información exhaustiva y sistematizada sobre cada uno de ellos. También se reforzará la Agencia de Defensa de la Competencia como organismo supervisor, que tendrá la misión de hacer evaluaciones periódicas sobre el grado de cumplimiento.
Respecto a la simplificación de las 315 autorizaciones basadas en la normativa estatal, la Junta hará una propuesta que se presentará ante el Comité para la Mejora de la Regulación de las Actividades de Servicios, organismo de cooperación entre las administraciones estatal y autonómica que se creó en 2011.
La Junta planteará asimismo medidas en el ámbito local reevaluando las ordenanzas municipales, con especial atención a las que afectan a actividades económicas.