El Consejo de Ministros ha fijado este viernes cuanto subirá la luz en enero. Después de una semana cargada de polémica tras la anulación de la subasta y donde los cruces de declaraciones entre Industria y las eléctricas se han venido repitiendo a diario, el Gobierno ha establecido que la luz subirá un 2,3% en enero.
Esta cuantía incluye la subida del 1,4% que ha fijado el Ejecutivo para sustituir al resultado de la subasta y la subida del 0,9% que establece el Gobierno por sistema a través de los peajes. La subasta del pasado día 19 de diciembre se saldó con un incremento del precio en el 10,5% al que habría que sumarle los peajes que determina el Estado y entonces, superaría el 11%.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha sido el encargado de notificar el nuevo precio de la luz para el primer trimestre. Tras el anuncio, la reacción de la patronal eléctrica no se ha hecho esperar. La Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) ha remitido un comunicado este mismo viernes en el que considera que la fijación "de un precio político para la energía da un paso atrás en la liberalización del mercado eléctrico e insiste en cargar costes de errores políticos sobre las empresas y los consumidores".
La aprobación de este Real Decreto Ley en el mismo día en que el BOE publica la Ley del Sector Eléctrico "pone en evidencia, además, el fracaso de la reforma, ya que no soluciona cuestiones fundamentales para el funcionamiento del sistema", aseguran desde UNESA.
La patronal eléctrica confía en que se establezca "cuanto antes" un mecanismo definitivo y en que la solución aprobada sea "meramente provisional y transitoria".
Para las eléctricas, el Ministerio de Industria ha fijado "un precio artificial que va en contra de las normativas europeas, lo que entraña, de hecho, un riesgo importante para la liberalización". Consideran que la decisión se ha tomado "de manera precipitada, improvisada y, una vez más, sin establecer ningún cauce de diálogo con las empresas del sector".
UNESA reclama que España necesita una tarifa eléctrica que se fije de manera "transparente, que esté limpia de sobrecostes de errores políticos que no tienen que ver con el suministro, y establecida en el ámbito de un mercado totalmente liberalizado".
Por otra parte, UNESA recuerda que se "siguen cargando costes políticos en el recibo que paga el cliente eléctrico" y destaca que menos de la mitad de la factura que paga el consumidor medio es energía consumida o costes de transporte y distribución. "El resto son cargas fiscales y, sobre todo, políticas de subvenciones sociales y políticas medioambientales que no deberían esconderse en el recibo eléctrico", aseguran.
La patronal eléctrica ha vuelto a reclamar "transparencia" en lo relativo al informe de la CNMC sobre las causas que motivaron la anulación de la subasta CESUR. "Es urgente que se dé a conocer el resultado de dicho informe", dicen.
Sobre la actuación del Ministerio de Industria en este conflicto, las eléctricas creen que "no ha sabido enmendar" y que debería conducir "en el futuro a la oportunidad de acabar con el creciente caos y fuerte inseguridad jurídica que tanto está dañando al sector".