El recibo de la luz subirá, como mínimo, otro 2% extra a partir del próximo 1 de enero, debido a la necesidad de amortizar el déficit de tarifa generado en 2013, equivalente a unos 3.600 millones de euros, según las últimas estimaciones del Gobierno. De hecho, según los expertos, es probable que este aumento se aproxime, finalmente, al 7%, en función del resultado final que arroje la subasta eléctrica de este jueves. Así pues, familias y empresas deberán afrontar un nuevo encarecimiento de la factura, a pesar de que España soporta ya uno de los recibos más caros de la toda la UE.
El creciente coste eléctrico se ha convertido en un gran misterio para la mayoría de españoles. Son muchos los que observan cómo sube, una y otra vez, el precio de la luz sin entender muy bien por qué, lo cual no es de extrañar dada la compleja y opaca regulación eléctrica.
Una de las facturas más caras de Europa
Lo primero que cabe destacar es que España sufre una de las tarifas más caras de la UE. Tan sólo el consumidor doméstico de Chipre e Irlanda -dos islas- soportaban un precio más alto -antes de impuestos- que España en 2012, según datos de Eurostat y el propio Ministerio de Industria.
Asimismo, la industria nacional -gran consumidora de energía- también paga una electricidad más cara que la mayoría de sus competidores europeos.
En resumen, la luz en España es una de las más caras de Europa, pese a que hace poco más de diez años su coste era inferior a la media de la UE. ¿Qué ha pasado en la última década? Básicamente, la enorme burbuja de las energías renovables.
El déficit de tarifa, la clave
El complejo sistema eléctrico se caracteriza, sobre todo, por el elevado grado de intervencionismo público. Por un lado, el Gobierno diseña el denominado mix energético, imponiendo por ley la distribución de energía en función de su fuente de origen (renovables, combustibles fósiles, nuclear), y, por otro, controla casi la mitad del precio final de la energía. Es decir, el mercado eléctrico no es libre ni depende del mercado, sino que, muy al contrario, es uno de los sectores más regulados por el Gobierno -junto a la banca-.
La factura de la luz se divide, a grandes rasgos, en dos bloques:
- Precio libre (coste de la energía): lo que le cuesta la electricidad a la empresa que nos la vende (subastas en el mercado mayorista).
-
Precio regulado (peaje de acceso): refleja el coste de acceder a las redes, y su precio lo fija arbitrariamente el Gobierno de turno. Aquí se debería incluir el coste total que supone transportar y distribuir la energía (actividades reguladas por el Estado), pero también abarca el coste de la moratoria nuclear de Felipe González, los planes de eficiencia y ahorro energéticos, los sobrecostes de la electricidad en Canarias y Baleares, las primas para el carbón nacional, las primas a las energías renovables y la cogeneración, así como la financiación del déficit de tarifa de años previos.
La clave del problema es que el Gobierno fija unos peajes de acceso (precio regulado) muy inferiores a los necesarios para cubrir todos los costes regulados. Y ello, por motivos electoralistas, evitando que el consumidor pague el coste real de la electricidad.
La diferencia entre los citados peajes de acceso y los costes derivados de las actividades reguladas se denomina "déficit de tarifa". Y puesto que el Estado se niega a trasladar esos costes a la factura, España lleva más de 10 años acumulando una creciente deuda con las eléctricas, que habrá que pagar de una u otra forma, ya sea con sucesivas subidas de la luz o vía impuestos.
El precio real de la luz
El sistema acumula ya un déficit de tarifa próximo a los 30.000 millones de euros, tras sumar los cerca de 4.000 millones extra que registrará en 2013. Esta cuantía debería trasladarse a la factura actual, en lugar de diferir su pago en el tiempo. En este sentido, el déficit de tarifa sirve al Estado para ocultar al consumidor la factura real de la luz. Trasladar la totalidad de los costes actuales al precio presente sin restricción alguna implicaría subir el precio de los peajes cerca de un 70% a corto plazo. Y puesto que los peajes son la mitad de la factura final, familias y empresas deberían pagar por la luz entre un 30% y un 35% más de golpe, según la tensión y el tipo de suministro.
De hecho, a medio y largo plazo, la subida necesaria de peajes sería del 100%, debido a los crecientes y progresivos costes regulados, lo cual implicaría encarecer la luz un 50% para reflejar su precio real, según las estimaciones del sector. Como consecuencia, España es, de lejos, uno de los países con mayor coste energético del mundo desarrollado.
Y la razón no es otra que los costes regulados. Es decir, la parte de la factura que controla directamente el Gobierno -la mitad del recibo final-. Los datos muestran que España cuenta con un mercado libre competitivo en el régimen ordinario (fuentes convencionales de energía), con un precio de generación de 47,2 euros/Mwh en 2012 (mercado mayorista), frente a los 42,7 euros de Alemania o los 46,9 de Francia, y en línea con la media europea (48,55 euros/Mwh).
El problema, por tanto, se concentra en los costes regulados (distribución, transporte, renovables, moratoria nuclear, costes extrapeninsulares...). Éstos no han dejado de crecer en la última década, llegando a multiplicarse por más de tres desde el año 2000, hasta rozar los 20.000 millones de euros.
Sin embargo, esta vertiginosa evolución no ha ido acompañada del correspondiente aumento de los peajes por parte del Gobierno, que han subido, pero mucho menos.
Como consecuencia, desde el año 2000, el sistema ha generado reiteradamente déficits de tarifa que se han ido acumulando.
El coste desorbitado de las renovables
Pero dentro de los costes regulados, cabe distinguir entre las diferentes partidas. Así, por ejemplo, el precio de la distribución se sitúa entre las más bajas de Europa (19 euros/Mwh) frente a los 21 de Alemania, los 25 de Francia o los 22 de media europea.
Sin embargo, el precio de las energías renovables no ha dejado de crecer, hasta acaparar cerca del 40% de los costes regulados. Su precio se ha disparado en los últimos años, hasta rozar los 9.000 millones al año, con una retribución media unitaria de casi 128 euros/Mwh, más del doble que el régimen ordinario, y representando más del 30% de la capacidad de generación instalada, creando una inmensa burbuja que ha contribuido, en gran medida, a engordar el déficit de tarifa.
Estructura de costes e ingresos regulados en 2012
De hecho, el propio Ministerio de Industria admite que las primas renovables y la amortización de deuda son los principales responsables del aumento de los cotes regulados en los últimos años. Por eso, eléctricas y expertos llevan tiempo reclamando la necesidad de pinchar por completo esa burbuja, aligerando con ello la elevada carga que soporta el sistema.
Un gran lastre para la competitividad
Su efecto colateral es que este sustancial coste energético se traduce en pérdida de competitividad económica. La reducción de costes laborales ha permitido mejorar la productividad de la anquilosada economía española durante la crisis, pero la creciente factura de la luz amenaza con contrarrestar los avances logrados en esta materia.
Así, por ejemplo, la planta de Opel en Figueruelas advertía el pasado octubre que la subida del 9,2% en el coste de la energía que prevé para 2014 anulará los esfuerzos realizados por la empresa y sus trabajadores para recortar los costes laborales, con congelaciones salariales y descensos en las primas; 21 fábricas se han visto obligadas a parar máquinas en diciembre debido al encarecimiento de la luz; y la industria alerta que, de seguir así, está en riesgo el espectacular aumento de las exportaciones logrado en los últimos años.
En este sentido, el economista jefe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, advertía el pasado jueves en Madrid de que el aumento de los precios de la electricidad "daña la industria, el empleo y la recuperación". Durante la presentación del World Economic Outlook 2013, organizada por Enerclub, Birol distinguió entre regiones "ganadoras y perdedoras" en términos de competitividad como consecuencia de las actuales tendencias energéticas. Mientras Estados Unidos figura en el primer grupo, Europa -en especial, España- y Japón forman parte del segundo.
"El coste de la energía es más alto que otros costes en algunos sectores industriales", entre ellos la petroquímica o el acero, hasta el punto de alcanzar el 70% en algunos casos, afirmó Birol, antes de calificar de "crucial" este aspecto para la economía europea. "Europa tiene que tomar en consideración" este asunto, señaló. El directivo de la AIE realizó, además, un repaso acerca de los principales retos económicos globales. Al detenerse en Europa, aludió a las renovables y su compleja integración en los sistemas eléctricos y a la necesidad de que se hagan progresivamente más competitivas.
Por su parte, el presidente de E.ON España, Miguel Antoñanzas, advirtió de que el gas natural ya es tres veces más barato en Estados Unidos que en Europa, mientras que el precio de la electricidad es la mitad, y aludió a la necesidad de mejorar la eficiencia para reducir estas diferencias. Además, se mostró partidario de "una reforma de calado".