Fue una de las medidas de Solbes. A finales de 2008, el que fuera ministro de Economía con Zapatero anunció que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) iba a permitir a las empresas aplazar el pago del IRPF de sus trabajadores.
Hasta ese momento, la Ley General Tributaria permitía a las empresas posponer por norma general el pago del IVA y del Impuesto de Sociedades, pero no las retenciones de las nóminas de sus empleados. En la declaración del IRPF, las compañías actúan como meras intermediarias entre Hacienda y su plantilla, ya que esa retención no es un dinero que pertenezca a la empresa, sino al trabajador, que tendrá que tributar por él en la declaración de la renta del año siguiente.
Así, el artículo 82 de la Ley, que se refiere a las Garantías para el aplazamiento y fraccionamiento del pago de la deuda tributaria, establece como condición para prorrogar el pago al Fisco en el IRPF el siguiente supuesto:
Cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública.
Este requisito dejaba sólo en poder de las empresas de mayor tamaño el beneficio de poder posponer la retención del IRPF. Pero los estragos de la crisis llevaron al Gobierno socialista a pedir a las delegaciones territoriales de la Agencia Tributaria que hicieran la vista gorda con la ley para mitigar las dificultades de tesorería de las empresas. Entonces, en el año 2009, la única condición que se empezó a pedir a las empresas para aplazar el ingreso del IRPF fue que "tuvieran problemas de liquidez, pero que fueran viables", permitiendo a un gran número de negocios acogerse a esta posibilidad.
Hacienda se vuelve inflexible
Ahora, a pesar de que el grifo del crédito continúa congelado y de que las empresas españolas no han solucionado su falta de liquidez, Hacienda va a impedir a las empresas dicho aplazamiento. Según han confirmado fuentes de la AEAT a Libre Mercado, a partir del próximo 1 de enero, la Ley General Tributaria volverá a aplicarse estrictamente como antes.
Desde la Agencia Tributaria justifican esta medida asegurando que "se estaba haciendo un uso extensivo y sistemático de la norma". El Fisco cree que se estaba produciendo "un fraude, porque muchas empresas utilizaban el aplazamiento como una línea de crédito más barata para financiarse".
La Agencia Tributaria será tan estricta con las empresas que ha dado orden a sus las delegaciones territoriales para que "inadmitan" la prórroga que con carácter general presenten los empresarios.
Esta inadmisión supone que la deuda con Hacienda pasará a tramitarse por la vía ejecutiva, lo que conllevará que las empresas que osen solicitar el aplazamiento tendrán que pagar, además de la deuda, un recargo que irá del 5% al 10% de la cuantía. El azote del Fisco llega todavía más lejos, ya que cuando una compañía se disputa una deuda con Hacienda por la vía ejecutiva no puede pedir la prórroga del pago de otros impuestos como el IVA o el Impuesto de Sociedades.
Las mismas fuentes consultadas explican que la AEAT sí les está comunicando esta medida a todas las empresas que se ponen en contacto con ellos para informarse sobre el asunto y también a los despachos de abogados y de asesores fiscales. Aseguran que no ha habido ningún comunicado oficial para evitar que las empresas soliciten en masa los aplazamientos este mes.
La Agencia Tributaria no tiene publicados los datos del número de solicitudes de aplazamiento del IRPF de cada año, aunque sí los tiene del total de las deudas con Hacienda. Precisamente, a partir de 2009, el número de peticiones de moratoria de la deuda con Hacienda se ha disparado. Del siguiente gráfico de la propia AEAT se puede deducir que la eliminación de esta medida va a afectar a un número más que significativo de empresarios.
