La secretaria de Formación de UGT, Teresa Muñoz, ha dicho este lunes que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social les ha presentado un documento con las bases de un nuevo modelo de sistema de formación para trabajadores, que plantea desvincular a los sindicatos de la gestión de los fondos.
En un encuentro con periodistas, la secretaria de Formación de UGT ha confirmado que el borrador de Empleo cuenta con una propuesta concreta sobre el papel que deben tomar los interlocutores sociales sindicales en cuanto a los fondos de formación, desvinculándolos de su gestión "para no ser juez y parte", algo que "podemos compartir".
Ha apuntado que los principales sindicatos y la patronal se han reunido en dos ocasiones con el Ministerio de Empleo para "darle un giro" al actual modelo de formación, en vigor tras ser prorrogado el último pacto, alcanzado en 2010.
UGT está dispuesta a modificar el modelo de formación pero no a renunciar a su planificación y diseño, ya que fue promotora del sistema y quiere mejorarlo y adaptarlo "a las nuevas necesidades productivas".
El sindicato ha considerado que los centros públicos de formación profesional "deben tomar un papel importante y decisivo en el futuro modelo" impartiendo también los cursos de formación ya que están homologados y cuentan con aulas certificadas y buenos profesores.
"Si los interlocutores sociales tienen centros acreditados que pueden competir con centros públicos o privados, que entren en las mismas condiciones que el resto", ha añadido, indicando que UGT haría lo propio con su Instituto para la Formación y Estudios Sociales (IFES).
Además, ha apostado por una mayor transferencia de recursos entre centros de formación y el mercado laboral, poniendo en marcha así a nivel estatal la formación dual que ya se está realizando en algunas comunidades autónomas como Madrid o País Vasco.
Para que haya más transparencia, es necesario que exista "concurrencia competitiva" para impartir los cursos que se financien con las aportaciones a la Seguridad Social.
UGT ha apuntado que el documento que les planteó Empleo no contaba con propuestas concretas sobre las bonificaciones empresariales. A su juicio, habría que tomar "medidas para controlar más las bonificaciones empresariales" así como los permisos personales de formación de las que se benefician las empresas por la formación de sus trabajadores, ya que los controles son "diferentes" y los empresarios "cuentan con más autonomía".
Muñoz también ha indicado que es necesario que los objetivos de formación sean diseñados a nivel estatal, aunque luego sean las comunidades autónomas las que gestionen parte de los fondos. "El Estado debe pivotar el futuro modelo", ha dicho.
Otro de los puntos a regular en el nuevo modelo es el de las convocatorias, porque la formación del país "no se puede paralizar cinco meses porque no haya salido la convocatoria, no se haya presentado el plan, no haya habido conferencia sectorial...", ha señalado.
"Los cursos deben tener carácter permanente para que el trabajador se forme siempre que lo necesite y debe ser gratuita, tanto para ocupados como para desempleados, por solidaridad y porque ya han cotizado", ha apuntado.
Los fondos de formación profesional para el empleo provienen de la cuota de formación profesional (1.890 millones de euros) que pagan a la Seguridad Social principalmente los empresarios pero también los trabajadores, de la ayuda del Fondo Social Europeo (100 millones) y de la aportación de Administraciones Públicas (165 millones).
En total, son 2.155 millones de euros de los que, un tercio, es gestionado por las Comunidades Autónomas; otro tercio, es gestionado por el Estado; y, otro tercio, se destina a bonificaciones empresariales.
De la parte gestionada por el Estado (745 millones de euros), más del 75% (unos 560 millones) es destinado de nuevo a las empresas mediante bonificaciones en sus cuotas a la Seguridad Social, en tanto que las organizaciones empresariales perciben 51 millones; los centros de formación, 38,5 millones; y otras entidades y fundaciones, 26 millones.
Además, las organizaciones de autónomos se quedan con 11 millones de euros; mientras que las organizaciones sindicales reciben casi 50 millones (23,6 millones para CCOO, 24,7 millones para UGT y 2 millones para otros sindicatos).