Las compañías eléctricas consideran que la sentencia publicada este viernes por el Tribunal Supremo acerca de su obligación de financiar el déficit de tarifa no tiene ninguna implicación ni sobre el desajuste hasta 2012 ni sobre el de 2013, indicaron a Europa Press en fuentes de estas empresas.
En el caso del déficit generado hasta 2012, al que alude la sentencia, su importe había sido provisionalmente financiado por las eléctricas, pero en la actualidad ya se encuentra completamente titulizado en los mercados y entre entidades bancarias a través el Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica.
Este desajuste provisional era precisamente el motivo por el que las empresas empezaron a impugnar desde 2011 las liquidaciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), y lo han venido haciendo mes a mes hasta 2013.
No obstante, esta estrategia procesal no tiene relación con el nuevo desajuste de 3.600 millones para este año. De hecho, las primeras sentencias de la Audiencia Nacional en las que se rechazan las impugnaciones y se ratifica la obligación de que las eléctricas financien el déficit de tarifa tienen cerca de un año de antigüedad.
En el caso de 2013, las compañías esperan un desajuste algo superior al contemplado por el Gobierno, de unos 4.000 millones de euros. Aparte de la suspensión de partidas públicas, que conforman el desfase de 3.600 millones, las empresas esperan desviaciones relacionadas con el recorte a las renovables y con la evolución de la demanda. Un punto menos de demanda implica 150 millones más de déficit.
En todo caso, la obligación de que las compañías eléctricas financien el agujero eléctrico de 2013 aparece recogido en la nueva Ley del Sector Eléctrico (LSE), solo pendiente de ratificación la próxima semana por el Congreso, y las empresas no pueden recurrir una norma de este rango, como sí habían hecho anteriormente vía administrativa con las impugnaciones de las liquidaciones de la CNE.
Conocedoras antes y después de la sentencia de que deben financiar el déficit de 2013, las eléctricas están negociando con el Gobierno la fórmula que permita absorber este desjuste adicional sin generar un perjuicio a sus balances.