Eurovegas no se fía de España. Éste podría ser el resumen de unas negociaciones que este viernes han terminado definitivamente. La Comunidad de Madrid perderá una inversión de hasta 18.000 millones de euros, la mayor de una empresa privada en la historia de Europa. Y no se generarán las decenas de miles de puestos de trabajo de los que se hablaba. A cambio, aquéllos que temían las consecuencias de una enorme ciudad del juego estarán satisfechos. Los rascacielos, los hoteles, los campos de golf, los centros de convenciones... Todo queda en un proyecto, unas imágenes generadas por ordenador que nunca se harán realidad.
La versión del Gobierno y de la Comunidad de Madrid asegura que la empresa ha puesto encima de la mesa unas exigencias inaceptables. Al parecer, lo que ha acabado con el proyecto es la petición del equipo de Sheldon Adelson de que el Estado español asegurase su inversión ante cualquier cambio normativo. Las Vegas Sand (LVS) quería establecer una serie de indemnizaciones, muy elevadas, que les serían abonadas en el caso de que un futuro gobierno (central, autonómico o local) aprobase nuevas leyes que afectasen a la rentabilidad de la inversión.
A lo largo del día, la discusión en los medios de comunicación se ha centrado en si esas exigencias eran realmente imposibles de asumir o habría que haber hecho un esfuerzo. El Gobierno cree que era imposible blindar el ordenamiento jurídico español a décadas vista (o comprometerse al pago de indemnizaciones millonarias). Incluso, desde Bruselas se confirmó que lo que pedía Adelson podía ser contrario a la legislación comunitaria.
Sin embargo, quizás la cuestión sea otra. La pregunta es por qué LVS impone unas condiciones especiales que no ha exigido en otros de sus proyectos. ¿Qué tiene de especial España? ¿Por qué cuando la negociación parecía encaminada se ha llegado a este punto muerto? Hay muchas respuestas posibles y cada uno puede hacerse su composición de lugar. Pero todo apunta a que ha habido dos factores que han pesado muchísimo en la decisión final: las dudas sobre la seguridad jurídica de nuestro país y el miedo a los posibles futuros gobernantes (algunos de ellos habían amenazado directamente a la empresa).
La primera pregunta
Cuando cualquier empresario (Sheldon Adelson o un chaval de 25 con una idea novedosa) se plantea un nuevo proyecto, lo normal es que comience realizando un plan de negocio. El objetivo es hacerse un itinerario a varios años vista, con estimaciones de ingresos y gastos, para saber si tiene sentido lanzarse a la aventura. La primera pregunta debe ser: ¿cuál es la previsión de ganancias?, ¿qué riesgos hay asociados a esta empresa?, ¿merece la pena invertir todo este dinero?
Evidentemente, si LVS se planteó en su momento desarrollar una ciudad de ocio en terrenos de Alcorcón es porque le salían las cuentas, al menos en un escenario como el actual. Pero nadie sabe cómo será el futuro cercano. Y todo apunta a que aquí ha estado la clave de toda esta cuestión. Las posibilidades de que nuevas leyes acabaran con los beneficios esperados han hecho que Adelson se lo replanteara todo. Hay que tener en cuenta que el plazo de amortización de una inversión así es muy amplío. Seguramente el plan de negocio incluía previsiones a 20 ó 30 años vista, como mínimo. España, en su conjunto no ofrecía suficientes garantías. Por eso, decidió exigir un aval extra al Gobierno.
En realidad, no es tan extraño que LVS se haya hecho esta composición de lugar. En algunos de los aspectos más importantes de su negocio se ha cambiado la legislación en numerosas ocasiones en los últimos años. Y se anuncian nuevas sorpresas para el futuro próximo. Todo esto por no hablar de lo que podría ocurrir en un nada descartable Gobierno PSOE-IU tras las próximas elecciones:
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Tabaco: es de lo que más se ha hablado desde que comenzó a gestarse el proyecto. Probablemente no fuera tan importante, aunque de nuevo volvemos al plan de negocio. Con tabaco en los casinos quizás las previsiones de beneficios eran unas y sin tabaco eran un poquito más bajas. El Gobierno prometió cambiar la norma, pero siempre sin demasiada convicción. Y la oposición tomó la bandera de la salud para reivindicar su rechazo al proyecto. Rosa Díez incluso habló de "atentado a la soberanía nacional".
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Legislación laboral: en un proyecto turístico como éste, parece claro que la flexibilidad laboral es casi una exigencia. Eurovegas habría tenido picos de asistencia (por ejemplo, cuando coincidiesen 3-4 grandes convenciones) y otras temporadas más tranquilas. Lo normal es que la empresa busque una legislación que le permita adaptarse a las condiciones del mercado. Pues bien, la reforma laboral del Gobierno todavía no está cerrada. En lo que hace referencia a la dualidad, prácticamente no ha supuesto ningún avance. Y el PSOE ha prometido que la derogará en cuanto llegue a Moncloa.
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Impuestos: otra cuestión que está completamente abierta. En lo que hace referencia al Impuesto de Sociedades, por ejemplo, tanto el Gobierno como la oposición han hecho declaraciones sobre la necesidad de que las grandes empresas paguen más. Y la UE está preparando una normativa para impedir casos como el de Google, que tributa en Irlanda por todas sus filiales en el continente. No es el clima más favorable para las inversiones.
Y no sólo el IS. En el coste laboral de un trabajador se incluye el neto (lo que realmente cobra) y la parte de IRPF o cotizaciones correspondiente. LVS tendría que atraer talento a Eurovegas, desde ejecutivos especializados en turismo hasta cantantes de éxito para los espectáculos. Todos ellos pedirán cobrar cantidades elevadas, a las que habrá que sumar los impuestos sobre el trabajo. La última propuesta del POSE, por ejemplo, habla de gravar con mucha más intensidad a las rentas elevadas. ¿Cuánto dinero extra supondría para un negocio como éste? ¿Qué implicaciones tendría en su plan?
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Expropiaciones: dice el refrán que "cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar". Pues bien podrían haber pensado algo parecido en LVS viendo lo ocurrido con las expropiaciones en los últimos años. Por ejemplo, en el tema de las autopistas de peaje, varias de las concesionarias han quebrado porque los tribunales les han impuesto un precio desproporcionado a los terrenos sobre los que se han construido. Se han pagado terrenos rústicos a precio del centro de Madrid. ¿Qué seguridad tendría Adelson de que a él no le pasaría lo mismo?
Una oposición furibunda
Esta inseguridad jurídica resultaba aún más preocupante teniendo en cuenta las reacciones políticas que el el proyecto había generado, no sólo ámbitos marginales, sino incluso en partidos de gobierno como el PSOE.
Desde el primer momento Eurovegas se convirtió en un auténtica bestia negra para la izquierda española en general y madrileña en particular, así como para los sectores más retrógrados de la derecha. Todos los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid, PSOE, IU y UPyD, se han opuesto frontalmente al proyecto, algunos con una insólita virulencia, como el propio PSOE, cuya posición podría haber resultado clave en la posición de LVS de buscar protección frente a hipotéticos cambios legales en el futuro.
Uno de los aspectos más sorprendentes del asunto es que el líder del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, se había negado a conocer el proyecto cuando este saltó a la luz pública. Tal y como desveló Libertad Digital en su momento, el socialista se negó a mantener una reunión con los responsables del proyecto en España. Pese a este voluntario desconocimiento de lo que se quería llevar a cabo, Tomás Gómez no ha tenido el menor empacho en criticar el proyecto.
En ocasiones hablaba del "desorbitado" crecimiento de la prostitución que supondría Eurovegas. En otros momentos prefería atacar a Las Vegas Sands o a su presidente y máximo accionista, acusándolo de "financiar a la extrema derecha de EEUU". Y en no pocas ocasiones se ha lanzado a dar "noticias" que más tarde eran desmentidas incluso por la propia empresa americana.
Desde IU las críticas también resultaron feroces e incluso se llegó a superar el nivel de la crítica para alcanzar el de la amenaza: "Si depende de nosotros no existirá" llegó a decir el portavoz comunista en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, asegurando que "de contar con la suficiente influencia" impediría la puesta en marcha del proyecto. Ya de paso, el comunista acusaba al proyecto de que Alcorcón se iba a convertir "en un polo de atracción para el blanqueo de dinero, la droga y la prostitución".
La crítica saltó desde estos partidos a determinados colectivos creados ex profeso para la ocasión, así nació una asociación llamada Eurovegas No que llegó a convocar manifestaciones con un escasísimo éxito, eso sí. Incluso algunos artistas habitualmente más vinculados a la izquierda más radical –Juan Diego Botto y Rosa Regás entre ellos- se unieron a la lucha, e incluso llegaron a lanzar un vídeo sobre las siete plagas de Eurovegas que explicaba los problemas iba a traer el proyecto.
Curiosamente, la extrema izquierda coincidía en este asunto con algunos sectores de la jerarquía eclesiástica, que fueron también muy críticos con Eurovegas, como el obispo de Getafe, que se mostraba "muy preocupado" por la importancia del juego en el proyecto y llegaba a decir que "no se puede crear empleo a cualquier precio". Como se puede ver, todos los críticos con Eurovegas compartían, a pesar de llegar desde posiciones muy dispares e incluso contrapuestas, un rasgo en común: todos tienen un confortable y muy bien remunerado puesto de trabajo.