El anuncio de hace un año por parte del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la publicación de una lista negra de morosos y defraudadores no ha quedado en saco roto. Tal y como recoge el diario Expansión, el Gobierno última el Proyecto de Ley de Modificación Parcial de la Ley 58/2003 General Tributaria para incrementar los poderes de inspección de Hacienda, así como para romper la norma de confidencialidad de datos.
De esta manera, Hacienda se reservaría el derecho a la publicación de datos confidenciales en aquellas situaciones tributarias especialmente reprobables tanto cuantitativamente como socialmente, así como las conductas delictivas o esquivas tributarias con un claro fin defraudatorio. La Agencia Tributaria prevé fijar como cantidad mínima para denunciar de forma pública a un defraudador en torno a los 100.000 euros.
Para que una persona física o jurídica aparezca en la lista de defraudadores y morosos de Hacienda, deberá tener una sentencia firme, penal o administrativa. En el caso administrativo, para que el sancionado no vea publicado su nombre en la lista de defraudadores y morosos, tendrá la obligación de abonar la deuda y la multa en el plazo estimado, de lo contrario Hacienda tendrá vía libre para publicar su nombre.
En lo que respecta a la lista de morosos, Hacienda se centra sobre todo en aquellas sociedades que intentan ocultar bienes. Quienes no hayan sufragado la deuda tributaria de declaraciones o autoliquidaciones en el plazo voluntario se verán perjudicados por la nueva norma. Así también, todos aquellos que tengan deuda en fase embargo y haya sido dictada su responsabilidad por la Administración, verán aparecer su nombre en la lista de morosos -tanto el deudor principal como el deudor responsable-.
Hacienda, antes de la publicación de cualquier nombre, ofrecerá un ultimátum al perjudicado para solventar su deuda. En la lista se publicará, en el caso de que sea persona física, nombre, apellidos y NIF. Y en el caso de que sea una persona jurídica, razón o denominación social y NIF. Hacienda justifica tales medidas como "una nueva orientación en lucha contra el fraude a través del fomento de todo tipo de instrumentos preventivos y educativos que coadyuven al cumplimiento voluntario".