El director de Inspección de la Agencia Tributaria, Luis Jones, ha presentado su dimisión por discrepancias con el director del organismo, Santiago Menéndez, "en materias relacionadas con el personal de Inspección y específicamente en relación con nombramientos concretos y criterios para la reasignación de funcionarios", según indicaron a Europa Press en fuentes del organismo.
La dimisión de Jones, uno de los miembros de la alta dirección de la Agencia Tributaria, se produce apenas unas semanas después de que se conociera el cese de una inspectora de la Delegación de Grandes Contribuyentes y la dimisión de su jefe directo, Ignacio Ucelay, tras rechazar un recurso de reposición de la multinacional cementera Cemex contra una sanción tributaria multimillonaria.
Precisamente, el nombramiento del sustituto de Ucelay es lo que ha motivado la dimisión de Jones. En este sentido, otras fuentes indicaron a Europa Press que Jones remitió el martes a sus subdirectores y directores regionales de Inspección una carta en la que les exponía los motivos de su dimisión, relacionados con el retraso de la sustitución de este alto cargo y el hecho de que la cúpula de la Agencia Tributaria no hubiera tenido en cuenta su opinión para elegir al sustituto.
Sin embargo, no es el último escándalo en el que se ha visto involucrada Hacienda en los últimos meses, poniendo en serias dudas los principios de generalidad e igualdad ante la ley que deberían regir en la actuación de la Agencia Tributaria.
El caso Cemex
La dimisión de Jones, la última que acontece en el seno del organismo, está indirectamente relacionada con la inspección abierta a la cementera Cemex. El origen de la crisis abierta en el seno de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes fue el rechazo de una inspectora de la oficina técnica a un recurso de Cemex contra una sanción impuesta a la multinacional, lo cual le costó el cese fulminante, desencadenando tras él un creciente malestar dentro de la división, hasta el punto de que su superior, Ignacio de Ucelay, también renunció al cargo en un claro gesto de apoyo a su subordinada.
Aunque se desconocen los detalles que provocaron el cese de la funcionaria, entre el colectivo de inspectores se baraja una posible orden política a favor de la multinacional para tratar de reducir la multa impuesta, a lo que inspectora cesada se habría negado. En una reunión mantenida en el seno de la división para intentar aclarar la polémica, el jefe máximo de la Delegación de Grandes Contribuyentes, Ignacio Huidobro, acusó a la inspectora de desobediencia al no haber consultado con la Dirección antes de cerrar el expediente de Cemex.
Según los inspectores, el expediente abierto por la funcionaria estaba tan avanzado que era muy difícil justificar el cambio de criterio que solicitaba la Dirección. El incumplimiento de esta orden le habría costado el cargo a la inspectora y al responsable de la división por un motivo de pérdida de confianza, si bien los inpectores denuncian que se trata de un caso de injerencia política. Desde Hacienda, por el contrario, se afirma que se trata de una simple reestructuración de equipos, totalmente normal.
Por su parte, el secretario general de los Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, aseguró que existen indicios suficientes para pensar que algunos de los asesores que presentaron el recurso contra la inspección abierta a la cementera trabajaron con Montoro en su etapa como portavoz de Economía en el Congreso.
Las facturas de Nóos
Otra de las grandes controversias surgida en el seno de Hacienda tiene que ver con la situación fiscal de la infanta Cristina en el marco del caso Nóos. El último capítulo de la trama salió a a la luz el pasado lunes, cuando el diario El Mundo informó de que la Agencia Tributaria acababa de dar por buenas tres facturas falsas emitidas en 2007 por Diego Torres a Aizoon, sociedad familiar de los Urdangarin-Borbón, para librar a la Infanta del delito fiscal.
Lo más llamativo es que estos tres justificantes (por un importe total de 69.990 euros) los había considerado "ficticios" la propia Hacienda en un informe redactado en junio pasado. Y, en consecuencia, los rechazó como deducibles. Idéntico criterio al que sostuvo Anticorrupción en un escrito de noviembre de 2011. De no haber aceptado las facturas falsas en este último dictamen, firmado el 14 de noviembre, doña Cristina hubiera sido protagonista de un delito en el Impuesto de Sociedades al superar la cuota de 120.000 euros por ejercicio.
Hacienda concluyó en su último y definitivo informe del pasado 14 de noviembre que Aizoon, propiedad de la hija del Rey y de Iñaki Urdangarin, defraudó en cuatro años 281.000 euros, pero que en ningún caso el fraude alcanzaba la temida barrera de 120.000 euros por ejercicio, librándose así del presunto delito fiscal.
Los DNI de la familia real
Pero la mayor pieza dentro de Hacienda se cobró el pasado verano, a raíz del escándalo surgido en torno al DNI de la infanta Cristina. La directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, dimitió de su cargo después de que su departamento remitiera un informe al juez José Castro en el que se indicaba por error que la infanta había vendido hasta 13 inmuebles en 2005 y 2006, un extremo que la Casa Real negó con una contundencia poco habitual.
Hacienda reconoció, posteriormente, su error, pero sólo de forma parcial. En ninguna de las operaciones había participado la hija del Rey Juan Carlos. Sin embargo, la Agencia Tributaria responsabilizó a los notarios de once de los trece errores al inscribir el DNI número 00000014, que corresponde a la infanta, en la información que están obligados a remitir a Hacienda. La Agencia Tributaria sólo asumió dos fallos que se limitó a justificar por "un error en el proceso desarrollado por la Agencia Tributaria al incorporar estas operaciones en sus bases de datos".
Sin embargo, tanto la Fiscalía como el juez Castro mostraron su sorpresa por el hecho de que la Agencia Tributaria remitiera un informe sin contrastar. Además, al hilo de esta controversia, surgieron de inmediato informaciones que apuntaban a que determinados DNI, como el de la infanta y otros miembros de la Casa Real, estaban blindados a los ojos de Hacienda, de modo que nunca son objeto de inspección.