El PP ganó las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 gracias a la amplia mayoría absoluta otorgada por los españoles al hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Este miércoles se cumplen dos años de aquella histórica victoria.
Sin embargo, tras media legislatura cumplida, la labor del Ejecutivo en materia económica dista mucho de las promesas y del programa electoral con el que el PP concurrió a las citadas elecciones para superar la crisis. A continuación, se resumen las diez grandes promesas incumplidas por Rajoy en este ámbito.
1. "No subiremos impuestos"
Si un mensaje fue repetido hasta la saciedad por el PP antes de las elecciones generales fue su rechazo explícito a las subidas de impuestos aplicadas por Zapatero y propuestas por el nuevo candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
- Mariano Rajoy (29 de agosto de 2009): "Subir los impuestos hoy significa más paro y más recesión".
- Rajoy (marzo de 2010): "Hay una alternativa a subir los impuestos: la alternativa es gastar menos […] Es un disparate en tiempos de crisis subir los impuestos".
- Rajoy (abril de 2010): "¡No más IVA! [...] La subida del IVA es un sablazo de mal gobernante a los ciudadanos que ya están pagando muy duramente la crisis".
- Esteban González Pons (octubre 2011): "Si gana Rubalcaba, subirá la renta para todos los ahorradores; si gana Rubalcaba, subirán los impuestos indirectos para todos los consumidores; si gana Rubalcaba, seguirá habiendo Impuesto de Patrimonio para la clase media; si gana Rajoy, bajarán los impuestos para pymes y autónomos [...], bajará el Impuesto de Sociedades y no se ingresará el IVA hasta que no se cobre efectivamente. El PSOE quiere subir los impuestos para que todo siga como está, el PP quiere bajar los impuestos para que todo cambie".
- Cristóbal Montoro (noviembre de 2011): "Si subiéramos los impuestos, los grandes impuestos, el IVA o el IRPF, lo que nos traería es menos crecimiento y más paro".
Un mes después, el recién constituido Gobierno del PP aprobaba una histórica subida de impuestos, elevando el IRPF a niveles inéditos y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de forma temporal -hasta 2013-. Estas subidas se mantienen y, desde entonces, el PP ha elevado casi todas las figuras tributarias, incluyendo el Impuesto de Sociedades -eliminando deducciones-, el IVA y manteniendo Patrimonio. Un dato resume este gran incumplimiento: el Gobierno del PSOE elevó la presión fiscal en 20.000 millones en 2010 y 2011, mientras que el PP la ha disparado en 31.000 entre 2012 y 2014, el mayor aumento de la reciente historia democrática de España.
2. "Cumpliremos el objetivo de déficit"
El segundo gran eje de su discurso preelectoral era su firme defensa de la austeridad presupuestaria, entendida ésta como recortes de gasto público, no como subida de impuestos. Su compromiso era reducir el déficit al objetivo marcado por Bruselas. Cuando el PP llegó al poder, dicha meta estaba fijada en el 4,5% del PIB en 2012 y en cerca del 3% para 2013, pero su Gobierno presionó insistentemente a las autoridades comunitarias para suavizar y retrasar el imprescindible proceso de consolidación fiscal. Como resultado, el límite de déficit del 3% no se alcanzará hasta 2016, siempre y cuando se cumplan las previsiones.
Zapatero dejó el poder en 2011 con un déficit público de 100.508 millones de euros (9,56% del PIB), una deuda de 737.334 millones (70,5%) y un gasto público total de 478.533 millones (45,73%). Un año después, a cierre de 2012, el déficit con Rajoy se situaba en 109.572 millones (10,65%) y el gasto total ascendía a 491.579 millones de euros (47,77%). El PP lo achaca al coste del rescate bancario, pero el Gobierno insistió durante meses que la salvación de las cajas no costaría ni un euro al contribuyente y, por tanto, no se traduciría en déficit. Bruselas desmontó tal afirmación.
Mientras, la deuda pública avanza hacia el umbral del 100% el PIB. Durante la segunda legislatura de Zapatero, la deuda pública se duplicó, tras crecer a un ritmo medio de 256 millones diarios, pero en lo que va de legislatura popular avanza a un ritmo de 378 millones al día, casi un 50% más. Es cierto que ha habido recortes, pero estos consistieron, básicamente, en congelar y reducir la inversión pública. El Estado (Gobierno central) gastará en 2014 casi 63.000 millones más que en plena burbuja.
3. "Reduciremos el tamaño del sector público"
El PP también insistía en la necesidad de eliminar duplicidades, gastos superfluos y reducir el tamaño del sector público, mediante la eliminación de empresas, entes y fundaciones inútiles, para no recortar los servicios básicos del denominado Estado del Bienestar.
Sin embargo, la administración paralela de las CCAA se ha mantenido casi intacta durante la crisis, con un total de 2.114 entes a enero de 2013 frente a los 2.182 existentes a principios de 2007. A esto se suma una reforma integral del sector público (CORA) que avanza de forma lenta y que depende de la voluntad de los gobiernos regionales y un plan de privatización de activos públicos que brilla por su ausencia.
4. "Intervención de CCAA incumplidoras"
Otro de los planes estrella del PP fue la Ley de Estabilidad Presupuestaria, concebida para controlar las cuentas de las CCAA bajo amenaza de sanciones e incluso la posible intervención de la autonomía. Pese a ello, muchas regiones han seguido incumpliendo los objetivos de déficit marcados, sin que ello haya supuesto castigo alguno, tal y como lamenta Bruselas.
De hecho, las CCAA más incumplidoras han sido recompensadas mediante la aplicación de objetivos de déficit diferenciados en 2013 y un ingente rescate financiero para amortizar sus abultadas deudas y facturas con proveedores, cuya cuantía total asciende a 78.000 millones en 2012 y 2013. Asimismo, el gasto autonómico se ha disparado un 20% en plena crisis y su deuda se ha triplicado.
5. "Si hay que inyectar dinero a las cajas, se recuperará"
Mariano Rajoy se presentó ante los españoles sabiendo que el sistema financiero sería uno de los grandes dolores de cabeza de sus primeros meses en Moncloa. En su programa electoral, el PP habla de "culminar el saneamiento y la reestructuración del sistema financiero".
Una frase tan genérica podía significar cualquier cosa. Pero desde Génova siempre se insistía en que el rescate a las cajas de ahorros no le costaría un euro al contribuyente. Por ejemplo, en una entrevista a finales de octubre de 2011 para El Periódico de Cataluña, Rajoy aseguraba que "si hay que inyectar dinero público [a la banca], habrá que volver a hacerlo, para luego recuperarlo. Lo peor es no hacer nada. Hay que usar los mínimos recursos públicos posibles, que sean préstamos y se devuelvan".
Dos años después, el panorama es muy diferente. Durante el Gobierno del PP, ha habido que rescatar Banco de Valencia, Bankia, Catalunya Banc y NovaCaixaGalicia. En total, desde el comienzo del proceso, se han inyectado casi 54.000 millones, de los que 41.300 llegaron a través del rescate pactado con la UE. La mayor parte del dinero se ha puesto en los últimos dos años.
Ahora queda la segunda parte. Hay que vender las entidades nacionalizadas y recuperar parte de la inversión. ¿Cuánto se logrará? Pues depende de lo que el mercado valore los nuevos bancos. Se habla de que NCG Banco se colocará antes de fin de año. Se estima que su valor actual es de unos 2.300 millones frente a los 5.000 millones invertidos. En el caso de Catalunya Banc no tiene comprador ni se le espera. Y se han metido 9.000 millones. En Bankia no hay urgencias. Se han metido 23.000 millones y la idea es esperar uno años antes de sacar la entidad al mercado.
Hasta que no se sustancien las operaciones, no se sabrá cuánto pierde el Estado, pero nadie duda de que habrá coste para el contribuyente por el desastre de las cajas. Probablemente era inevitable. Pero Rajoy repitió (antes y después de llegar a Moncloa) que no habría factura para el erario público. Ni se ha hecho en forma de préstamo ni es realista esperar a conseguir a medio plazo los 54.000 millones invertidos.
6. "Simplificaremos la tipología de contratos laborales"
En el mercado laboral, Rajoy cumplió parte de sus promesas con la reforma que aprobó en febrero de 2012. Se flexibilizaba la negociación colectiva y los ajustes dentro de las empresas. Ya no es necesario acudir al despido como primera alternativa. Y eso se está notando en el número de despidos. A pesar del desplome en la actividad económica, el ritmo de caída del paro se ha suavizado.
Pero hay una cuestión muy importante en la que no se ha entrado. El programa electoral del PP era claro en este aspecto: "Simplificaremos la tipología de contratos laborales para reducir la temporalidad". No se habla de contrato único, aunque algún miembro del Gobierno llegó a defender una solución de este tipo en algún momento; pero sí de "simplificar". Y no se ha hecho nada en este aspecto. Es más, incluso se han creado nuevas modalidades. Empleo parece paralizado por el miedo a que se diga que quita derechos a los trabajadores o que elimina posibilidades de contratación.
Hace un par de meses, Fátima Báñez hizo un anuncio sobre "reducción" de tipologías, que durante unas horas hizo que se generasen expectativas de que podría haber novedades en este sentido. Al final, todo quedó en una mera reorganización de formularios. Un cambio puramente administrativo, sin entrar en el fondo de la cuestión. Se supone que habrá novedades en la nueva reforma que se anuncia para el comienzos del año que viene. Pero por ahora, éste sigue siendo una deuda pendiente.
7. "Mi prioridad: las pensiones"
Unos días antes de la cita con las urnas, Mariano Rajoy concedía una entrevista a El País en la que aseguraba que su "prioridad" eran "las pensiones". Y añadía: "A partir de ahí, habrá que recortar en todo". Tras el tijeratazo de Rodríguez Zapatero en mayo de 2010, el PP centró todas sus críticas en el recorte de las pagas para los más mayores. Era una línea roja que aseguraban que no traspasarían.
Pero como en muchas otras cuestiones, Rajoy se ha tenido que desdecir. Lo ha hecho a su manera. Es cierto que no las ha congelado, en el sentido de que subieron. Lo que hizo es cambiar el criterio, para no actualizarlas conforme al IPC de noviembre. Por lo tanto, los pensionistas perdieron poder adquisitivo, incluso aunque se anunció una subida del 1% para 2013. Y en la nueva reforma se ha aprobado un sistema que marcha en la misma dirección: subidas nominales pero pérdidas en la capacidad de compra.
En esta cuestión, probablemente Rajoy tenía muy poco margen. Un 25% del gasto público en España se va en el pago de las pensiones. Cualquier ajuste presupuestario de cierta entidad exige meter la tijera en este tema. El problema es que el PP se negó siempre a aceptarlo, criticó con mucha dureza a Zapatero cuando lo hizo; repitió una y otra vez que no lo haría; y cuando al final no tuvo más remedio que enfrentarse a la realidad, lo intentó camuflar mezclando subidas nominales y ocultando la pérdida de poder adquisitivo.
8. "La política energética debe buscar el equilibrio"
José Luis Rodríguez Zapatero fue el presidente verde. Durante su mandato se produjo el gran impulso de las primas a las renovables, que han disparado el déficit de tarifa y la factura de la luz. En su discurso de investidura, Mariano Rajoy enfrentó el problema y aseguró que "Es evidente que no se puede aplicar una subida de tarifas que recaiga íntegramente sobre los consumidores y que siga castigando la competitividad de la economía española, por las malas decisiones regulatorias".
Su receta era buscar un "equilibrio" entre las diversos actores implicados que redujera el coste a medio plazo y detuviese la generación del déficit tarifario, una factura que, antes o después, habrá que pagar. En esta cuestión, lo máximo que se puede decir es que ha cumplido sólo en parte. El déficit siguió creciendo en 2012. Los cambios legislativos se sucedieron durante más de un año sin llegar a una solución definitiva. Y al final, el tajo a las renovables no fue tal. La reforma del sistema eléctrico aprobada en julio no acaba con ninguno de los problemas, aunque sí suaviza algunos de sus peores efectos. Sin embargo, en lo que tiene que ver con las renovables, no se ha encontrado una solución definitiva. Las primas seguirán ahí (hasta 10.000 millones al año se calcula) y se seguirán abriendo plantas innecesarias en un sistema sobrecapacitado.
9. "Garantía de la unidad de mercado"
El programa electoral del PP asegura que se acometerá una "reducción de la carga regulatoria" que será la "garantía de la unidad de mercado nacional". En esta cuestión, como en otras, no es que Rajoy haya faltado a su promesa en el sentido de que no haya hecho nada, sino más bien en que se ha quedado muchísimo más lejos de lo que todo el mundo tenía previsto. La Ley de Unidad de Mercado está viviendo sus últimos pasos parlamentarios y supondrá un avance respecto a lo aprobado anteriormente.
El problema es que no ataja todos los problemas a los que se enfrentan las empresas por la dispersión normativa autonómica y local. El propio Gobierno anunció hace unas semanas el Plan de Racionalización Normativa, para intentar unificar las más de 2.700 normas que dañan la unidad de mercado. Pero que se hayan detectado no quiere decir que se hayan eliminado. Ni que todas las leyes que perjudiquen el libre tránsito de bienes y servicios vayan a derogarse. Las normas tienen excepciones y conociendo lo celosas que son todas las regiones de sus competencias, lo normal es que intenten ignorar las nuevas leyes que puedan aprobarse a este respecto.
10. "Más libertad económica"
El PP prometió mayor flexibilidad regulatoria para impulsar el crecimiento y la creación de empleo, eliminando trabas burocráticas, reforzando la seguridad jurídica y apostando por mayor libertad económica. Pero, una vez más, los datos muestran que, durante el mandato de Rajoy, España ha descendido al puesto 52 del mundo en cuanto a libertad económica, a la altura de Túnez, Kazajstán y Eslovaquia.