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El Gobierno le presta a la Junta 632 millones para pagar a proveedores

La Junta podrá pagar parte de las innumerables facturas que debe a los proveedores cuyo impago aumentan el paro y la zozobra en miles de familias.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado la realización de operaciones de endeudamiento, por un importe máximo de 632,32 millones de euros, para financiar el mecanismo extraordinario de pago de facturas pendientes a proveedores, acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera -CPFF- celebrado en marzo de 2012.

Dice la Junta de Andalucía que es un "préstamo" del Gobierno central que hay que devolver con intereses, pero lo cierto es que el sistema de pago a proveedores permitirá a partir de este miércoles a la Junta saldar deudas y consiste en la entrega de 632 millones de euros. Mientras, IU, el socio de gobierno, según el PP, hace demagogia con medidas "que suenan muy bien pero repercuten a muy pocas personas".

Con el dinero del gobierno de Rajoy, la Junta podrá pagar parte de las innumerables facturas pendientes que debe a los proveedores cuyo impago aumentan el paro y la zozobra en miles de familias andaluzas por los ajustes que provocan. En su conjunto el plan de pago a proveedores ascenderá a casi 5.000 millones de euros.

ABC destaca que es precisamente gracias al gobierno Rajoy que Andalucía puede pagar algo a sus proveedores porque la Junta no puede acceder a los mercados financieros clásicos sencillamente porque no les prestan. Con estos 632 millones se cubrirá el primero de los dos tramos en que se articula la tercera fase del plan de pago, destinada específicamente a hacer frente a las obligaciones de pago de la Administración en los conciertos sanitarios, educativos y de servicios sociales; las subvenciones para investigación y las transferencias de recursos a las entidades locales y las universidades.

Se incluyen en esta nueva fase las obligaciones vencidas, líquidas y exigibles con anterioridad al 31 de mayo de 2013 y, por primera vez, las adquiridas por las universidades públicas andaluzas y las transferencias a entidades locales.

Según informa la propia Junta de Andalucía, como en las fases anteriores, las operaciones de endeudamiento aprobadas son préstamos bancarios gestionados por el Instituto de Crédito Oficial a un tipo de interés fijo, aún por concretar.

En el primer tramo de esta nueva fase se liquidarán nada menos que 70.174 facturas pertenecientes a 22.267 proveedores. De ellas, el 59,9% corresponde al ámbito sanitario, el 6,6% a educación, el 6,3% a servicios sociales, y el 27,2% a diversas materias. En el segundo tramo, todavía con datos provisionales, Andalucía dispondrá de 1.647,8 millones para atender el pago de facturas.

Algunos ayuntamientos, como los de Córdoba, Cádiz o Málaga, y las diputaciones de Almería, Córdoba y Málaga, curiosamente todos ellos gobernados por el PP, han optado por no acogerse al plan de pago a proveedores, por lo que tendrán que ponerse al día por otros procedimientos.

En su conjunto, el plan de pago a proveedores permitirá a la Junta de Andalucía recibir un volumen total de 4.975,8 millones de euros en sus tres fases, menos que Valencia -7.596,6 millones de euros- y que Cataluña -6.452,9 millones-. La Junta, que se queja por recibir menos que regiones con población inferior, tendrá que devolver el préstamo con unos intereses que se calculan provisionalmente en unos 1.400 millones.

La Junta además autorizó el martes una generación de créditos por valor de 143 millones de euros para afrontar el pago a entidades locales, centros residenciales y de día, de 20.655 facturas y liquidaciones pendientes relacionadas con la atención a personas en situación de dependencia, presentadas hasta el 31 de octubre de este año.

De acuerdo con esta medida, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía liquidará 19.095 facturas por prestaciones económicas, 577 de atención residencial, 213 del servicio de ayuda a domicilio, 70 de refuerzo de la dependencia, 215 relacionadas con la atención en plazas de estancia diurna y respiro familiar, y 485 de acreedores de servicios sociales.

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