Según publica el diario Expansión el juez Elpidio José Silva ha decidido por fin explicar alguno de los motivos que, según él, le empujaron a decretar la prisión provisional para el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Unas explicaciones que decidió no recoger en el auto que firmó para decretar la prisión provisional contra el exbanquero.
Tal y como recoge este diario, el juez ha decidido enviar un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que arremete contra Blesa y habla del presunto contenido de algunos correos electrónicos que, según dice, le empujaron a encerrar a Blesa en prisión de manera preventiva.
Citando fuentes jurídicas, el económico de Unidad Editorial dice que Silva hace referencia a diferentes tramas, entre ellas la Gürtel. Acusa al banquero de escribir correos sobre el pago de facturas de la trama de Correa. También ve evidencias de intentos del banquero de defraudar y lucrarse. Cree que Blesa no respetaba el marco legal de la caja y tomaba decisiones con falta de documentación. También le acusa de involucrarse en actividades extravagantes y extorsiones e, incluso, llega a hablar de presuntos contenidos de presuntos correos electrónicos en los que Blesa se escribía con Aznar y Alejandro Agag haciendo referencia a fabricantes de armas.
También dice Elpidio que Blesa compró lealtades y apoyos políticos a través de Caja Madrid y otros presuntos correos en los que exdirectivos de la Caja reconocerían haber hecho trampas en correos. Dice además que la caja daba créditos sabiendo que no se devolverían y que la compra de City National fue irreflexiva y precipitada. Es decir, que no da ni una sola prueba sobre la causa que se le imputa a Miguel Blesa, que es precisamente la compra fraudulenta o irregular del City National.
El mismo Expansión recoge también que, además del recurso, los abogados de Silva han presentado un escrito solicitando que en el TSJ declaren 16 testigos, entre ellos, los jueces de la Audiencia, Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez; los peritos de KPMG; inspectores de la Guardia Civil; jueces y secretarios judiciales de Plaza Castilla; exdirectivos de Caja Madrid y los responsables del sindicato Manos Limpias. También quieren que acuda el propio magistrado cuya declaración se ha cancelado en tres ocasiones.
En cualquier caso, ante todo este despliegue por parte de la defensa del juez, que lleva cuatro meses suspendido de empleo y sueldo (suspensión que termina en enero), el CGPJ ha castigado a Elpidio con una multa de 1.000 euros por revelación de secretos. En concreto, lo castigan por afirmar en una entrevista con eldiario.es que "a mí me ha manifestado un perito de KPMG que ha recibido amenazas por la práctica de su prueba pericial".