El cierre de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) por parte del Gobierno regional de Alberto Fabra (PP) ha levantado una intensa polémica acerca de la gestión de dicha entidad pública y su posible viabilidad. Los socialistas valencianos recurrirán esta decisión ante el Tribunal Constitucional (TC) e insisten en culpar al PP del abultado agujero que presenta el grupo, hasta el punto de prometer su reapertura en caso de gobernar la Comunidad Valenciana. El argumento del PSOE es simple: el fiasco de Canal 9 se debe a la deficiente dirección llevada a cabo por el PP desde 1995, caracterizada por el despilfarro de recursos y la politización de contenidos.
Sin embargo, los datos oficiales de RTVV muetran que la entidad nunca ha sido rentable, ni con el PP ni con el PSOE, ya que siempre ha precisado inyecciones extraordinarias en forma de subvenciones públicas para poder mantenerse en pie, suponiendo así una carga al conjunto de los contribuyentes valencianos. Aunque las informaciones surgidas en los últimos días se han centrado en el hecho de que RTVV recibió una inyección pública de 68 millones de euros en 2013, su coste total para las arcas regionales está a años luz de dicho importe.
El grupo nace como tal en 1984, bajo un Gobierno del PSOE, y en su dilatada historia (casi 30 años) cabe distinguir dos períodos en cuanto a sus fuentes de financiación. Una primera etapa, hasta el año 2000, en donde las pérdidas recurrentes de la entidad se sufragaban mediante constantes ampliaciones de capital por parte de la Generalidad; y una segunda fase, a partir de ese ejercicio, en donde el creciente agujero patrimonial de RTVV se cubría mediante continuados créditos bancarios avalados por la propia Generalidad. Pero el denominador común desde su creación ha sido la necesidad de dinero público. Es decir, su actividad nunca ha generado el volumen de negocio preciso (publicidad) para cubrir todos sus gastos.
Según los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas valenciano sobre RTVV, que datan de 1988, mantener la radiotelevisión autonómica ha supuesto una factura total próxima a 3.100 millones de euros a los contribuyentes de la comunidad, lo que supone una media de 119 millones de euros al año. Y ello, contabilizando tan sólo las subvenciones corrientes, destinadas a sufragar el funcionamiento ordinario del grupo, sin incluir, por tanto, las numerosas inversiones (instalaciones, equipos, etc.) acometidos por la Generalidad durante este período.
Dese 1988 hasta el año 2000, el volumen de ayudas rondó los 40 millones de euros al año de media, y aún así la entidad registró pérdidas que, finalmente, tuvieron que ser asumidas directamente por la Generalidad en forma de deuda (algo más de 197 millones). Mientras, durante la pasada década, la inyección de dinero público creció de forma progresiva hasta superar ampliamente los 100 millones de euros al año desde 2009 hasta 2012. Sus abultados números rojos y las graves dificultades financieras que ha atravesado la Generalidad durante la crisis provocaron que el pasado año el Gobierno del PP optara por reestructurar en profundidad el grupo para tratar de garantizar su viabilidad.
A mediados de 2012 se aprobó un ERE -tumbado por la Justicia valenciana, y causa última del cierre- para reducir costes, al tiempo que la Generalidad asumía, una vez más, la deuda acumulada desde el año 2000 (otros 1.500 millones extra). De este modo, RTVV renacía bajo el nombre de Nou, sin déficit ni deuda y con el objetivo de empezar a generar beneficios. Pese a ello, recibió otros 68 millones de euros en forma subvenciones corrientes en 2013.
En total, desde 1988, el volumen de subvenciones corrientes asciende a 1.370 millones de euros, cantidad que, pese a ello, ha sido insuficiente para cubrir todos los gastos, de modo que la Generalidad ha tenido que asumir como propia una deuda de 1.722 millones durante este período. ¿Resultado? Los contribuyentes valencianos han abonado a RTVV 3.092 millones de euros en los últimos 26 años, excluyendo en todo caso las inversiones públicas de la Generalidad.
En su último ejercicio fiscalizado, correspondiente a 2011, el Tribunal de Cuentas regional advertía, al igual que en años previos, el grave desequilibrio patrimonial que sufría el grupo: el importe destinado a aprovisionamientos (producción, compra de derechos, doblajes, etc.) se situaba en 60,4 millones de euros y el pago de sueldos ascendía a 73,9 millones, mientras que la cifra de negocios (ingreso por publicidad) apenas rondaba los 17,4 millones.
Es decir, el ingente agujero de Canal 9 era estructural, ya que su supervivencia dependía exclusivamente del dinero público. Se trataba, por tanto, de un ente completamente inviable desde el punto de vista económico y claramente sobredimensionado. Por poner un ejemplo, en 2011, su plantilla era de 1.770 trabajadores, de los que 112 eran cargos directivos. Y ello, para una audiencia media de apenas el 6,7% en la comunidad, unos 154.000 espectadores.
Ya en 2007, en plena burbuja inmobiliaria, antes de que estallara la crisis, el Tribunal de Cuentas advertía de que "mientras no se adopten las medidas pertinentes que permitan una estructura de gastos más ajustada al nivel de ingresos reales y el Grupo RTVV no genere excedentes económicos que permitan su autofinanciación, el proceso de descapitalización continuado exigirá crecientes aportaciones financieras de la Generalidad y de capitales ajenos para la continuidad de su actividad".
Todas las televisiones públicas están politizadas
En cuanto a las denuncias de politización de Canal 9, la periodista Anna Grau desvelaba el pasado viernes en una columna de opinión que dicha práctica es algo habitual en los medios de comunicación dependientes del poder público. Así, por ejemplo, aclara que "si me retrotraigo a mis tiempos de reportera política en el diario Avui también tengo la tira que contar. Cómo no existía España, sino el Estado español -hubo quien escribió con desparpajo sobre los ríos del Estado español- mientras la palabra país se reservaba exclusivamente para Cataluña. Cómo la crisis de CDC en los 90 simplemente no la dimos, y una bronca monumental entre Miquel Roca y Jordi Pujol ante la plana mayor del partido llegó a titularse con no poco aplomo: La totalidad de la ejecutiva se pronuncia a favor del retorno de Miquel Roca a la Secretaría general. Sin mencionar que le empujaban a volver a hostias, claro".
En cuanto a la televisión pública catalana, la periodista aclara que "sólo hacía falta ir a una tertulia en TV3 para incurrir en un curso acelerado de antropología. Te llamaban para cantarte los temas. Primer tema: España nos roba. Segundo tema: La independencia, más cerca que nunca. Tercero: El catalán, lengua perseguida. Esto último era lo más gracioso porque, según llegabas a los estudios de TV3 todo el mundo, recepcionista, maquilladora, personal de vestuario, etc, te hablaba en un risueño castellano esquitxat de catalanismos. Había que llegar al plató para entrar en la anhelada burbuja monolingüe, para flotar con escafandra en una Cataluña sin mezcla, un poco como Sandra Bullock en Gravity".
Grau concluye su artículo con la siguiente frase:
Ya vale de vender la burra de que los de enfrente están todos asquerosamente politizados y los míos son todos independientes. ¿Y los Reyes Magos no son los padres, sino Ernesto Sáenz de Buruaga y Ana Pastor?